Luego de la reunión del jueves, el Gobierno y Endesa están obligados a realizar inesperados movimientos debido a la fuerte ofensiva pehuenche por conseguir reparaciones económicas.
La reunión del jueves pasado entre el gobierno y los abogados de las familias pehuenches fue todo, menos amistosa. Y es que los abogados traían consigo una estrategia que cerraba las posibilidades de maniobra a su contraparte: solicitaron que el Estado asuma la deuda en caso de que la empresa eléctrica no lo haga y, a la vez, doblaron las compensaciones para una de las afectadas que está pidiendo reparaciones.
El petitorio no es baladí, sino que estaba sustentado en la presentación de una precautoria de paralización de las obras de la central Ralco -que presenta a la fecha un 85 por ciento de avance -, basándose en la anulación del
Estudio de Impacto Ambiental de la empresa decretado por el titular del Sexto Juzgado Civil de Santiago, Hadolff Ascencio Molina. La empresa, en todo caso, apeló a la impugnación del EIA, pieza crucial para continuar una construcción que se espera concluir en septiembre próximo.
Endesa se ha negado permanentemente a indemnizar a 14 familias por la inundación de sus tierras, con 200 millones de pesos y 77 hectáreas de terreno. La multinacional está dispuesta a responder las demandas de sólo cuatro grupos familiares. Lejos de ceder un ápice, en la reunión del jueves, los abogados de los indígenas requirieron que a Aurelia Marihuán se le doblen los beneficios en tierras y dinero, ya que su predio, de 17 hectáreas, es el de mayor extensión que se verá afectado.
El abogado representante, Alex Quevedo, aseguró que debido a que la demanda interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue hecha contra el Estado de Chile, el gobierno "debe hacerse cargo de la compensación económica a las familias en caso de que la empresa no cumpla".
Quevedo afirmó que en los próximos días oficializarán la petición para que La Moneda la considere. En cuanto a la presentación de la precautoria de paralización de obras de la represa, el profesional dijo que se realizó por "la posible inundación de hecho de los predios por la crecida del río en invierno y por una cuestión de ética ante un ecosistema deteriorado por las faenas, lo que es respaldado por un Estudio de Impacto Ambiental que fue anulado por la justicia".
Quevedo agregó que "aún faltan las reparaciones ambientales y hacia la comunidad que solicitan las familias", en referencia a la cota máxima del futuro lago y compensaciones para la comuna de Ralco, con parte de las ganancias de las generaciones eléctricas.
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