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AFDD no acepta indemnización y exige nuevo trato al CDE

por 3 junio, 2003

Una serie de exigencias económicas y sociales muy específicas contiene el documento que la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos entregó ayer al Presidente Lagos. Hablaron de montos de indemnizaciones, aumento de pensiones, de cambios en la Ley de Amnistía y en la figura jurídica de "muerte presunta". Sin embargo, el trasfondo global de la propuesta es que, más allá de los resarcimientos a que tienen derecho las familias de las víctimas, la única reparación viable es la justicia.

Habiéndose reunido ya con los actores secundarios -los políticos- dentro del problema global que significan las víctimas de violaciones a los derechos humanos, el Presidente Ricardo Lagos recibió ayer a uno de los protagonistas principales, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Al igual como ya lo hicieron la semana pasada los presidentes de la UDI y del Partido Socialista, la AFDD expuso al Mandatario sus propuestas contenidas en un documento.



Uno de los aspectos más importantes del encuentro de ayer, es que como trasfondo de una serie de peticiones muy específicas que se formalizaron ayer ante el Gobierno, existe una convicción que marca diferencias respecto a otras propuestas: la AFDD no acepta como "solución" la reparación concretada a través de indemnizaciones legales y, en cambio, considera como única vía de reparación posible la actuación de los tribunales civiles de justicia.



Hubo además otro punto relevante contenido en el documento que se entregó ayer en La Moneda: la petición de un cambio en la política que hasta hoy ha aplicado el Consejo de Defensa del Estado. La AFDD reclama a este organismo que "deponga su actitud de rechazo a las demandas civiles que, en derecho, tienen los familiares de las víctimas", consigna la propuesta.



El trasfondo de esta postura tiene que ver con la connotación que subyace a la palabra "indemnización". La Agrupación defiende el derecho de los familiares que aglutina a hacer uso de la Ley y no acepta que lo que es parte de la justicia se cambie por un resarcimiento vía legal que tiene una connotación mercantil.



Así, de la misma forma en que se pide sanción penal para los responsables de las desapariciones y ejecuciones, se exige, como parte de la justicia, el reconocimiento "de que las víctimas fueron producto de la acción represiva del Estado y, por tanto, es éste el responsable de reparar el daño patrimonial y moral, de acuerdo a la normativa legal vigente y a los tratados internacionales", sostiene el documento que la AFDD puso ayer en la mesa de las máximas autoridades.



Otro de los puntos clave de la propuesta es la demanda de una ley que tipifique la figura de "ausencia por desaparición forzada". Esto, con el objetivo de que los familiares no se vean en la obligación de recurrir a la declaración de "muerte presunta", que conlleva costos emocionales graves y que no se ajusta a la realidad.



La propuesta de la Agrupación contempla demandas que no sólo tienen que ver con la reparación -un tema que incluso genera cierto pudor entre los familiares- sino también profundización en la verdad de los hechos y en los juicios criminales.



Otra de las solicitudes que se le hizo al Presidente Lagos en el encuentro de ayer fue la reposición del proyecto que busca la anulación de los efectos de la Ley de Amnistía, presentado a tramitación en 1992 durante el gobierno de Patricio Aylwin. Según informó -a la salida de la reunión- la presidenta del organismo, Lorena Pizarro, el Gobierno no se comprometió a analizar esta demanda. Luego, el ministro del Interior, José Miguel Insulza, aseguró que no existe un ánimo de anular sus efectos, porque hasta el momento se han logrado avances en los tribunales de Justicia, pero explicó que es un tema que debe ser estudiado.



Cuestión de memoria histórica



En el documento de la AFDD hay cuestiones que tienen que ver con las reparaciones económicas, pero también hay otras que siendo igual de concretas, tienen que ver más con una cuestión de memoria. La Agrupación pidió, por ejemplo, que ante las nuevas denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, se estudien los casos recepcionados a fin de proceder a su calificación.



También propuso que se incorpore la asignatura de Derechos Humanos en la malla curricular de formación de estudiantes; y que se adopten políticas de recuperación de la memoria histórica. En definitiva, una propuesta muy lejana a la posibilidad de cerrar el tema ya no sólo desde el temor de un punto final a los juicios, sino también uno social.



En cuanto al tema de la reparación, se solicitan modificaciones a la Ley 19.123, demandando un reajuste del monto referencial de las pensiones de 240 mil pesos a 600 mil pesos mensuales. También, la transferencia automática de la pensión desde la madre al padre del detenido desaparecido, cuando la primera fallezca. Además, que la pensión a los hijos de las víctimas no se extinga por la edad, que sean también beneficiarios los hermanos de la víctima y que las convivientes perciban la pensión en la misma calidad y monto que las esposas.



La propuesta de reparación también contempla ampliación de los beneficios médicos. Es así como se solicita que el Programa de Reparación Integral en Salud y Derechos Humanos (Prais) sea reglamentado a través de una ley, que esta iniciativa recupere u espíritu original de prestaciones exclusivas a víctimas sobrevivientes y a familiares de los casos tipificados en el Informe Rettig, que el programa sea independiente de otros del ministerio de Salud y que cuente con un presupuesto propio para enfrentar enfermedades catastróficas, emergencias en salud y entrega gratuita de medicamentos de alto costo.



Finalmente, se demanda la modificación de la Ley de Reparación en lo relativo a los beneficios educacionales que esta contemplaba. Así, se solicita que no exista límite de edad para acceder a la beca de estudios para hijos de víctimas, que los nietos tengan también este beneficio y que la beca contemple post grados y post títulos.



Se estima que el gobierno estará en condiciones de responder a esta propuesta en un plazo de 15 días.



Diferentes interpretaciones



Tras la reunión de ayer entre la agrupación y el Presidente Ricardo Lagos, se enfrentaron dos visiones respecto al valor de la cita. Y ellas no provinieron del Gobierno y la organización, sino que coexisten dentro de esta última.



Mientras la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, criticó que Lagos no haya considerado la iniciativa de la agrupación como la única válida para resolver este tema, la vicepresidenta, Mireya García, valoró que él se haya comprometido a no dictar una ley de punto final.



Pizarro explicó que esperaban que el Presidente Lagos rechazara abiertamente la propuesta de la UDI, lo que finalmente no ocurrió pues se manifestó dispuesto a estudiar todas las propuestas sobre esta materia.



"Independientemente de que fuimos escuchados, nuestra propuesta será escuchada junto a otras, cuando nosotros solicitamos específicamente que la propuesta de los familiares de detenidos desaparecidos, sea la propuesta del gobierno y que el Presidente de la República le dé curso y tenga la suficiente voluntad política para que resolver la situación de los derechos humanos", señaló Pizarro.



La dirigente añadió que, además de pedirle a Lagos que no cursara la propuesta de la UDI porque "no la sentimos válida", solicitaron que se anulen los efectos de la ley de amnistía, dictada por la dictadura militar.



Pizarro, hija de la desaparecida presidenta de la AFDD Sola Sierra, aseguró que estudiarán si participarán o no en la comisión que analizará estas propuestas, dependiendo de quienes la integren.



Tras las palabras de Pizarro, la vicepresidenta de la AFDD, Mireya García (PS), tomó la palabra y puso el énfasis en que el Presidente se comprometió a que durante su gobierno no se dictará ninguna ley que tienda al punto final de los casos de derechos humanos que actualmente se ventilan en los tribunales de Justicia.



"Lo que considero más importante como resultado de este encuentro con el Presidente de la República fue el hecho de que nos aseguró que durante su gobierno, que no hay punto final para el tema de las violaciones a los derechos humanos. Escuchar eso del Presidente es realmente muy significativo, en momentos en que la derecha está haciendo una propuesta que tiende al punto final", explicó.



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