El dueño del predio afectado por el escurrimiento de líquidos percolados, Domingo Martí, analiza pedir al Presidente de la República que ordene la paralización de las actividades del cuestionado depósito de residuos, utilizando las facultades que le otorga la ley.
En vista de que las autoridades regionales «no han dado solución» a las irregularidades que ha presentado el relleno Santa Marta, como la filtraciones de líquidos percolados hacia el fundo de Domingo Martí, el agricultor estudia solicitar el Primer Mandatario para que, en uso de sus facultades, ordene el cierre del cuestionado vertedero de Talagante.
Martí hizo el anuncio luego de que el Servicio Agrícola y Ganadero -SAG- de la Región Metropolitana detectara el lunes 9 de junio la presencia de jugos de la basura en las aguas de un tranque de regadío. El dueño del predio afectado sostiene un largo juicio con el consorcio ENASA, que administra el relleno, tras la presentación de un recurso de protección interpuesto en mayo de 2002.
El abogado del empresario, Carlos Vasallo, precisó que de no mediar la clausura del vertedero se pediría que se haga efectivo el Decreto Ley 3.557 que establece que los establecimientos de cualquiera índole que manipulen productos susceptibles de producir polución ambiental, "se encuentran obligados a adoptar oportunamente las medidas técnicas y prácticas que sean precedentes a fin de evitar o impedir la contaminación".
"Sin perjuicio de lo anterior, deben acatar todas las medidas que el Presidente de la República dicte al respecto, por intermedio de los Ministerios de Agricultura o de Salud. Ante casos calificados de contaminación, el Presidente de la República puede ordenar la paralización total o parcial de las actividades y empresas artesanales, industriales, fabriles y mineras que lancen humos, polvos o gases o que vacíen en las aguas productos o residuos que, comprobadamente, perjudiquen la salud de los suelos o causen daño a la salud, vida, integridad o desarrollo de los vegetales o animales".
Además, amparado en el artículo 14 de la Ley de Protección Agrícola, Domingo Martí podría solicitar una elevada indemnización al consorcio administrador del relleno por la contaminación de sus tierras. De hecho, el empresario ha tenido millonarias pérdidas al no poder vender su producción.
Asimismo, para hoy a las 11 horas, está programado que la Directora del Sesma, Soledad Ubilla, interponga una querella -en el Juzgado de Letras de Talagante- "contra quienes resulten responsables por presunto delito contra la salud pública, ante eventual descarga intencionada de líquidos percolados del relleno sanitario Santa Marta", según se informó ayer.
Informe del SAG
Los organismos fiscalizadores de la Región Metropolitana mantuvieron -durante la mañana de ayer- reuniones para conocer los alcances del informe del SAG metropolitano. Asimismo, el Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente (Sesma), dará a conocer los resultados de las mediciones que realizó el viernes 13 de junio en el mismo sector, en los próximos días.
El director del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región Metropolitana, José Ignacio Gómez, en conversación con El Mostrador dijo personal del SAG, ante las denuncias de los vecinos, concurrieron hasta el lugar para recoger muestras, las que dieron como resultado la presencia de líquidos percolados en los predios.
"El agua del sector se comparó con otras muestras de agua de vertientes vecinas o testigos. Se hizo una medición rápida que denota la presencia de materia orgánica. El agua calificada como normal no tiene ese tipo de materia", afirmó.
Gómez aclaró que, dependiendo del tipo, la presencia de líquidos percolados puede afectar en forma grave las actividades agrícolas del sector. "En este caso se trata de un percolado joven, o sea una combinación de agua con materia orgánica. Uno antiguo que proviene de la basura degradada y de la que empiezan a escurrir los metales pesados es más preocupante", dijo.
Debido al hallazgo, ayer por la mañana el tribunal del SAG notificó al representante legal de la empresa ENASA de la infracción. Ahora, adelantó Gómez, se inicia una etapa probatoria en el cual el consorcio acusado como la parte demandante deben presentan sus pruebas.
Según el representante del comité de seguimiento del relleno, Andrés Zollner, la situación de agua contaminada se agrava al considerar que ENASA no ha implementado dos pozos de monitoreo de la calidad del agua, obligación establecida por la Resolución de Calificación Ambiental 433 de 2001. Depósitos que debían estar operando en dos sectores desde que el acopio inició sus actividades el 2002: uno en el muro de contención y el otro, precisamente, en las cercanías del predio de Domingo Martí.
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