El magistrado Patricio Villarroel prepara para las próximas semanas nuevos procesamientos de ex ejecutivos de Inverlink, como también funcionarios de entidades privadas.
Pese a que la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) pesquisa algunas operaciones hechas por el holding Inverlink en Europa, el ministro en visita, Patricio Villarroel, cada día suma argumentos para sostener que el dinero que Eduardo Monasterio, Ignacio Wulf y Enzo Bertinelli podrían haber guardado para los tiempos de "vacas flacas", está en Chile.
De hecho, es por esa misma razón que ya inició una nueva búsqueda de activos financieros que podrían estar invertidos en empresas constructoras, eléctricas, mineras, entre otras, esto es, blanqueado.
Tal como lo anunció El Mostrador.cl la semana pasada, el magistrado ha estado sumando la liquidación de bonos a través de Qualitas, más los millonarios pagos a empresas como Sacyr y otras vinculadas a José Yuraszeck, y densifica su convicción de que el dinero fue repartido en distintos receptores que lo cuidarán bien mientras dure el proceso. Probar esta tesis investigativa, en todo caso, no será sencillo.
Sin embargo, algunos visos de ello quedaron estampados en la declaración que el lunes pasado prestó ante el magistrado el ex gerente general del holding, Enzo Bertinelli.
En la indagatoria aseguró que Ignacio Wulf, el segundo de a bordo, era el responsable de los malos negocios que había realizado Inverlink Lease Factor. Estos, señaló Bertinelli, crearon un hoyo financiero que era conocido por todo el directorio del holding. Luego, se habrían tomado acciones en una reunión de directorio de septiembre del año pasado, tendientes a tratar de bajar el nivel de deudas, pero los "negocios particulares" en la Cutufa que tenía Inverlink, terminaron por minar el futuro de la firma.
La declaración de Bertinelli, junto a la convicción del magistrado, se corona además con la investigación que paralelamente avanza en la División de Delitos Tributarios (Didet) del Servicio de Impuestos Internos (SII), la que busca establecer cuáles empresas invertían en la financiera ilegal y si ello podría configurar delito por millonarias evasiones tributarias.
Si se toman en consideración estos tres frentes que operan independientemente buscando esclarecer los hechos, no falta mucho para que el magistrado dicte en el corto plazo un auto de procesamiento general por el delito de "asociación ilícita", establecido en el artículo 292 del Código Penal.
De hecho, hoy se entregó Marcial Izarnótegui, ex funcionario de Corfo, encausado por el delito de apropiación indebida. Este último era el segundo, después de Moya, en la mesa de dinero de la institución. En las próximas horas, en tanto, debiera presentarse al tribunal Angélica Martin, captadora del holding, procesada por estafas reiteradas. También quedó detenido Luis Tapia Donoso, operador de Inverlink y hermano de otro de los procesados, Eduardo Tapia.
El magistrado también ha estado interrogando en varias ocasiones a Moya, requiriéndolo sobre la firmas que puso en los Depósitos a Plazo Fijo que transó en el mercado a favor del Inverlink.
Ayer se apersonó una vez más en el tribunal el interventor William Jalaff, quien solicitó parte de la documentación que fue incautada en Inverlink y revisar una serie de documentos.
Por último, el ministro interrogó también ayer a Miriam Donoso, funcionaria de Corfo que trabaja en la sección de contabilidad.
