Mientras la diputada DC, Alejandra Sepúlveda, aseguró que se recuperarán parte de los 7 mil 800 millones de pesos que el Indap ya perdió al otorgar créditos de forma irregular, su colega de la UDI Claudio Alvarado afirmó que la posibilidad de que ello ocurra es «prácticamente cero».
Tres informes económicos presentó el Director de Presupuestos, Mario Marcel, a las comisiones de Hacienda y Agricultura de la Cámara de Diputados, referidos a los montos que el Estado pudiera recuperar respecto del proyecto que libera a los vales del pago de créditos de Indap.
En el primero, fechado el 20 de noviembre del 2002, se establece que la aplicación del proyecto no implica mayor gasto fiscal. Como a los integrantes de la comisión de Hacienda les generó dudas, entonces, solicitaron un segundo informe -del 7 de mayo del 2003-, donde se les explica que los posibles beneficiarios son alrededor de mil quinientos productores agrícolas quienes avalan una deuda morosa de $ 7 mil 800 millones de capital y $ 2 mil millones en intereses, aproximadamente, montos que son irrecuperables para dicho instituto.
Fueron estos textos los que conocieron los diputados de la comisión de Agricultura antes de que los legisladores de la derecha, junto al radical Fernando Meza, presentaran y lograran la unanimidad de la sala para que Agricultura se constituyera en instancia investigadora. El objetivo de ésta es descubrir el destino de los 7 mil 800 millones de pesos, más los 2 mil millones en intereses, que son irrecuperables para el Instituto Agropecuario y el Fisco.
Sin embargo, el 20 de mayo, Presupuesto envió un tercer informe a la comisión de Agricultura -el que no pudo ser conocido por los integrantes pues no hubo sesión-, donde se establece que la recuparabilidad de esos dineros «estará determinada por la existencia de garantías reales, en algunos préstamos», además de la aplicación estricta por parte de Indap, a la hora de otorgar el beneficio.
Previamente al ingreso de este documento al Congreso, el mismo director de Indap, Ricardo Halabí, les señaló a los diputados de la comisión de Agricultura que muchos de esos 7 mil 800 millones, amén de los 2 mil millones en intereses, se recuperarían. Es más, la diputada Alejandra Sepúlveda (DC) y el presidente de esa instancia, Jaime Quintana (PPD), creen firmemente en sus palabras.
«El planteamiento que se pierden estos 7 mil 800 millones, aclaro que eso no es efectivo, no será así. Además se pidió de parte de la comisión de Agricultura un nuevo informe a la comisión de Hacienda de la Cámara. Lo que plantean ellos, lo de la pérdida no será así, porque este no es un proyecto de condonación de deuda, es un proyecto donde solamente se retiran los avales en términos personales pero el Indap sigue requiriendo a las organizaciones para el pago de la deuda», afirmó la diputada.
En otras palabras, los avales quedan exentos de la cobranza, no así los deudores y los bienes de la sociedad, como maquinaria agrícola.
Opiniones en contrario
Sin embargo, su colega miembro de la comisión de Hacienda, Claudio Alvarado (UDI), aseguró que «la Dirección de Presupuesto estima que los dineros perdidos se recuperarán por la vía del remate, pero eso no es irreal, esa plata ya se perdió».
El diputado argumentó la probabilidad de que se recuperen la mayor parte de esos dineros es muy baja, «prácticamente cero», pues «son créditos que no se han cancelado en 5 años, donde las sociedades están disueltas».
En este sentido, agregó que en términos prácticos que lo que se puede recuperar sería gracias a la capacidad de acción que se tenga contra los demandandos o el remate de la garantía, pero que la recuperación «es prácticamente cero. Además la capacidad de recuperación disminuye cuando no puedes perseguir a los avales y sus bienes, sino sólo con los bienes de la sociedad».
Para la diputada lo más importantes es que la comisión investigadora -que se debe constituir al regreso de la semana distrital-, determine por qué las organizaciones no dieron resultado y descubrir cuáles fueron las causas de la morosidad.
Sin embargo, Alvarado dijo que muchas de estas sociedades fracasaron por la mala administración, «se les entregaron créditos en tiempos de campaña y luego esas sociedades terminaron y los avales, los pequeños campesinos, quedaron con la obligación de pagar el crédito».
Sepúlveda comentó que se debe investigar si los dineros entregados por Indap se invirtieron en lo que establecía el proyecto mediante para el cual se logró la aprobación del préstamo y si existía tal proyecto de respaldo. Asimismo, dijo que si los dineros recibían un dinero distinto para el que fueron otorgados, entonces, el Indap debería hacer una denuncia ante los tribunales.
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