La propuesta, que busca que el negocio de la basura pase del nivel municipal al regional, había sido planteada hace meses por la titular del Sesma. El anuncio de Trivelli se da en momentos en que él mismo reconoció que se debe evaluar el cierre del vertedero de Talagante por las graves falencias en que ha incurrido.
Los nuevas filtraciones de líquidos percolados o jugos de la basura que afectaron los últimos días al relleno sanitario Santa Marta, ubicado en Talagante, llevaron a que las autoridades regionales desempolvaran el proyecto de regulación de la basura, propuesta estudiada hace meses en el área ambiental.
Frente a las cámaras de televisión, como le gusta, el jefe metropolitano anunció que ante "la existencia de un vacío legal en materia de residuos domiciliarios y frente a las constantes fallas del relleno sanitario Santa Marta se enviará a la secretaría General de la Presidencia un proyecto para regular el proceso de recolección y disposición final de los residuos sólidos domicilarios».
Como forma de cerrar el círculo de cuestionamientos a su propia gestión por haber apurado la apertura del vertedero -y que le llevó incluso a que se promoviera una acusación constitucional en su contra-, Trivelli remarcó la carencia de facultades a la hora de evaluar "las condiciones empresariales de los operadores", por lo que aseguró que urge una ley en esta materia.
La propuesta se da justo cuando el viernes pasado se detectó una falla en la impermeabilización del relleno de Talagante que generó una nueva filtración de líquidos percolados o jugos de la basura desde la piscina de acumulación a nivel superficial, según dijeron las autoridades.
Lo anterior llevó a que el Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente (Sesma) exigiera rebajar a la mitad la carga de desechos en el acopio; y que se pidiera a Enasa, empresa administradora del recinto, el retiro de los líquidos hacia la planta el Trebal durante al menos tres meses y la construcción de una nueva piscina impermeabilizada y certificada por empresas independientes.
Además, se inició en la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) un proceso de sanción que incluso podría llegar al cierre del depósito, aclaró el intendente.
El relleno ha enfrentado, desde su apertura en abril pasado, una serie de cuestionamientos de los vecinos al recinto y de los agricultores y del municipio de Talagante que han interpuesto acciones legales para detener el funcionamiento del acopio. Hace unas semanas, la alcaldesa Lucy Salinas intentó clausurarlo nuevamente por no poseer patente municipal, gestión que fracasó finalmente.
Nada habló el intendente, eso sí, sobre el reciente dictamen de la Contraloría General de la República, que obliga a "reexaminar» las exigencias ambientales del acopio, lo que se contrapone con sus declaraciones sobre el seguimiento estricto de las operaciones que se desarrollan en el recinto.
Nada nuevo bajo la basura
La idea anunciada por Trivelli no es nueva. El proyecto que se presentará el lunes toma como modelo el sistema sanitario en el que a las empresas concesionarias de agua potable y servidas se les exigen condiciones específicas de capacidad empresarial para desarrollar su actividad. Un planteamiento en esta línea realizó en diciembre pasado a El Mostrador la recién asumida directora del Sesma, Soledad Ubilla .
En conversación con este medio, la profesional señaló ayer que se "ha diagnosticado que las municipalidades no tienen la capacidad para resolver el tema de la disposición final de los residuos, pero sí tienen capacidad para hacerse cargo de la recolección domiciliaria. Por ello, nuestro planteamiento es solicitar a través una ley la posibilidad de que sea la región -a través de una licitación- la que defina los sitios de disposición final. Es la región la que debe tener capacidad para resolver el problema".
Consultada sobre si esta ley implicaría mayores compensaciones hacia las comunas en que se emplacen los vertederos, Ubilla explicó que "sería interesante estudiar este tema, pues la instalación de esos recintos significan un daño para éstas. El tema fundamental es separar los roles: que el municipio sea responsable del retiro domiciliario y la región responsable de la organización de la disposición final porque hoy el requerimiento sanitario que se hace a una disposición final requieren inversiones muy grandes que no son posibles de manejar a escala comunal", precisó.
Ubilla señaló que el diagnóstico que se hace de la gestión municipal es que en la práctica, las autoridades regionales "han estado a cargo los últimos meses de ordenar la disposición de los desechos -y no necesariamente de los alcaldes-. Y si se mira el resto del país se encuentra con problemas similares. Nadie impide que los alcaldes se organicen para negociar, pero es distinto es decir cuáles son las soluciones definitivas: tiene que ser la región, en función de las necesidades de una gran ciudad».
La iniciativa también ha sido ampliamente estudiada por empresas privadas que buscan activar el rol de las intendencias y de limitar el trabajo de los municipios. La idea de Aneger fue expuesta ante la Comisión de Recursos naturales de la Cámara hace algunos meses.
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