Por qué familiares de ejecutados políticos terminaron solicitando ayuda a la UDI para agilizar y aumentar una fórmula de reparación económica a cambio del cierre de procesos judiciales puede ser más fácil de comprender a partir de un dato: una de las familias que sustenta esta posición estuvo ligada a un agente de inteligencia de una rama de las FFAA.
Cuesta entender cómo familiares de ejecutados políticos terminaron solicitando ayuda a la UDI para la elaboración de una propuesta que permita agilizar y aumentar la reparación económica a cambio del cierre de procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, el hecho de que una de las familias de ejecutados políticos que se encuentra en conversaciones con el gremialismo -y, de hecho, aparece liderándolas- haya tenido por más de 20 años como jefe de hogar a un agente de inteligencia de las FFAA, permite avanzar hacia la explicación del porqué de esta actitud.
El antecedente se suma a la constatación -hecha ayer por el diputado Fulvio Rossi- de que algunos de los otros familiares que han conversado con la UDI perdieron a sus deudos, si bie7n debido a violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar, no por motivos políticos. De hecho, son seis las víctimas del general (R) Carlos Forestier que fueron ejecutadas debido a vínculos con el narcotráfico que implicaba una competencia por el mercado de la zona. No todas ellas, sin embargo, han conversado con los dirigentes gremialistas.
Pero el caso de la viuda del militante socialista José Sampson Ocaranza (ejecutado el 30 de octubre de 1973 en Pisagua) es particularmente relevante en esta suerte de negociación que otros familiares de las víctimas han calificado de "impunidad por plata".
Juana Trujillo Devia, quien fuera la mujer de Sampson al momento de su desaparición, se casó en segundas nupcias con Humberto González Rojas, quien era conocido en la zona por sus vinculaciones con los aparatos de represión de gobierno militar.
Los vínculos maritales de Juana Trujillo con un personaje relacionado con las mismas personas que cometieron las violaciones a los derechos humanos eran conocidos en Iquique y despertaron hace un tiempo suspicacias por parte de otros familiares de las víctimas.
Algunos, sin embargo, explican esa relación como producto del «instinto de protección» de algunos deudos para evitar eventuales futuros abusos, tal como ocurrió con personas que pertenecían a partidos políticos perseguidos por la dictadura y que terminaron colaborando con los aparatos de inteligencia. En la misma región del norte del país, de hecho, existen otros casos.
Sin embargo, la unión entre Juana Trujillo y Humberto González deslegitima, a ojos de organizaciones de derechos humanos, la representatividad que puede reclamar esta familia en cuanto parte del pequeño grupo de deudos de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos que buscan una reparación inmediata a la pérdida.
La familia Sampson Trujillo ha sido hasta ahora la mayor cara visible de quienes han conversado con la UDI, reconociendo ser parte del grupo. Pero ayer, el diputado Iván Moreira dio a conocer otra familia: la de Juan Antonio Ruz, regidor en la zona al momento de su desaparición y miembro de la plana mayor del PS.
El Mostrador.cl contactó ayer a la viuda de Ruz, Lidia Saluzzi, quien se negó a responder si ella era una de las personas que estaban conversando con la UDI. Dijo que los antecedentes sobre esto debía darlos a conocer "don Pablo", es decir, Pablo Longueira. Este medio pudo saber, sin embargo, que entre ella y la señora Trujillo existe una estrecha relación de amistad.
El vínculo entre Trujillo y González fue comunicado a este medio por personas que prefirieron mantener el anonimato. El Mostrador.cl se comunicó posteriormente con el presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Iquique, Héctor Marín, quien de inmediato reconoció el nombre y ratificó que el sujeto es identificado por familiares de víctimas de la zona como un ex agente del Servicio de Inteligencia Militar. También, como uno de los posibles miembros del equipo que detenía y torturaba a detenidos políticos.
Aunque el nombre de Humberto González Rojas no figura en las listas de agentes represores identificados, personas de la Primera Región incluso informaron que Juana Trujillo denunció el hecho ante Investigaciones luego de su ruptura matrimonial.
Recuerdan que la mujer contrajo matrimonio con González cerca del año 76 y que se separó hace poco más de dos años, oportunidad en que recurrió a la Agrupación de Iquique para solicitar ayuda.
Sostienen que la organización estaba al tanto de los vínculos del esposo de Trujillo con el régimen militar hacía tiempo y que la misma esposa lo sabía, por lo que consideraron que se trataba de un asunto personal en el cual no debían involucrarse.
Algunas personas consultadas por este medio confidenciaron también que Juana Trujillo presidió la Agrupación de la región a finales de la década de los 90. Remarcaron que esa presidencia se caracterizó por la desunión del grupo, pues ella era de la tesis que sólo las viudas de las víctimas podían integrarla. La mujer fue marginada del organismo por esta razón, dicen.
La responsabilidad del Estado
Desde el ámbito de los organismos que han trabajado permanentemente por la defensa de los derechos humanos surgió una teoría sobre qué origina este tipo de iniciativas. Sin el ánimo de justificar las negociaciones entre la UDI y un pequeño grupo de familiares de detenidos desaparecidos, se le atribuye al Estado algún grado de responsabilidad en los hechos.
Esto, porque en un gran número de casos eran los hombres los que tenían un real compromiso político, que no necesariamente se trasladó a las esposas y parejas después de la pérdida.
Adicionalmente, al desaparecer el jefe de hogar, la familia quedó en la total indefensión, particularmente en materia económica, lo que sumió en la pobreza a las familias afectadas.
A ello se suma que el Estado no ha dado solución a los familiares de las víctimas, pues aunque los tribunales han acogido las demandas económicas en primera instancia, algunas señales de la Corte Suprema, la postura del Consejo de Defensa del Estado ante estas materias y la tardanza en la reparación no sólo material, sino también jurídica, han configurado por años un panorama adverso.
Porque, aun cuando la señora Trujillo mantuvo vínculos con un ex agente e incluso cuando los deudos de algunas de las otras familias que han sostenido conversaciones con la UDI no fueron asesinadas por motivos políticos, todas ellas son víctimas directas de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar.
La Concertación se cierra en contra de Longueira
La propuesta del presidente de la UDI, Pablo Longueira, que pretende cerrar el tema de las violaciones a los derechos humanos durante al régimen militar, no ha encontrado adherentes, pero logró cohesionar a la Concertación, que cerró filas en contra del dirigente gremialista.
Los cuestionamientos van desde poner en tela de juicio la ‘calidad moral’ de la colectividad más cercana al pinochetismo para autoeregirse como canalizadora de las demandas de los familiares de las víctimas de los atropellos a los derechos humanos durante el régimen militar, hasta plantear que la UDI debiera haber entregado la información que posea -en virtud de que varios de sus actuales dirigentes tuvieron cargos de responsabilidad durante el régimen de Pinochet- a los tribunales y a la Mesa de Diálogo.
Jaime Orpis se apresuró a precisar que su partido no es el promotor de la iniciativa, sino que ésta surgió a partir de los propios afectados, quienes aparentemente cansados de esperar una justicia que no ha llegado decidieron buscar otras opciones. Así, se acercaron a la UDI que siente el deber "ético" de responder a las siete familias que confiaron en la colectividad.
El senador explicó, además, que fueron las familias las que se acercaron a él para plantearle su inquietud, por lo cual el partido siente una mayor responsabilidad y asegura que quienes se opongan a la propuesta -a la cual es "absolutamente voluntario" sumarse- estarán cerrando posible una salida a los familiares de los detenidos desaparecidos.
Orpis se ha negado a identificar a las personas con las que, junto a Longueira, viene trabajando desde hace alrededor de un año y sólo ha señalado que es "un grupo bastante representativo" de los familiares de detenidos desaparecidos de Pisagua, cosa que niegan los organismos de derechos humanos de Iquique.
Ante la férrea negativa que encontró la UDI a su propuesta, el gobierno tendrá la última palabra, pues la iniciativa se le hará llegar al Presidente de la República para que le dé su patrocinio. Aunque luego de las declaraciones del ministro del Interior, José Miguel Insulza, que estima que la propuesta Longueira es una burla hacia las víctimas, se puede vaticinar que la iniciativa nació muerta.
Esto, porque el dirigente gremialista ni siquiera cuenta con el respaldo de sus ‘aliados’ naturales. El presidente de Renovación Nacional, Sebastián Piñera, ha dicho que su colectividad no está dispuesta a apoyar ninguna iniciativa que implique una ley de punto final al tema de los derechos humanos. Diferencia de posiciones, entre los socios, que ya no sorprende.
No cabe duda, que esta vez RN sólo le devuelve la mano a la UDI. Varios dirigentes de la tienda de Piñera han recordado que el gremialismo los dejó solos en 1995, cuando el partido -dirigido en esa época por Andrés Allamand- levantó la propuesta conocida como Otero-Figueroa, que también planteaba una salida al tema de las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar.
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Artículo relacionado:
Cerrado rechazo a propuesta Longueira sobre DDHH (20 de mayo de 2003)
