Mientras De La Puente afirmó que ningún funcionario de la administración es «coimero», Eyzaguirre le respondió y dijo que «si hay un grupo o un grupúsculo que se quiere oponer a la voluntad mayoritaria de los 15 millones de chilenos, tendrá que atenerse a las consecuencias».
Al término de la sesión de la Cámara de Diputados de ayer en la que se votó el proyecto sobre el "Nuevo Trato" funcionarios públicos, el timbre no dejaba de sonar mientras en las tribunas los trabajadores de la Agrupación de Nacional de Empleados Fiscales (Anef) cantaban «caballito blanco, sácalo de aquí, llévate a Eyzaguirre fuera del país».
Así, con gritos y panfletos que recordaban el paro nacional del próximo martes 13, la Anef manifestó su rechazo a la aprobación por 91 votos unánimes de una nueva política de la administración pública, donde considera la concursabilidad y el proyecto sobre la alta dirección pública. Esta normativa es parte de la Agenda de Modernización y Transparencia.
La amplia aprobación se logró luego de que se alcanzara un acuerdo entre el gobierno y los diputados de todas las bancadas, que no fue difícil de obtener.
De hecho, el diputado informante de la comisión de Hacienda, el socialista Camilo Escalona, leyó en el hemiciclo por más de dos horas el extenso informe de la instancia legislativa, mientras en la oficina contigua a la sala de sesiones el ministro del Interior, José Miguel Insulza, el de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre y el ministro secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, intentaban llegar a un acuerdo con los parlamentarios y los dirigentes de la agrupación. Finalmente, estos no llegaron a firmar.
El gobierno y los legisladores concordaron tres puntos que serán ingresados vía indicación al proyecto en el Senado, según informó el ministro Eyzaguirre en medio de pifias provenientes de las tribunas.
Los tres puntos se refieren a que cuando se cree una vacante, se restrinja el concurso dentro del mismo servicio a funcionarios que estén hasta 3 grados en los niveles por debajo del cargo que están facultados para inscribirse en la postulación, pudiendo participar un mínimo de 15 candidatos.
Además, el comité de los concurso de selección de los trabajadores que ocuparán esas vacantes estará integrado por siete personas, cinco de ellas elegidas por el Presidente y las otras dos elegidas por los trabajadores, que no sean miembros de la Anef, con derecho a voz y voto.
Pero eso no es todo, pues para pesar de la derecha, también se termina con los cargos adscritos, fomentándose el retiro de estos empleados a través de un mecanismo de incentivo vía indemnizaciones.
Derecha termina con cargos adscritos
«Con el dolor de mi corazón», así describe el subjefe de la bancada de diputados de la UDI, Carlos Recondo, el ánimo de sus colegas respecto a la indicación del gobierno que votaron favorablemente, en la que se permite a los jefes de servicio echar del organismo a los mil doscientos empleados de la planta adscrita, los mismos que fueron mantenidos en sus puestos gracias a una ley promulgada en los últimos días de régimen militar.
Los parlamentarios de la UDI votaron a favor de dicha indicación porque según les explicó el presidente del partido, el diputado Pablo Longueira, ello forma parte del acuerdo alcanzado con el gobierno.
Similar situación se vivió en RN, bancada donde hasta las 14:00 horas se aseguraba que en la sala ingresarían las indicaciones que habían sido rechazadas en la comisión. Sin embargo, en la tarde, cambiaron de postura y finalmente optaron por aprobar el informe de la comisión.
Votar por la eliminación de estos cargos fue todo un dolor de cabeza para la oposición, de hecho, el miércoles por la noche, el diputado de RN Alberto Cardemil señaló en la comisión de Hacienda que él no estaba a favor de ese artículo y que en ese punto se «descolgaba» del proyecto. En tanto, el UDI Rodrigo Álvarez abandonó la instancia para consultarle al presidente del partido, Pablo Longueira, si ello era o no parte del acuerdo y nunca más regresó.
Los problemas se produjeron tras leer el artículo 70 del proyecto sobre el «nuevo trato» donde se establecía que se terminan los cargos adscritos y que los funcionarios que hayan optado por continuar en un cargos de esta naturaleza, dentro de un plazo de 60 días contados desde la publicación de la ley, podrán renunciar voluntariamente a sus cargos o empleo.
Además, la norma que establecía que 60 días después de vencido el plazo, los jefes superiores del servicio deberán resolver si los que no renunciaron continuarán ejerciendo su cargo. Y que le permitía declarar la vacancia del empleo y que el funcionario recibiera una indemnización equivalente a un mes del promedio mensual del total de las remuneraciones imponibles devengadas en los 12 meses anteriores, actualizadas según el índice de precios al consumidor, por cada dos años de servicios en la administración del Estado con tope de once meses.
Con ello se daba pie para que se hiciera realidad uno de los temores de la oposición: que se convirtiera en un instrumento político y que se pudiera despedir a todos los funcionarios heredados del régimen.
Sin embargo, esto se modificó en virtud del acuerdo al que llegaron los jefes de las bancadas con el gobierno. Así se determinó que la planta de los funcionarios adscritos regirá hasta junio del 2006, pero se darán incentivos para que estos funcionarios abandonen antes el servicio público. De esta forma, quienes deseen abandonarlo en junio del 2004, recibirán once meses de indemnización, los que lo hagan en junio del 205, recibirán nueve meses y los que lo hagan en junio del 2006, siete meses.
Trabajadores anuncian paro y gobierno «consecuencias»
Tras la votación, el presidente de la Anef, Raúl De la Puente, afirmó que «el paro va» y, además, dijo que «el gobierno quiere quebrar una carrera funcionaria que ha sido ejemplo en la administración pública porque quiero que sepan que no hay ningún trabajador de carrera en los últimos vergonzosos acontecimientos ocurridos en distintos ministerios».
En este sentido, agregó que «dentro de los trabajadores del Estado de carrera no hay coimeros, no hay sobresueldos y por lo tanto, hoy con mucha más propiedad podemos decir que se tiene que hacer una reforma del estado con los trabajadores y no contra ellos, como está ocurriendo en este momento».
Por su parte, el ministro Eyzaguirre les respondió y señaló que el gobierno «ha obtenido el respaldo mayoritaria de la Cámara que representan legítimamente a los 15 millones de chilenos. Si hay un grupo o un grupúsculo que se quiere oponer a la voluntad mayoritaria de los 15 millones de chilenos, tendrá que atenerse a las consecuencias».
Consultado sobre la tesis de los trabajadores de que el gobierno ha afectado la carrera funcionaria, Eyzaguirre, afirmó que entre otros beneficios, «el gobierno les otorgó un incremento del ocho por ciento de las remuneraciones, le significará al fisco gastos adicionales por más de 70 mil millones de pesos, eso es más de lo que cuenta en total los programas de extinción de las 225 mil familias extremadamente pobres. Francamente, cuando estamos dando este tipo de beneficios, hubiéramos esperado un aplauso cerrado y no las groserías que hoy tuvimos en este hemiciclo».
