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Corfo evalúa querellarse contra ex operadores de corredoras bancarias

La acción legal, que está casi lista para ser presentada, se basa en el artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores y puede involucrar penas que van desde 5 años y un día hasta 10 años. Los abogados de la aseguradora Le Mans también presentarán un libelo contra el ex ejecutivo del Banco Santander, Claudio Novoa. [Lea el informe de la Comisión Investigadora].


La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) evalúa presentar una querella criminal en contra de los dos operadores de corredoras de bolsa bancarias que ayudaron a Inverlink a concretar el movimiento de papeles del organismo gubernamental.



De hecho, ya está definido el tipo penal que se usará para iniciar las acciones legales contra Gino Tirapegui y Juan Pablo Prieto, del Scotia Bank y BBVA, respectivamente. Ambos recibieron dineros desde el holding por sus servicios, tras lo cual fueron despedidos de las instituciones donde laboraban por faltas a la probidad.



Si bien es cierto, la querella aún no ha sido ingresada al tribunal, una alta fuente de la Corfo, comentó a El Mostrador que el tema está casi decidido, y se ha discutido reiteradamente en las reuniones que la entidad sostiene para coordinar las acciones en el caso Inverlink que sustancia el ministro en visita Patricio Villarroel.



Los antecedentes recabados hasta ahora por este diario apuntan a que la Corfo basa sus dardos en los artículos 53 y 59 de la Ley de Mercado de Valores. El primero apunta al delito en sí mismo, mientras que el segundo a las penas que le son aplicables.



Transacciones ficticias



De acuerdo a lo establecido en el texto legal -que es apéndice al Código de Comercio-, el delito por el cual la Corfo pretende recurrir en contra de los ex operadores es «efectuar cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor, ya sea que las transacciones se lleven a cabo en el mercado de valores o a través de negociaciones privadas».



«Ninguna persona podrá efectuar transacciones o inducir o intentar inducir a la compra o venta de valores, regidos o no por esta ley, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento», sigue el texto.



En las reuniones que ha sostenido la CORFO, se comenta que estaría acreditada en el expediente que instruye el ministro Villarroel esta práctica a través triangulaciones, aunque se ha cuidado la rigurosa tipificación penal de los hechos. Esto, debido a que la triangulación no es un delito en sí mismo, salvo cuando es, como dice la ley, falsa.



La triangulación, como su nombre lo indica es una operación de mercado donde participan tres entes privados. Sucede en ocasiones, explican especialistas en la materia, que un particular desea comprar acciones de tal o cual empresa, pero por razones estratégicas no quiere que sus movimientos sean conocidos públicamente. Entonces, este particular requiere los servicios de una corredora bancaria y compra a través de ésta papeles de una firma. Esa operatoria es perfectamente legal en el mercado.



Sin embargo, lo que se cuestiona es que tanto Tirapegui como Prieto ayudaron haciendo operaciones que la CORFO y la SVS consideró ficticias, debido a que se habrían realizado con el conocimiento de que no se podía operar con Inverlink, entre otras fórmulas.



Las penas establecidas para este delito -si se acredita- en el artículo 59 de la misma ley podrían oscilar desde 5 años y un día hasta 10 años, es decir, presidio mayor en su grado mínimo.



Le Mans también quiere



Pero junto a Tirapegui y Prieto hay un tercer operador bancario que también recibió dineros por parte de Inverlink por sus servicios. Se trata de Claudio Novoa, que recientemente renunció al Banco Santander, donde laboraba como ejecutivo de cuentas del holding.



La querella, esta vez, la presentará el viernes el estudio de abogados de Vivian Bullemore patrocinante de la aseguradora Le Mans. Los imputados serán, por cierto Novoa, Carlos Berríos, quien ocupaba el puesto de tesorero en Inverlink Corredores de Bolsa y el jefe del holding, Eduardo Monasterio.



La figura legal, dijeron fuentes que conocen de la acción jurídica, sería la «apropiación indebida», entre otros delitos económicos que serían incluidos en el libelo. La presentación remite al retiro de 9 mil millones de pesos de la cuenta de Le Mans desde la cuenta del Santander.



Para los querellantes, Monasterio pudo lograr este retiro del dinero -y con ello provocar la consabida pérdida para la aseguradora-, gracias a que Berríos era el que tenía el poder para actuar en el banco en cuestión a través de Novoa. De hecho, Berríos era precisamente quien pagaba los cheques de un millón semanal a Novoa y cuatro millones una vez al mes.



El recado secreto



Cuando la semana pasada le correspondió a la Décima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolver las libertades de los procesados Manuel Muñoz Leyton y Eduardo Tapia, los magistrados al dictar la resolución que les rechazaba el beneficio carcelario le mandaron un recado al ministro Villarroel.



Los jueces del tribunal de alzada, rechazaron la libertad de Muñoz Leyton -procesado por entregar información falsa a la Superintendencia de Valores y Seguros, con lo que se conformaron estos financieros falsos- por ser un peligro para la sociedad.



Sin embargo, cuando resolvieron la de Tapia, señalaron en su resolución la siguiente frase: «atendida la forma y circunstancias de la comisión del delito».



Abogados querellantes y defensores vinculados al caso comentaron que, el que parece como apenas un párrafo «inocente», es en realidad un recado respecto a la aplicación de la «asociación ilícita». Esto porque la "forma y la circunstancia", son las que agravan la conducta en un ilícito.



Llamadas ¿van o vienen?



En tanto hoy jueves la Cámara de Diputados votará en Sala el informe preparado por la Comisión investigadora del Caso Inverlink, presidida por el diputado DC Jorge Burgos.



Al respecto, circuló ayer en la mañana en La Moneda que Burgos había llamado al ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, comentándole -supuestamente- los alcances y el impacto que podría llegar a tener en el Gobierno elk informe de la Comisión y la preocupación que como concertacionista le provocaba esto.



La versión fue tajantemente negada por el propio Burgos, quien invirtió la versión: «Nicolás Eyzaguirre me llamó el lunes sobre el tema del informe de la Comisión, pero no me sentí para nada presionado, porque lo que me dio fue su visión del tema, de que el gobierno estaba preocupado».



A renglón seguido explicó que el análisis que el Gobierno hacía era sobre la base de algunos párrafos del informe, que se estima sería aprobado hoy, y que afectaban el actuar de CORFO, tenían al gobierno dudoso de sus alcances.



«El me dio su opinión y así la escuché, como una opinión, porque Eyzaguirre es un hombre respetado por mí. Le respondí que nada podía hacer y que el tema sería visto por la Sala. Eso fue todo», concluyó.



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Texto completo del informe de la Comisión Investigadora:



Informe Inverlink I



Informe Inverlink II



Informe Inverlink III



Informe Inverlink IV



Informe Inverlink V



Informe Inverlink VI



Informe Inverlink VII



Informe Inverlink VIII



Informe Inverlink IX



Informe Inverlink X



Informe Inverlink XI



Informe Inverlink XII



Informe Inverlink XIII

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