Los mapuches explicaron que la toma de predios concertada constituye una dura respuesta a situaciones como la declaración de los "testigos sin rostro" y la negativa a la libertad de su vocero Víctor Ancalaf. El gobierno, por su parte, declaró que sigue existiendo disposición al diálogo pero que no acepta la violencia como instrumento de la acción política.
Tras una de las acciones mapuches más coordinadas de los últimos doce meses -la "toma» de 10 fundos en la Novena y Décima regiones- el Consejo de Todas las Tierras explicó que sólo se trata de la respuesta de las comunidades a una permanente ofensiva del gobierno y a la postergación de sus demandas.
La incursión fue calificada como "un éxito" por parte de la organización que reúne a las comunidades que están en el denominado proceso de «recuperación» de terrenos.
El Consejo de Todas las Tierras informó que la toma afectó a 26 fundos, mientras que la subsecretaría del Ministerio de Planificación constató que en realidad se trató sólo de 10 predios, que posteriormente se desalojaron en forma voluntaria, entre ellos, el fundo de 144 hectáreas del empresario Fernando Léniz, ubicado en la provincia de Valdivia.
Entre las comunidades que participaron en las tomas figuran la Manuel Lefinao y Lail Loncoñanco, Inahuincul, Pedro Quintoman y Manquehual Collihuel, y comunidades huilliches como Cayumapu.
Según la organización, la protesta responde a un llamado al gobierno a que se defina ante sus históricas peticiones territoriales, además de constituir una reacción ante hechos que han copado la agenda. Entre estos hechos, los mapuches cuentan la negativa de la Corte de Apelaciones de Concepción a darle la libertad al vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, Víctor Ancalaf, considerado uno de los líderes históricos de la etnia, y que se encuentra procesado por infracción a la Ley Antiterrorista luego de la quema de camiones en el Alto Biobío.
Otro de los hechos que determinó la ocupación masiva de terrenos fue la declaración de los «testigos sin rostro», pues "si bien no se procesó a miembros de la comunidad mapuche, sienta un precedente que se debe revisar", explicó el werkén del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán.
Aseguró que las tomas constituyen un hecho "pacífico, sin tala de bosques ni actos violentos. Nuestra intención es que en un escenario en que el gobierno no escucha el petitorio indígena, nos hagamos notar para que se nos mire a nivel nacional e internacional como un pueblo que sigue exigiendo sus postergados derechos".
Dijo además que ésta es una manifestación "simbólica" que sólo pretende que las autoridades formen una mesa de trabajo entre la Corporación Nacional de la Madera (Corma), partidos políticos y representantes del Ministerio de Planificación, para avanzar en temas como la oposición al Convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo o falta de compromiso en la redacción del proyecto de declaración de Derechos indígenas, de la Organización de Estados Americanos.
Estas pretensiones fueron consignadas en una carta dirigida al presidente Ricardo Lagos en la que -además- se acusa a las empresas forestales de no asumir las demandas de tierras en las Octava, Novena y Décima regiones.
La vocera de la comunidad Belisario Melineo, Lidia Calcicún, quien ocupó el fundo Chauquén -propiedad de Léniz-, aseguró a El Mostrador.cl que si no media un pronto diálogo con el gobierno y se "de soluciones concretas a las peticiones», «acciones como éstas se continuarán desarrollando".
Gobierno: "Sólo habrá diálogo sin acciones de fuerza"
Aunque en el gobierno admiten que hechos como el de ayer no se producían hace más de un año, van a seguir adelante en la posición planteada por el subsecretario de Mideplan, Jaime Andrade: las reivindicaciones de los indígenas sólo son posibles de conseguir a través del diálogo que posibilita los acuerdos y las demandas de tierras se deben canalizar a través del Fondo de Tierras.
Andrade -que ayer se encontraba en el Senado a raíz del debate por el reconocimiento de los pueblos originarios en el marco de las reformas constitucionales, en que se rechazó la indicación del gobierno, por 21 votos contra 19, de inclusión de la palabra pueblo en vez de etnia- reconoció que las tomas realizadas tuvieron un carácter "pacífico y simbólico", pero que no contribuyen a avanzar en el logro de las aspiraciones indígenas.
En todo caso, explicó a El Mostrador.cl que ya solicitó a los organismos correspondientes que »revisen» las demandas formuladas por las comunidades que se tomaron los fundos con el fin analizar el tema, pero insistió que no aceptará el uso de la violencia para la reivindicación de tierras, porque para eso el gobierno ha implementado mecanismos que dan respuesta a las necesidades de las comunidades indígenas, como es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y el Fondo de Tierras.
Por otra parte, fue enfático en señalar que el proceso de recuperación de tierras por parte de los indígenas es »gradual», pues no se puede dar solución a todas las demandas de las comunidades simultáneamente y recordó que los gobiernos de la Concertación han entregado 260 mil hectáreas a diferentes comunidades mapuches, de las cuales 160 mil corresponden a la actual administración, lo que revela "voluntad" de las autoridades por solucionar sus problemas.
En este sentido, insistió que aunque reconoce que las recientes ocupaciones han sido pacíficas y que a través de ellas se busca llamar la atención sobre determinados problemas, el gobierno no aceptará que se intente lograr determinados objetivos con métodos violentos y subrayó que siempre serán privilegiadas las comunidades que opten por el diálogo.
Asimismo, precisó que en adelante el gobierno enfocará su quehacer en esta área a hacer »sustentables» las tierras que se le entreguen a los indígenas.
