La reunión se llevará a cabo el 4 de junio próximo en la notaria de Sergio Leñero, donde se resolverá los pasos a seguir respecto de la situación que afecta a la empresa.
El ministro en visita que instruye el caso Inverlink, Patricio Villarroel, autorizó a que Eduardo Monasterio y Enzo Bertinelli, citen a una junta de accionistas el próximo 4 de junio. La resolución fue concedida al abogado a eso de las 08.30 horas y se realizará en la notaría Sergio Leñero González en el día señalado.
«El embargo (de acciones) no priva a del pleno ejercicio de sus derechos sociales a los procesados…», escribió el ministro en su resolución.
Sin embargo, la disposición del magistrado tiene una historia de oposiciones y audiencias que sólo terminó hoy en la mañana entre los abogados que representan a Monasterio y Bertinelli en la parte civil y el interventor designado por el tribunal, William Jalaff.
Un elemento también perturbador en la realización de esta junta de accionistas ha sido la oposición de Ignacio Wulf, quien fuera el segundo hombre del holding, antes del escándalo que lo derrumbó.
Hay que recordar que el magistrado había rechazado la semana pasada esta misma petición, debido a que habrían faltado algunos documentos para su realización, como también por la oposición de Jalaff.
Monasterio, Bertinelli, Wulf y el resto de los procesados que tengan acciones no podrán concurrir a la junta de accionistas por hallarse en prisión preventiva en la ex Penitenciaría. Sin embargo, lo harán sus representantes.
La pequeña guerra jurídica entre los abogados que defienden los intereses civiles de Monasterio y Bertinelli y el interventor se viene dando desde hace algunos días, cuando el Departamento de Investigación de Delitos Tributarios del Servicio de Impuestos Internos (Didet) les requirió información contable. Los abogados derivaron esta petición al representante legal de las firmas, que para todos los efectos es Jalaff.
Básicamente, lo que busca el SII es que Inverlink aporte pruebas de la compra de un paquete accionario de fines de 1996 por 685 millones de pesos para determinar el origen de fondos. Para ello los abogados requerían documentación contable en manos de Jalaff que, reclaman, nunca les ha sido entregada.
De hecho, ayer cuando Jalaff llegó al tribunal a eso de las 14 horas, hubo un pequeño «encontrón verbal» por esta situación.
En otro ámbito de la causa, el magistrado negó la libertad a la ex captadora de Inverlink, Angélica Martin, como también concedió la apelación al auto de procesamiento al ex funcionario de Corfo, Marcial Izarnótegui que será vista por la Corte de Apelaciones este sábado, probablemente.
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