Las implicancias de este informe no son menores: de acuerdo a los tratados de libre comercio firmados con EEUU y con la UE, Chile está obligado a hacer respetar la normativa vigente. De lo contrario, especialmente, en el caso norteamericano, se pueden «vetar» productos de exportación.
El diputado socialista Carlos Montes habló fuerte y claro en la sala de la Cámara de Diputados. En primer lugar de la tabla de ayer estaba el informe de la comisión investigadora encargada de analizar los incumplimientos empresariales de la normativa laboral vigente al 2001, situaciones que, según Montes siguen repitiéndose en la actualidad.
Aunque el informe recoge lo sucedido antes de la aplicación de la reforma laboral -aprobada el 2001-, lo cierto es que las prácticas antisindicales; la búsqueda de resquicios legales como por ejemplo, la existencia de varias empresas en una lo que permite la constitución de varios sindicatos; la descomposición de una empresa para colocar las utilidades en una y a los funcionarios en otra, continúan afectando a los trabajadores, según el diputado PS.
El duro informe se aprobó por 48 votos concertacionistas, 34 abstenciones de la oposición y uno en contra del RN Maximiano Errázuriz. En él se establece que «el incumplimiento masivo de la normativa laboral atenta contra la vigencia de un Estado de Derecho, donde las conductas de los ciudadanos se ajustan mayoritariamente a las normas legales».
Según explicó Montes -quien presidió la comisión-, si se observa «en el campo laboral la cantidad de situaciones donde se ha actuado por fuera de las normas legales, o de los principios constitucionales, o de los convenios internacionales, uno dice aquí el Estado de Derecho funciona de manera muy imperfecta en materia laboral, porque no se respeta».
En este sentido, agregó que hay fallos de tribunales donde a las personas no se les paga lo que se les debiera; hay multas de la inspección que no se pagan; juicios demasiado largos y gente especializada en dilatarlos.
«Los trabajadores no pueden resistir un juicio y están forzados a aceptar una solución cualquiera que sea porque no está en condiciones de mantener un juicio por dos, tres años. Una parte de los trabajadores sienten impotencia respecto a la justicia en materia laboral», explicó.
Pero el diputado de RN, Carlos Vilches fue más allá. «Si se masifica o continúa la masificación de no respetar las leyes laborales, es porque no se está cumpliendo el ejercicio de la ley. En ese caso hay que hacer incluso acusaciones constitucionales contra ministros y quienes son los responsables del sector del trabajo y por eso nos preocupa».
Asimismo agregó que «hoy prácticamente no se contratan personas, esos servicios los llevan contratistas, por ejemplo, en Codelco hay 17 mil trabajadores dependientes de contratistas que tiene estándares mucho más bajos en sueldos, implementación de seguridad y beneficios sociales que los trabajadores de planta de esa empresa».
Sin embargo, para el gobierno, el diagnóstico anterior es «un poco excesivo», según explicó el ministro (s) del Trabajo, Yerko Ljubetic. En todo caso, Ljubetic comentó que ello «no quiere decir que no desconozcamos que hay un problema efectivo en normas en particular. De hecho, eso explica que el gobierno esté impulsando la reforma a la justifica laboral y previsional».
TLC e incumplimiento empresarial
Un tema importante luego de los tratados de libre comercio que Chile ha firmado con EE.UU y con la Unión Europea es el del cumplimiento a la normativa laboral.
En este sentido, tanto Vilches como Montes sostuvieron que el incumplimiento a la ley podría tener consecuencias negativas. De hecho, Vilches afirmó que el tema es muy delicado, pues en materia laboral hay muchos organismos internacionales que están constantemente informando. «Si se ve que aquí hay una negligencia o ablandamiento en el cumplimiento de las normas, te puede significar que los sectores donde no se cumplan las normas laborales sean vetados para que sus productos lleguen al exterior».
Según el ministro (s), el tema se aborda en ambos tratados, pero que en el caso del firmado con EE.UU. se estableció que ambos Estados se comprometen a llevar adelante todas las iniciativas que impliquen el respeto de su propia legislación y la única obligación que se asumió es que cada Estado cree todas las medidas necesarias para que las normas laborales respectivas se cumplan, particularmente aquellas que dicen relación con los derechos fundamentales de la OIT, donde se consignan aspectos fundamentales de la legislación chilena.
«Tenemos que avanzar en el cumplimiento, como el tema de las organizaciones sindicales y negociación colectiva. Hay demasiadas prácticas antisindicales en Chile y eso no sólo tiene que ver con la norma que se perfeccionó en la reforma laboral», dijo Ljubetic.
Agregó que aunque vaya a haber más fiscalizadores, «detrás hay un problema de cultural. Tenemos empleadores que mayoritariamente ven al sindicato no como un colaborador sino como un adversario. Muchas veces invierten parte importante de su preocupación relativa a los recuross humanos en impedir la filiación sindicales o liquidar los sindicatos con los dirigentes existentes», afirmó Ljubetic.
Aclaró que lo que una parte puede alegar respecto de otra es que hay un incumplimiento sostenido atribuible a situaciones que involucran al Estado, en el sentido que el Estado haga todo lo necesario para que estas situaciones terminen y que signifiquen aspectos de los derechos laborales fundamentales.
El resultado de esa reclamación tiene que pasar por un proceso de consultas, verificaciones y de intercambios entre Estados, en el caso de que no haya una solución al problema. «Efectivamente, una parte puede imponer a la otra excluir de determinadas preferencias ese producto o aplicar sobre tasas en la medida que el procedimiento que contempla el convenio establesca que allí hay una situación contemplado en el capítulo laborales».
Por su parte, el diputado Montes dijo que como esto es un problema cultural en Chile, las empresas extranjeras que se instalan en el país y que comienzan cumpliendo la norma, finalmente terminan por adoptar las malas prácticas chilenas en esta materia, pues de lo contrario estarían en desventaja con sus competidores nacionales.
«La visión de la derecha es ignorar los problemas del mundo laboral, como si no existieran y cree que son ficticios y casos aislados. Y no entiende que hay algo que está más generalizado de lo que se piensa que hay buenos empresarios que cumplen todos pero otros que no», dijo al comentar la abstención de la Alianza por Chile en la sala.
Justicia laboral
El informe se refería además a la necesidad de modificar la justicia laboral. En este sentido, Carlos Montes afirmó que la bancada del PS no está dispuesta a legislar sobre adaptabilidad laboral y otras materias si es que no se avanza en lo que respecta a la justicia laboral, incluyendo salas especializadas en la Suprema, «porque hoy todo el procedimiento es muy lento y hay que crear un nuevo procedimento, tenemos menos tribunales que los que teníamos en 1970».
Por su parte, Vilches -que se abstuvo pues esperaba que el texto propusiera modificaciones a la ley-, afirmó que si bien hay cientos de denuncias son miles los empresarios que cumplen y que tal vez sea necesario establecer sanciones más fuertes contra estos últimos.
El parlamentario de RN concordó con la necesidad de impulsar rápido el proyecto de los tribunales laborales, pues los que existen están sobrecargados y agregó que también es necesario dotar de más personal a la dirección del trabajo, para que se puedan atender todas las denuncias.
«Si no hay una normativa incluso en los tribunales laborales que sea suficientemente sancionatoria, para los que no cumplen, ninguna norma se va a respetar», dijo al ser consultado sobre si al igual que Montes, era partidario de ligar el proyecto de la justicia laboral con el de adaptabilidad laboral.
En tanto, el ministro (s) afirmó que cumplirá con el compromiso adquirido por el Presidente Lagos y que durante el mes de junio enviará al Parlamento el proyecto de los tribunales laborales y el de la adaptabilidad laboral.
Ljbetic agregó que como hay un problema efectivo de no cumplimiento de la normativa, se hace más dificil llevar adelante iniciativas más innovadoras como, por ejemplo, la adaptabilidad pactada. «Necesariamente hace que tengamos que revestir estas iniciatvas de formas de protección que impidan situaciones de abusos que puedan profundizar algunos de los problemas que hoy tenemos, por eso hay una vinculación importante entre ambos proyectos».
