Luego de que las negociaciones entre los pehuenches y Endesa se quebraran tras la anulación de la evaluación ambiental de la Central Ralco, las familias indígenas solicitaron que el Estado asuma las millonarias reparaciones económicas que la empresa se niega a otorgar. El Gobierno insiste en que el conflicto debe ser zanjado por las partes.
En los últimos días, el rol mediador que ha tenido el Gobierno en el conflicto por la construcción de la represa en el Alto Biobío está haciendo agua: ante la negativa de Endesa a pagar las millonarias reparaciones que exigen los pehuenches, sus representantes han iniciado una dura embestida contra la empresa transnacional e, incluso, contra el propio Ejecutivo.
Ante el emplazamiento, el subsecretario del Mideplán y Coordinador de Políticas Indígenas, Jaime Andrade, intentó separar aguas al sostener que las reparaciones económicas por 200 millones de pesos y 77 hectáreas que solicitan 15 núcleos familiares no serán absorbidas por el Estado, en el caso de que Endesa no las asuma, tal como le plantearon los abogados de los pehuenches en la última reunión amistosa que sostuvieron.
«Al Estado no le corresponde, necesariamente, aquello. Si las partes están disponibles para buscar una salida negociada, el gobierno puede ayudar a encontrar fórmulas razonables para esa solución. Toda la negociación se ha hecho en base de que las reparaciones directas son entre Endesa y las familias», afirmó el subsecretario. «Hemos tratado de llegar a un acuerdo en este tema, sabiendo que hay una dimensión política general donde hemos trabajado muchos temas como los políticos, ambientales donde hemos avanzado bastante. En lo que no se avanzó es en lo material, pero mantenemos nuestra disposición para tratar de buscar una solución, que por la materia judicial, hace que nuestro rol se debilite», agregó.
La situación se puede hacer más compleja si los tribunales acogen recurso de protección en presentado por Endesa en contra del Superintendente de Electricidad y Combustibles (SEC), «por haber retenido, de facto la notificación que debió haber efectuado hace seis meses a Endesa y a cuatro familias pehuenches», sobre las tasaciones de los predios en disputa realizadas por la Comisión de Hombres Buenos, que serían mucho menores a los montos que reclaman los grupos familiares.
Si el recurso que fue presentado le martes pasado es acogido, la empresa eléctrica podría -según el procedimiento establecido en la Ley Eléctrica- tomar posesión de los terrenos afectos a servidumbre legal de ocupación, previa consignación judicial de los montos que se hayan determinado en los informes de valorización de la citada Comisión de peritos.
Aunque los pehuenches han logrado obtener gran parte de las reparaciones políticas que exigen, con creación de la futura comuna de Ralco, si la tasación realizada por la Comisión de Hombres Buenos es, efectivamente, inferior a lo que esperan recibir, una de las más importantes no se cumpliría. Además, según informaron los abogados defensores, tampoco se ha logrado llegar a un consenso en torno a las reparaciones ambientales, ni sobre la entrega de parte de las ganancias que obtendrá Endesa con la Central Ralco a la comunidad indígena.
Rol del gobierno
Andrade enfatizó «el cambio de escenario» que se gestó a partir del fallo del Sexto Juzgado Civil que impugnó el Estudio de Impacto Ambiental de la represa y que dio lugar a la presentación de una precautoria por parte de los abogados para detener judicialmente las faenas en Ralco. El lunes pasado, el tribunal acogió a «medias» la solicitud al permitir que la construcción continúe adelante, pero ordenando a la empresa no inundar los predios mientras existan juicios pendientes.
«Hubo un cambio de escenario muy radical a propósito del fallo del Sexto Juzgado Civil y de las otras acciones y decisiones judiciales que se han dado. El gobierno mantiene su disposición a dialogar, pero la verdad es que las partes están enfrentadas en un tema judicial bastante complejo que en un parte también involucra al propio gobierno», sostuvo Andrade.
Consultado sobre si el Gobierno pudo evitar las acciones legales de las familias pehuenches a raíz del dictamen del Sexto Juzgado explicó que «el fallo estaba pendiente y coincidió la resolución en medio de las negociaciones. Las familias estimaron que debía hacer ese requerimiento».
«Hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance. Tenemos que recordar que la denuncia que las familias hicieron ante la Comisión Interamericana es contra el Estado de Chile, éste respondió a fines de febrero y se manifestó dispuesto a una negociación amistosa con las familias y también a negociar frente a Endesa. Pero la demanda del Sexto Juzgado estaba presentada hace años y coincidió con las negociaciones, lo que pone varias condicionantes en el plano judicial que debilitan el esfuerzo negociador», agregó.
Para el presidente Ricardo Lagos, un área prioritaria es la normal generación eléctrica del país, por lo que ha protagonizado varias declaraciones en torno a dar garantías a familias y la transnacional para solucionar el conflicto. En torno a eso, Andrade explicó que «el presidente nos encargó esta tarea a mediados del año pasado y la posición de él siempre ha sido que el gobierno sea garante de las partes y ese es el rol que hemos intentado jugar parta buscar una salida por la vía de la negociación. Eso está condicionado a la voluntad de las partes».
Según el subsecretario «existiría una posibilidad de negociación extra judicial en el caso del fallo del Sexto Juzgado Civil entre Endesa y las familias, pero por otro lado está la apelación de Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) que tiene que apelar al fallo pues está puesto en cuestionamiento su desempeño. Si todas las partes tuvieran la disposición es posible buscar una salida negociada, pero en este minuto esa salida un poco débil».
Además, señaló, que conversó informalmente con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana durante la reunión de la Organización de Estados Americanos e informará en un plazo breve sobre el estado de avance de las negociaciones. Asimismo, las familias -entre ellas Berta Quintremán- se reunieron con el martes con el subsecretario para reiterar su disposición de buscar un acuerdo, aunque anunciaron que insistirán con acciones legales.
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