En una inédita postura, altos oficiales que ocuparon cargos de importancia durante el régimen militar no sólo reconocieron a través de una declaración pública que las remociones de restos "son acreedoras de reproche", sino que de paso reforzaron, implícitamente, la gestión que sobre el tema de derechos humanos ha asumido el Comandante en Jefe.
La carta que hicieran pública ayer ocho tenientes coroneles que desempeñaron cargos importantes en el régimen de Pinochet, algunos de los cuales incluso han estado procesados por crímenes ocurridos en el período, resultó de importancia histórica, pero también se constituyó en un directo respaldo a la gestión realizada por el comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre.
Se trata de un gesto inédito en lo que a reconocimiento de responsabilidad política se refiere y es la primera vez que un grupo de militares, tan cercano al lineamiento del régimen que imperó por 17 años en Chile, asume con pesar acciones que se llevaron a cabo durante el período.
Pero la dimensión de la importancia que reviste este documento de los ex vicecomandantes de Pinochet es muchísimo más amplia: se trata de oficiales que fueron primeras antigüedades y máximos mandos de su tiempo. Constituye toda una demostración de ordenamiento dentro de la familia militar el haber logrado coordinar a estos altos oficiales para que hicieran esta declaración. En esta línea, queda a faltar ahora lo que pueda decir el general Pinochet y pocos más.
Por otra parte, la acción de los ex oficiales tiene una relación de paralelismo con lo que ha hecho Cheyre en torno al tema. Así como el Comandante en Jefe al referirse explícitamente a las violaciones a los derechos humanos en Calama dio una señal inequívoca hacia los militares en servicio activo bajo su mando, el planteamiento de los ex generales es una señal igual de potente, en la misma línea, pero hacia sus subalternos que hoy están en retiro.
Puntos principales de la declaración
En el texto se puso el acento principalmente en las remociones de los cuerpos de detenidos desaparecidos, pero es extensivo a los demás actos de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares.
"Lamentamos el dolor que estos hechos han producido. Es más, la responsabilidad que nos cabe de los años vividos no puede distorsionar nuestra mirada, ni menos nuestras conciencias. De allí que, por sobre la comprensií²n del origen del gobierno militar y la valoración de su obra, reconocemos -en lo que nos compete- la existencia de problemas en materia de derechos humanos, los que no pueden volver a repetirse", sostiene la declaración pública.
Sin embargo, la carta también fue leída como una clara señal de apoyo de los suscritos -representando también a un sector de la oficialidad en retiro- a la política que en torno al tema de los DD.HH. ha liderado el general Cheyre.
Algo de ello deslizó ayer en la tarde la propia ministra de Defensa, Michelle Bachelet, quien valoró la misiva de las ex autoridades y destacó que ella entrega un "claro respaldo" al actual comandante en Jefe del Ejército.
Acción contra los que quisieron atrapar a Cheyre
La declaración de los tenientes generales (grado más alto en la oficialidad) guarda relación, según se explica en el ministerio de Defensa, con el clima que ha imperado en las últimas semanas a raiz de las crísticas a la gestión del Comandante en Jefe del Ejército.
Ellas han provenido, desde el ámbito público, de un ex personero político del régimen militar, Hermógenes Pérez de Arce, a través de sus columnas en El Mercurio. Sin embargo, tras ellas se ve la mano de oficiales en retiro que no están conformes con el nuevo Ejército que lidera Cheyre.
También, se dice en esferas políticas, se aprecia el rechazo de, incluso, un grupo de militares activos quienes habrían propagado la idea de que esta rama de las Fuerzas Armadas estaba afligida por el tema de las remociones, sosteniéndose que, en realidad, tal temor extremo nunca existió.
Así las cosas, a través de aquellas versiones se habría intentado atrapar a Cheyre y mezclar institucionalmente al Ejército de hoy en un tema que realmente no concitaba mayor preocupación, intentando afectar también los ánimos de las nuevas generaciones.
La carta de ayer -se dice que fue preparada no hace muchos días- vuelve las cosas a su lugar: los militares en retiro que ("en lo que nos compete") tuvieron alguna responsabilidad en los "problemas en materia de derechos humanos", se hacen cargo y, además, se pronuncian ellos, y no Cheyre, sobre el tema de las remociones.
Los tenientes generales en retiro hacen también un reconocimiento "a quienes hoy forman parte del Ejército", destacando que "sus esfuerzos y conductas en pos del bien común no se compadecen con las inculpaciones y ofensas que en oportunidades se les intenta imputar".
De esta forma, entregan el respaldo necesario para que Cheyre continúe con la doctrina que ha perfilado este año, deslindando de responsabilidades a quienes no se vieron comprometidos con las violaciones a los derechos humanos.
Otro de los puntos que destaca en el documento es la reafirmación del "compromiso activo con la declaración de la Mesa de Diálogo y con la legalidad vigente" pues se entiende y se reconoce que sólo la justicia es el camino para avanzar en la superación de "los problemas del pasado" y el avance "hacia el reencuentro de todos los chilenos".
Los ex militares, entonces, dan a conocer su posición ante la posibilidad que los hechos sean explicados a través de "verdades parciales" e, incluso abre el camino para que las personas que cuentan con información la hagan llegar a los tribunales.
De los tenientes generales que desempeñaron cargos públicos en el régimen militar sólo faltó uno: el senador institucional Julio Canessa Robert. La ausencia de su rúbrica en la carta fue explicada por el cargo que posee actualmente, aun cuando, se dijo, sí adscribía a los planteamientos formulados en ella.
Firmaron la carta el ex ministro de Defensa -1975-78-, Herman Brady Roche, quien fue requerido por la justicia española en virtud de una investigación del juez Baltazar Garzón; César Benavides, ex miembro de la Junta de Gobierno y ex titular de Interior (1974-78) y de Defensa (1978-80); Carlos Forestier Haensgen, suegro del actual Comandante en Jefe del Ejército, ex ministro de Defensa y, actualmente, procesado en el caso Pisagua.
Junto a ellos firmaron: Washington Carrasco Fernández, ex vicecomandante en jefe (1979) y ministro de Defensa (1982); Santiago Sinclair Oyaneder, miembro de la Junta de Gobierno y ex senador designado; Sergio Cobarrubias Sanhueza, ex vicecanciller y ex Jefe de Estado Mayor Presidencial; Jorge Lucar Figueroa, ex miembro de la Junta; y Jorge Zincke Quiroz, sometido a proceso por el ministro en visita Alejandro Solís.
Además:
Texto completo de la declaración de los ex vicecomandantes en jefe del Ejército
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PS: Camino tras carta de ex militares es entrega de información
