Se trata de dos contratos entre la Casa de Bello y la Dirección de Obras Hidráulicas. Uno suscrito el 2001, por 400 millones. Otro, que es la ampliación del anterior, firmado a principios de 2002, por 1.400 millones. Son convenios de outsorsing de personal, a través del cual se pagaron algunos »sobresueldos»… pero no sólo al MOP.
Pagos de suples a altos personeros de Obras Hidráulicas, tales como jefes de departamento y directivos de servicio en regiones, y a algunos asesores de la cartera de Obras Públicas incorpora el contrato por 1.400 millones de pesos que se firmó poco antes que el ex ministro Carlos Cruz dejara su cargo entre el MOP y el Ciade de la Universidad de Chile.
El convenio -que tendría las firmas del rector Luis Riveros y Carlos Cruz, no así la del Presidente Ricardo Lagos – tenía por objeto que la unidad de estudios de la Casa de Bello elaborara un outsorsing de personal para la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del MOP.
Gracias a ese contrato les fueron cancelados honorarios a unas 80 personas de la DOH que no estaban contratadas y que, por lo tanto, no recibieron sobresueldos. También habrían sido cancelados honorarios de este mismo tipo a personas de otras direcciones. Cerca de un 10 por ciento del monto total habría destinado a suples.
La ministra Gloria Ana Chevesich investiga este convenio y en sus pesquisas tendientes a la reconstrucción de la ejecución ya interrogó al director de la DOH, Eduardo Bartholin, y a funcionarios de la Universidad de Chile.
Aunque aún no está claro si en esta etapa del contrato se cometieron irregularidades, una de las cosas que llamó la atención de la ministra y sobre lo cual ha profundizado es que en la contabilidad del Ciade aparecen imputados al proyecto mencionado ciertos pagos a funcionarios del ministerio de Educación y el ministerio de Planificación (Mideplan).
En la Universidad de Chile explicaron a la jueza que esto se debía a un error administrativo. Por eso, la magistrada ahora intenta saber en virtud de qué convenios con la Chile fue que se cancelaron los dineros a personas de otras carteras, las que estarían en niveles directivos.
El convenio por 1.400 millones del 2002 está íntimamente ligado a uno por 400 millones del año 2001. De hecho, el primero es sólo una ampliación del segundo y, por ende, no necesitaba la firma de Lagos, se señala. Sería este contrato por 400 millones el cuestionado por la Contraloría.
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