El PPD, en tanto, rechaza cualquier inicitiva que concluya en un punto final y propone que las Fuerzas Armadas reinicien una nueva búsqueda de información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos. Por su parte, el PC concurrió a exigir que se le incluya en el proceso.
Como era de esperar, ayer siguieron llegando las propuestas de solución al tema de derechos humanos hasta La Moneda. Esta vez le correspondió al PPD y a los parlamentarios, PS Carlos Ominami y Fulvio Rossi, presentar al Presidente Lagos iniciativas con las que esperan dar solución a los casos aún pendientes en esta materia. Mientras el PPD pide al gobierno incorporar a la elaboración de una solución global el tema de los derechos humanos, Ominami y Rossi piden una nueva ley que contemple que aborde la situación que enfrentan los presos políticos.
Cerca de las 13.30 horas, llegaron a La Moneda Ominami y Rossi para entregarle el Presidente Ricardo Lagos una la iniciativa que contempla la creación de una comisión especial -conformada por representantes del gobierno, el poder judicial, y de las familiares de las víctimas- que en un plazo no mayor a 90 días "defina el universo real de las víctimas y los procedimientos para ser reconocido como tal".
La instancia tendría, además, la facultad de acoger y resolver las solicitudes que se efectúen para ser reconocidos con ex presos políticos, recabar información sobre hechos relacionados con su competencia, en organismos estatales o privados, y disponer el cumplimiento de lo resuelto.
La propuesta contempla también una serie de reparaciones morales como la realización de una ceremonia pública, en que se reconozca la condición de ex presos políticos y se reivindique la "legitimidad de su accionar"; el establecimiento del Día de la Solidaridad con los ex presos políticos y víctimas de tortura; declarar monumentos y patrimonios nacionales todos los centros de detención y tormentos a lo largo del país; y la asistencia gratuita de quienes sean catalogados como ex presos políticos a los espectáculos públicos culturales, deportivos y de esparcimiento.
Además propone reparaciones pecuniarias, medico-sicológicas, jurídicas y social-laborales. Entre las primeras menciona el establecimiento de "una pensión de por vida, de un monto homologable con la jubilación promedio de los funcionarios públicos, debiendo ser retroactiva a la fecha de secuestro o tortura". En el caso de que las víctimas hubieran resultado con secuelas directas de los apremios sufridos, la reparación deberá -dice el texto- ser complementada con un valor adicional de entre el 50 y 100 por ciento de la pensión base, dependiendo de la magnitud del daño.
En materia judicial, la propuesta plantea la "anulación de todos los procesos en los que se condenaron a través de consejos de guerra, tribunales militares o civiles, por ley de control de armas, ley antiterrorista y a partir de confesiones obtenidas bajo tortura".
Asimismo, pide un compromiso público del gobierno de hacerse parte de los procesos abiertos y por abrirse en contra de los violadores a los derechos humanos.
‘Privatizar’ los DDHH
Tres horas después de los parlamentarios del PS llegó al palacio de gobierno el vicepresidente del PPD, diputado Antonio Leal, con su propuesta bajo el brazo. En ella la colectividad rechaza cualquier iniciativa que pudiera significar un punto final, "cualquier solución privada en materia de crímenes de lesa humanidad, de violaciones a los derechos humanos, que son tema de acción pública, significa privatizar la moral y lesionar las facultades de los tribunales de justicia".
Entre sus propuestas, el PPD plantea aumentar el número de Jueces Especiales dedicados a las causas de derechos humanos; encomendar a las Fuerzas Armadas iniciar una nueva búsqueda de información sobre los detenidos desaparecidos y conceder un monto reparatorio único, a modo de indemnización, a sus familias, entre otras prioridades.
El PC también se hace presente
Representado por el secretario general de la colectividad, Guillermo Teillier, y la abogada Julia Urquieta, el PC llegó también visitó ayer La Moneda. Cerca del mediodía los representantes de esa colectividad fueron recibidos, sin embargo, por el ministro del Interior, José Miguel Insulza.
Al igual que la UDI, el día anterior, no llevaron propuesta, sino que fueron a exigir que el gobierno los incluya en este proceso y no dejaron pasar la oportunidad para criticar a la autoridad, acusándola de incapacidad para sacar adelante el tema de los derechos humanos y darle una salida mucho antes.
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