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DC y salida legislativa a caso de sobresueldos: en pedir no hay engaño

Además, piden al Presidente Lagos que haga un «mea culpa» y a la Corte Suprema que uniformen el criterio de los jueces respecto de esta situación que «obviamente debería ir con la lógica que la persona que actuó de buena fé y es un mero eslabon de la cadena no debe ser procesado».


Al igual que ayer, la sala de lectura del Senado fue el escenario elegido para continuar el debate público respecto de la propuesta impulsada pro el senador socialista y amigo del Presidente Ricardo Lagos, Carlos Ominami, respecto de buscar una salida legislativa al caso de los sobresueldos.



A eso de las 10:30 de la mañana, el jefe de la bancada de senadores DC, Jorge Lavandero, junto al secretario nacional de la colectividad, Jaime Mulet, dieron a conocer una dura e inédita declaración, en la que se exige que «si las resoluciones de los tribunales fueran equívocas y no distingan entre simples errores administrativos realizados de buena fe de las conductas meramente delictivas ejecutadas con dolo y malicia, la sala de senadores hace suyo el plateamiento del presidente de la colectividad para apoyar una legislación con ese propósito siempre y cuando las autoridades del gobierno planteen e informen qué razones dieron origen a esta situación y nos propongan una forma transparente para resolverla».



«Mientras no se conozca la explicación aludida que los senadores estimamos impresindible y dada la gravedad de los hehos, creemos que deberan esperarse las sentencias definitvas de los tribunales de justicia», afirmó Lavandero.



De esta forma, la DC condiciona la salida legislativa del caso sobresueldos a un mea público de parte del gobierno, donde explique los hechos, cómo ocurrieron y les solicite al Parlamento una solución, mediante una fórmula que separe a los que cometieron delito de los que recibieron el sobresueldo sin conocer su procedencia.



«No estamos dispuestos a dar una amnistía a fardos cerrados, los culpables tienen que ser castigados», aseveró el senador.



Asimismo, sostuvieron que la opinión pública sabe que hay personas inocentes que recibieron sobresueldos sin conocer su procedencia, los que son un gran número de la administraicón pública y que no se puede paralizar la obra del ministerio de Obras Públicas.



Consultados sobre por qué el gobierno debe darles explicaciones teniendo en cuenta que la DC es un partido de gobierno y debido a que muchso de esos contratos fueron firmados durante le perído del ex Presidente Eduardo Frei, hoy miembro de la bancada, Jaime Mulet dijo que esto es un problema de la administración, no del poder legislativo.



A esto, Lavandero agregó que si alguien quiere extender esto al Presidente Frei, que lo haga, pero que el ex mandatario tiene claridad y transparencia en estos hechos. «No se pretenda extender esta culpabilidad hasta el ex Presidente Frei y él pude dar explicaciones que lo desvinculan totalmente de este problema».



Condicionamiento a Tribunales



En cuanto al condicionamiento a los tribunales, Mulet afirmó que en la declaración «se señala que si en definitiva las resoluiciones de los tribunales de justicia fueran equíovocas, o sea, si no son equíovicas no es necesario hacer ninguna situación extraordinaria».



Asimismo explicó las resolcuiones son equivocadas cuando no son constantes o parejas y recordó que respecto a los sobresueldos, tres jueces han tomados distintas medidas: el juez Alejandro Rivera sometió a proceso, la ministra Gloria Ana Chevesic no ha encauzado a nadie y el ministro Carlos Aranguiz sobreseyó al ex subsecretario de transportes, Patricio tombolini.



Por ello, sostuvo que son los tribunales superiores los que podrán uniformar el criterio que «obviamente debería ir con la lógica que la persona que actuó de buena fé y es un mero eslabon de la cadena no debe ser procesado. Ahora, si se mantuvieran resoluciones equívocas y el Ejecutivo le entrega una información y le explcia al país lo que ha pasado, la DC está pelnamente abierta».



En este sentido, afirmó que la salida política no es una precisón a la corte de Apelaciones.



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