El ministro del Interior, dijo que si cada persona que es asaltada en la calle dice que «el Estado no fue capaz de proporcionarle la seguridad necesaria, entonces quiebra el Estado. Estaríamos lucidos si sobre esa base se pretende pagar a personas que pudieren haber sufrido daño a su patrimonio en la región, cuando ellos son la gente más rica de la región más pobre del país. Yo creo que hay pequeños fuegos en la Araucanía y eso es tratar de apagarlos con bencina».
Se veía venir. Tras la publicación de El Mostrador.cl del borrador del informe de la comisión de Constitución donde el voto mayoritario estableció que no hay «seguridad jurídica» en la Araucanía -o sea, no había Estado de Derecho-, los senadores que llevaron la voz cantante en el tema, esto es, el senador Alberto Espina (RN, a favor del duro informe) y Rafael Moreno (DC, el único voto en contra) se trenzaron en una fuerte discusión.
Luego de que se leyera el informe de minoría del Senador Moreno, el senador Espina le recriminó a Moreno que se cuestionara que la instancia legislativa no tuviese facultades para iniciar un estudio sobre la materia, -ya que el rol fiscalizador es propio de la Cámara de Diputados-, y que nunca hubiese manifestado estos argumentos en la propia comisión.
Sin embargo, Moreno le respondió recordándole que en la primera sesión, cuando Espina -quien es además senador por la Novena Región-, planteó el tema, él había comentado sus dudas respecto de la constitucionalidad del accionar de la instancia.
A ello, se agregó que Moreno insistiera en que la comisión sólo había invitado a una de las partes del conflicto, los afectados -cuyos testimonios se encuentran en el documento-, y nunca a las comunidades mapuches.
«¿Qué mapuches pasaron por aquí?», preguntó el legislador DC. A lo cual el parlamentario de RN le respondió: «¿Cuáles? ¿quieres que invitemos a los presos? ¿Cuál es la otra parte?».
Tras largos minutos, finalmente, se acordó que el próximo martes 27 la comisión se constituya en Santiago para escuchar a representantes de las comunidades de la etnia. Sin embargo, cercanos al senador Espina sostienen que el parlamentario invitará a la comisión a grupos que avalan la tesis de la mayoría de la comisión.
El propio Espina afirmó que no es cierto que los parlamentarios de la derecha se hayan opuesto al reconocimiento de los pueblos originarios cuando se votó en la sala el texto de las reformas constitucionales, sino que fue la Concertación la que no apoyó su indicación donde se reconocían a las etnias originarias.
Fuentes de la comisión aseguran que el texto -que ya sufrió algunas modificaciones-, si bien sufrirá cambios que retrasarán su despacho a la sala, no cambiará en lo sustancial, es decir, la frase de «la falta de seguridad jurídica» se mantendrá.
En tanto, otras fuentes afirman que el informe deberá «ablandarse» y que lo peligroso de establecer la inexistencia del Estado de Derecho en la Araucanía es que eso puede dar pié para que el Estado sea sujeto de querellas y pago de indemnizaciones a los afectados por las tomas de terrenos.
En este sentido, el ministro del Interior, José Miguel Insulza, afirmó que hay tanto Estado de Derecho en la zona como en todo el resto del país. «Si cada persona que es asaltada en la calle dice que el Estado no fue capaz de proporcionarle la seguridad necesaria, entonces, quiebra el Estado. Estaríamos lucidos si sobre esa base se pretende pagar a personas que pudieren haber sufrido daño a su patrimonio en la región, cuando ellos son la gente más rica de la región más pobre del país. Yo creo que hay pequeños fuegos en la Araucanía y eso es tratar de pagarlos con bencina».
Agregó que existe preocupación en el gobierno que «esto pueda crear agitación y dificultades, porque finalmente, ¿qué es lo que se plantea? Que hay que aumentar la fuerza y que hay que reprimir más en la Araucanía. Esa es la opinión del senador Espina y de otros, pero fundamentalmente, del senador Espina. Ahora, a mi me parece que aumentar la represión en la Araucanía sería lo peor que pudiéramos hacer. Sí, hay preocupación de que un grupo de senadores apruebe semejante predicamento». «Yo espero que la comisión no lo apruebe, sinceramente».
En todo caso, descartó que no hay un informe de fiscalización porque eso sería inconstitucional, por lo que no hay preocupación de que el documento dé pie para iniciar alguna acusación constitucional. Agregó que el texto consigna las opiniones que se han dado y que el próximo martes el gobierno hará algunas intervenciones en la comisión.
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