En la búsqueda de un nuevo operador del relleno de Talagante, las empresas Besalco e Hidrosan han estudiado por días su posible entrada a un negocio que ha costado millones de pesos extra a los actuales administradores por las exigencias adicionales impuestas por la autoridad.
La idea de limpiar la gestión del operador del relleno Santa Marta por las sucesivas irregularidades que ha presentado desde su entrada en operaciones el 2002, ha generado una acalorada negociación en el seno del consorcio.
El anuncio de la entrada de un socio estratégico la semana pasada -y ampliamente promovida por el intendente metropolitano Marcelo Trivelli- ya tiene como candidatas a las empresas Besalco e Hidrosan, que llevan adelantadas conversaciones para que uno de ellos, o ambos, reemplacen a Enasa. Hoy se definiría en la reunión del directorio del consorcio el nombre de quien controlará las operaciones del cuestionado vertedero y, pese a los trascendidos, en la empresa que coordina las comunicaciones del relleno se aseguró que "aun no se define nada".
El ingreso de un socio para operar Santa Marta constituye una compleja decisión. Se trata de un negocio que hasta ahora presenta inconvenientes para un futuro controlador pues, según fuentes de este ámbito empresarial, es hacerse parte de "uno de los proyecto más fiscalizados del país", a lo que hay que sumar las sucesivas exigencias que se han agregado en los últimos meses y que no estaban en la resolución de calificación ambiental. Todo cual le resta atractivo a un negocio que ha demandado millonarias inversiones.
Fuentes del sector afirman que uno de los puntos en que se ha centrado la discusión es que la nueva empresa que se asocie deberá solventar nuevos gastos que ha generado el proyecto, que a un año de su inauguración, se le han hecho exigencias como las que se piden en países como Suiza para seguir funcionando.
Pese a que el negocio de la basura se considera uno de los más rentables, los sucesivos cuestionamientos al acopio de Talagante por filtraciones de líquidos percolados -recientemente el Servicio Agrícola y Ganadero detectó vertidos en un predio vecino al depósito- han hecho que las autoridades del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente (Sesma) hayan reordenado la distribución de toneladas de desechos hacia los acopios de Loma Los Colorados, en Tiltil, y Santiago Poniente, Maipú, lo que ha mermado los ingresos que originalmente obtenía Santa Marta de 21 comunas, las que hoy sólo suman 13.
Con las pérdidas de comunas y nuevas exigencias, otra idea que se ha evaluado al interior del consorcio es cobrar un rango de precio que oscila los cinco mil pesos por tonelada de basura, en contraposición con los tres mil que se paga hoy, para palear el déficit.
Al interior de la Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos (Emeres), entidad que licitó como rellenos el 2001 a Santiago Poniente y Santa Marta, aseguran que les interesa definir los antes posible al operador para dar tranquilidad a los municipios que aún llevan sus desechos al acopio. El organismo, integrado por 21 municipios, envió el martes una misiva al consorcio Santa Marta para que agilice el encuentro del nuevo socio y así conocer el perfil de gestión que tendrá la empresa para informar a las comunas miembro.
Cuestionamientos
Entre los vecinos de Santa Marta, permanentes fiscalizadores del proyecto, aseguran que el publicitado cambio de socio es sólo "cosmético".
El representante del comité de seguimiento del relleno, Andrés Zollner aseguró que de ser Hidrosan la empresa que finalmente opere en el relleno, los problemas podrían aumentar. Hidrosan, según Zollner, "no posee experiencia en el rubro e incluso creemos que no sería conveniente dado que podría ser responsable de las filtraciones de líquidos percolados".
Hidrosan es la empresa encargada de la construcción de la planta de tratamiento de líquidos percolados de Santa Marta, por lo que Zollner añadió que "un funcionario de esa entidad aseguró que eran líquidos tratados y sin peligro alguno, lo que era falso pues se comprobó que derivaban de desechos".
Además, los vecinos cuestionan los vínculos de la empresa que gestionaría el depósito, pues es dueña de Hidrolab, firma que estudia las muestras de aguas a Santa Marta con los que luego se entregan los informes de control interno exigidos por autoridad.
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