La búsqueda de información concreta, y con testigos, respecto a los cuerpos y lugares exactos será tarea para encomendar al Programa de Derechos Humanos, ente que multiplicará las denuncias. La piedra de tope es que los datos sistematizados (no parciales) sólo se podrán obtener si quienes ostentaron cargos de poder en el Ejército están dispuestos a hablar.
El Gobierno está empeñado en reponer el tema de las remociones y lograr que el Ejército, principal artífice en el pasado de este tipo de acciones de encubrimiento, reconozca institucionalmente que estos hechos correspondieron a una acción sistemática ideada por los mandos superiores de la época en que se realizaron, tal como se hizo con el tema de los detenidos desaparecidos gracias a la Mesa de Diálogo.
Este, puede ser entendido como uno más de los gestos que por estos días han venido efectuando las instituciones armadas en una especie de preparatoria de la conmemoración de los 30 años del golpe militar.
Sin embargo, la problemática de las remociones de restos de detenidos desaparecidos dio también a La Moneda la posibilidad de reposicionarse en el tema de las violaciones a los derechos humanos, luego que la UDI quedara, a ojos de la opinión pública, por más que la Moneda ha intentado revertirlo, como el partido que impulsó el debate en torno a la reparación a los familiares de las víctimas.
Sin embargo, el cierre que se posibilita a la luz de una vez la información sobre las exhumaciones efectuadas por las Fuerzas Armadas a partir de 1978 para encubrir los asesinatos cometidos, es más político-social que jurídico.
Las implicancias de tal sinceramiento se resumen en el avance sustantivo en la verdad histórica que podría ayudar a la reconciliación, pero sin limitar las investigaciones judiciales en curso. Es decir, sin ponerles plazos ni despenalizar las violaciones a los derechos humanos, aun cuando los datos que se logren extraer respecto a este mecanismo siniestro del régimen militar podrían terminar, avanzados o finalizados los procesos, en una retipificación de los delitos.
Ejército estaría listo para reconocer exhumaciones
Pero, la verdad histórica que se develaría institucionalmente con un eventual reconocimiento oficial del Ejército en este tema, que por lo demás estaría ad portas de realizarse -según aseguran personeros que están siguiendo las conversaciones entre el gobierno y el Ejército-, podría tener con el tiempo consecuencias jurídicas no menores.
No obstante, esto sería así sólo si el Gobierno logra posteriormente recoger, a través de alguna vía en la que se está trabajando, la información respecto a restos exactos en lugares exactos y posterior remoción. Entre las vías posibles para lograr esto se consideran desde el evento de ofrecer eximentes de responsabilidad penal a quienes cooperen, con una consecuente tipificación de delito al ocultamiento de estos datos para quienes los posean, hasta la entrega de información a través de canales confidenciales como la Iglesia.
Datos de este tipo no implicarán un cierre automático ni menos programado de los procesos judiciales. De hecho, ya son varios los tribunales que cuentan con este tipo de información y han continuado con las indagatorias para determinar las responsabilidades penales de quienes participaron en las detenciones, asesinatos y desaparecimientos de las víctimas del régimen militar.
Sin embargo, cambiaría el escenario una vez concluída la investigación judicial, abriendo la posibilidad de que el delito de secuestro permanente no pudiera aplicarse, debiendo la Corte Suprema resolver en última instancia qué tesis jurídica se impondrá y si es o no aplicable sanciones por estos delitos (las ejecuciones).
Postura de los tribunales
Dos de los tribunales que poseen información sobre remociones son el Tercer y el Quinto juzgados del Crimen de Santiago. Los datos se originaron a raíz de las investigaciones realizadas por los ministros en visita Carreño y Amanda Valdovinos, quienes fueron encomendados por la Corte Suprema para pesquisar el paradero de detenidos desaparecidos luego de los antecedentes aportados por la Mesa de Diálogo.
Ambos magistrados entendieron que su cometido no era investigar las remociones así que los datos que les fueron allegados sobre el tema los derivaron a los tribunales que investigaban el crimen de las víctimas que habían pasado por Cuesta Barriga y Fuerte Aretaga.
En Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior explican que, en la época que se tuvo datos sobre las remociones efectuadas en tales lugares, estos se pusieron a disposición de los ministros y se formalizaron las denuncias respectivas (octubre de 2001 y principios de 2002, según el caso). Luego vino la declinatoria de los magistrados y posteriormente los jueces que tomaron estas indagaciones centraron la investigación en los autores de los homicidios, mas no en los desentierros.
Algunos personeros de Gobierno prefieren no hablar de exhumaciones ilegales, pues jurídicamente ellas no pueden existir si no ha habido antes una inhumación necesariamente legal. Por eso, las denuncias del programa se canalizaron por la vía de la necesidad de perseguir las maniobras de encubrimiento del delito principal: el desaparecimiento de personas. Tal acción, sin embargo, posee una pena mínima que es posible cumplir sin que la persona vaya a parar a la cárcel.
En esta línea, distintos abogados de derechos humanos vinculados al PS han planteado al Ejecutivo la necesidad de explorar la configuración de una asociación ilícita.
Es decir, que el Programa de Derechos Humanos -se adelanta que tras la propuesta del Gobierno se multiplicarán las denuncias por remociones, en base a los datos que ya tiene este ente y otros que podrían allegarse- concentre sus esfuerzos en acreditar ante los ojos del juez que hubo una agrupación criminal especialmente destinada a desenterrar los cuerpos y hacerlos desaparecer, dinamitándolos o lanzándolos al mar. Esta circunstancia aumentaría las penas a cumplir por quienes participaron únicamente de este proceso, y no de las ejecuciones (ellos ya se exponen a penas mayores).
La pregunta que subsiste es, sin embargo, quién estará dispuesto a entregar la información concreta que posee, con nombre y apellido, respecto a las exhumaciones realizadas entre 1978 e incluso principios del gobierno de Patricio Aylwin.
Quiénes lo saben
En esa línea, se coincide en señalar que La Moneda no ha sido lo suficientemente audaz para atreverse a hablar de la necesidad que colaboren quienes ostentaban cargos de poder en el Ejército, centrando siempre la idea de obtener información a través de quienes no estaban completamente concientes de el acto que realizaban.
Sin embargo, los datos sistematizados están en manos de los primeros. Si ellos no se convencen que habrán beneficios judiciales tras el aporte de información no la entregarán, dicen personas que conocen del tema y que, aun cuando están vinculadas al Gobierno y son detractores de los crímenes que se cometieron en dictadura, postulan incluso la necesidad de asimilar la figura de delación compensada que existe para organizaciones criminales terroristas o de narcotráfico, a estos grupos represores.
Lo cierto es que ya hay un hombre, el general (r) Odlanier Mena, que reconoció la realización de este tipo de operativos de encubrimiento. Quiénes conformaron ese equipo y cuál fue el destino de cada cuerpo es algo que ahora se intenta precisar. Sólo se sabe que fue Augusto Pinochet quien ordenó a todas las guarniciones del país, en 1978, hacer un catastro de los entierros de las víctimas de cada jurisdicción militar.
Por ahora, en fuentes militares se habla que no más de un centenar de personas participaron en el proceso de recolección de restos en todo el país y de ellos no más de 20 pertenecerían a la oficialidad. Los nombres de todos ellos y el paradero final de cada cuerpo está en manos de unos pocos.
