«Queremos saber por qué lo pierde, a dónde fueron a parar, en el bolsillo de quién se perdió o en su defecto en qué negocio se perdió y estoy seguro que nos vamos a encontrar con dos razones: en un caso, créditos correctos, gestión correcta, pero mal negocio y en otro, créditos irregulares, gestión irregular, platas que fueron a parar a bolsillos, eventualmente a campañas», comentó José Antonio Galilea (RN).
Diputados de la oposición, encabezados por el UDI Ignacio Urrutia lograron la aprobación unánime de la sala para un proyecto de acuerdo que presentaron para permitir a la comisión de Agricultura, constituirse como investigadora para determinar el destino de los 7 mil 800 millones de pesos en capital y otros 2 mil millones en interés de créditos agrícolas.
Esta suma se considera dineros irrecuperables para el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y para el fisco, ya que el Gobierno presentó una iniciativa que permite al organismo liberar a los avales de la deuda que contrajeron con la institución.
La historia de este proyecto de acuerdo se remonta a casi dos años, cuando la comisión que investigó la entrega de créditos irregulares de Indap a varias empresas determinó que si todos estos dineros no eran cancelados aún por la vía de las garantías de los créditos -los avales-, el organismo perdería, en teoría, cercar de 30 mil millones de pesos.
A partir de esas irregularidades y teniendo en cuenta que esos avales eran pequeños agricultores, en rigor, víctimas de negociaciones irregulares dentro de las empresas o de malos negocios, tiempo después -el 22 de noviembre de 2002-, el Ejecutivo envió un proyecto al Congreso que autoriza al director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, «para liberar, remitir o renunciar a las cauciones constituidas por personas naturales para garantizar los créditos» contraídos por las empresas de las que formaban parte.
Según explicó uno de los patrocinantes de esta iniciativa, el RN José Antonio Galilea, hay dos grupos de empresas involucradas en este tema. Un tipo, son las que tenían una gestión irregular, a las que se les otorgaron créditos de forma irregular y que, además, se sobre endeudaron con el Indap, porque el organismo les prestó mucho más dinero del que estaban en capacidad de pagar.
El otro grupo, son las empresas que innovaron en algún rubro y les fue mal. «En ambos casos los pequeños agricultores, que con sus bienes avalaron esos créditos, aparecen como verdaderas víctimas de quienes organizaron estas empresas», dijo Galilea.
Así, cuando el proyecto del Ejecutivo se presentó a la sala -proveniente de la comisión de Hacienda-, muchos diputados plantearon que ésta era una forma de consagrar una pérdida total para el Indap puesto que si se le estaba levantando a esos pequeños agricultores que habían hecho de aval la posibilidad de que el Instituto de Desarrollo Agropecuario les cobrara, con lo que el organismo debería hacer la pérdida.
Una parte de los -en teoría- 30 mil millones que el Indap podría haber perdido según el informe de la comisión investigadora, 7 mil 800 millones de pesos más otros 2 mil millones en intereses, corresponden a los que el Indap va a perder al "perdonar" a los avales de los pequeños agricultores, según estimaciones hechas por los propios parlamentarios, de acuerdo a la información que les entregó el organismo.
De esta forma, varios diputados miembros de Agricultura estimaron que es «indispensable que así como estamos aprobando ese proyecto, porque muchos de los agricultores resultaron víctimas del engaño o de malos negocios, demos una respuesta a la inquietud de los parlamentarios en la sala, en términos de averiguar y fiscalizar qué pasó con esos dineros, dónde se quedaron, por qué el Indap los pierde al no poder recuperarlos por la vía de los avales o de las garantías», dijo Galilea.
El diputado aseguró que con este proyecto no se está reabriendo la investigación, puesto que a la comisión que investigó anteriormente le resultó imposible poder cuantificar con exactitud la pérdida real. Por eso es que se habló de casi 30 mil millones, en el supuesto que ninguna de las empresas pagara o que a ninguna se le pudiera hacer efectiva la garantía.
En este sentido, explicó que sólo se abocarán a seguir la pista de la pérdida que significará para Indap al renunciar a cobrarles las garantías a los pequeños agricultores. Y por eso es que esta investigación es mucho más enfocada a la situación de las empresas que tiene como avales a pequeños agricultores y que a través del proyecto presentado por el ejecutivo eventualmente se les esta liberando de la responsabilidad.
Otra diferencia es que el mandato que tuvo la comisión anterior fue fiscalizar una serie de irregularidades o de créditos que se entregaron de manera irregular a varias empresas, más allá de los montos. En cambio, ahora la petición de la sala es más precisa: saber qué pasó con los 7 mil 800 millones de pesos.
«Queremos saber por qué los pierde, a dónde fueron a parar, en el bolsillo de quién se perdieron o en su defecto en qué negocio se perdieron y estoy seguro que nos vamos a encontrar con dos razones: en un caso, créditos correctos, gestión correcta, pero mal negocio y en otro, créditos irregulares, gestión irregular, platas que fueron a parar a bolsillos, eventualmente a campañas», comentó.
En ese sentido, no descartó la posibilidad de que muchas de las empresas sobre endeudadas de manera irregular por Indap se repitan en este nuevo análisis.
Consultado sobre la posibilidad de que siguiendo la ruta del dinero se pudiera establecer que algunas de esas empresas fueron usadas para obtener fondos de campañas electorales, Galilea comentó que «uno en esto tiene ciertas sospechas, no es un secreto para nadie que una vez se estimó que el Indap era una especie de tesorería, en particular de un partido de la Concertación y eso fue algo que estuvo siempre presente en la anterior investigación».
«Claro que uno podría llegar (a que los dineros perdidos fueron usados como fondos para campañas), pero no deja de ser un poco ilusorio porque la información con la que la comisión investigadora trabaja es básicamente la que le proporciona los créditos que da el propio Indap. Es bastante difícil imaginar otra fuente de información suficientemente objetiva para que uno pudiera contrarrestarla con la información del instituto, pero uno puede detectar algunas responsabilidades políticas como las que concluyó la comisión anterior y, eventualmente, uno puede llegar a hilar mucho más finos en términos del responsable de determinadas empresas», afirmó.
El proyecto presentado por el Ejecutivo deberá volver a la sala, pues el propio Galilea introdujo una indicación con el fin de que los avales perdonados sean sólo beneficiarios de los créditos del instituto.
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