El texto aborda el financiamiento de la política y la gerencia pública y según el presidente de la comisión será un «importante aporte para el debate en los poderes Legislativo y Ejecutivo».
Luego de casi tres meses y medio de labor vio la luz el documento en el que trabajaba la Comisión de Transparencia y Probidad encabezada por el ministro de Justicia, Luis Bates Hidalgo, e integrada por académicos, profesionales y técnicos de todos los sectores políticos. Las conclusiones a que llegó el equipo, le fueron entregadas ayer al Presidente de la República.
Con referencia al trabajo de la comisión, de 12 integrantes, Luis Bates señaló que el documento "será un importante aporte para el debate en los poderes Legislativo y Ejecutivo en materia de probidad y transparencia pública. Esto lo hemos logrado gracias a la integración de esta comisión de destacadas personalidades de diferentes ámbitos de la sociedad".
Esta comisión, cuya finalidad era asesorar al Ejecutivo en la generación de medidas destinadas a fortalecer los principios de transparencia y probidad pública, inició su labor el 22 de enero luego que el 16 del mismo mes el Mandatario promulgara el Decreto Supremo N° 77 del Ministerio del Interior que autorizaba su existencia legal.
Algunas de las propuestas más importantes que contiene el texto en materia de financiamiento de la política, que ya está en manos del Mandatario, dicen relación con las modalidades de donación pública y confidencia; la regulación de las donaciones de personas jurídicas y sociedades anónimas y financiamiento privado a los partidos.
En este mismo tema, el documento se refiere también a la generación de desincentivos a los gastos de campaña y al no establecimiento de límites "imperativos", a las modalidades de financiamiento público y a las fórmulas de subsidios a los partidos dentro y fuera de la franja.
Los planteamientos del documento emitido por la comisión contiene "ideas y reflexiones que apuntan a la supremacía de ciertos principios básicos como la eficacia de la legislación, la austeridad en el gasto , la interdicción de todas las formas de corrupción, la transparencia y el control de las donaciones.
En el ámbito de la gerencia pública, el equipo de trabajo centró su labor en intentar resolver los niveles de responsabilidad en la regulación de la institucionalidad de la misma. Apunta particularmente al tipo de organismo y calidad de sus integrantes dedicados a "entregar directrices sobre la gerencia y proponer la designación de los directivos públicos".
