Uno de los aspectos que la ministra Chevesich indaga es el posible uso de las ganancias que debía percibir la Universidad o, bien, los dineros destinados a la ejecución del contrato, en pagos a funcionarios regionales de la Dirección de Obras Hidráulicas.
Ya precisada la participación de funcionarios policiales en las acciones posteriores al hurto del PC de Sergio Cortés, la ministra Gloria Ana Chevesich concentra sus esfuerzos en determinar cómo fue ejecutado el convenio entre MOP-Ciade por 1.400 millones de pesos suscrito el 2002.
La magistrada interrogó durante la mañana de ayer al ex jefe administrativo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile, Armando Álvarez, quien está procesado en la causa que instruye el juez Alejandro Rivera en virtud de un convenio por 270 millones a través del cual se les cancelaron sobresueldos a los seremis de OOPP el año 2001.
La jueza inquirió a Álvarez respecto a cuáles fueron los pagos que se efectuaron en virtud del contrato de outsourcing con la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del MOP. También, respecto a la posibilidad que alguna parte del monto que debió recibir la universidad por la administración del convenio o aquel que debió ser destinado a gastos de ejecución (10 por ciento en total) haya sido destinado a pagar sobresueldos a funcionarios de la cartera de Obras Públicas o, bien, a pagos que no estaban incluidos en el contrato.
Según pudo averiguar este medio, por el convenio mencionado se cancelaron honorarios a 80 personas de la DOH que no estaban contratadas, por lo que no serían sobresueldos. Adicionalmente, 30 personas más habrían también recibido pagos en virtud del contrato de outsourcing, algunas de ellas a honorarios en otras direcciones del MOP y otras ya contratadas por el ministerio, por lo que estos sí corresponderían a suples.
Aun cuando la magistrada todavía no precisa si en esta etapa del contrato se cometieron delitos, otra de las cosas que llamó la atención de la jueza y sobre lo cual interrogó a Álvarez es por qué en la contabilidad del Ciade aparecen imputados al proyecto mencionado ciertos pagos a funcionarios del ministerio de Educación y del ministerio de Planificación (Mideplan), cosa que ha sido calificada en la Universidad de Chile como un error administrativo.
Al convenio de los 1.400 millones también aparecen imputados en la Casa de Bello pagos por 3 millones 600 mil pesos a los seremis de OOPP, pero, según se ha explicado, esto no sería más que el saldo que quedó por cancelarle a las autoridades regionales en virtud del contrato por 270 millones y por el cual el juez Rivera procesó hace dos semanas a 28 personas.
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