El comandante en jefe del Ejército prestó, recientemente, declaración ante el ministro Daniel Calvo en calidad de testigo por los homicidios de José Segundo Rodríguez y José Rodríguez Acosta, como también del argentino Bernardo Lejderman y la mexicana Rosario Avalos Castañeda.
Privadamente, y en forma personal -evitando de esta manera usar su prerrogativa de prestar testimonio por oficio-, el comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, declaró ante el ministro especial Daniel Calvo, en el proceso que sustancia por las muertes ocurridas en la Cuarta Región, al paso de la Caravana de la Muerte.
Esta es la primera declaración que presta Cheyre a un juez que investiga causas de derechos humanos, desde que asumió la jefatura del Ejército en marzo del 2002. Anteriormente, lo hizo por oficio, debido a que la justicia así se lo pidió.
En los últimos meses de 1973, el entonces teniente Emilio Cheyre se desempeñó como ayudante del comandante del regimiento Arica de La Serena, Ariosto Lapostol y fue mencionado el año 2000 por el ex oficial Pedro Rodríguez, como uno de los ejecutores de fusilamientos producidos al interior de la unidad militar, en el marco de un sumario que llevaba el ministro Juan Guzmán Tapia.
Sin embargo, la versión de Rodríguez, que reconoce no haber presenciado los hechos directamente, que aparece en un cuaderno secreto publicado por El Mostrador.cl, fue negada por el alto oficial cuando aún no asumía la comandancia en jefe.
Cheyre debió prestar declaración ante el ministro Calvo en calidad de testigo por los homicidios de José Segundo Rodríguez y José Rodríguez Acosta, padre e hijo respectivamente, como también del argentino Bernardo Lejderman y la mexicana Rosario Avalos Castañeda.
La fuente consultada por este diario aseguró que la declaración de Cheyre explica, primero, cuáles eran sus funciones en el regimiento y el conocimiento que tuvo en los hechos. Asimismo, negó haber participado de los fusilamientos.
Con esta declaración, explicó la fuente, el ministro Calvo logró mayor claridad respecto a lo sucedido en el regimiento.
El magistrado, además, le consultó si respecto de uno de los inculpados en la causa -cuya identidad este diario se reserva para no entorpecer la investigación- tenía antecedentes sobre su participación en los crímenes. Cheyre respondió negativamente, según la fuente consultada.
Si bien el general Cheyre tiene derecho a declarar por oficio, al hacerlo de manera personal, reafirma la política que ha tenido durante su periodo al mando del Ejercito en orden a mantener una postura de total colaboración con la justicia en temas relativos a los derechos humanos.
El alto oficial, al momento de los hechos, en su cargo de ayudante, también debió informar de la «versión oficial» sobre las ejecuciones, según lo establecen los dichos de Lapostol en una declaración prestada ante el juez Guzmán.
Lapostol sostiene en su declaración que ordenó a Cheyre poner dos avisos en los diarios regionales con el listado de las personas que fueron fusiladas por la comitiva militar liderada por el procesado general Sergio Arellano Stark.
