Propuesta de DDHH no incluirá indemnizaciones sustantivas - El Mostrador

Martes, 21 de noviembre de 2017 Actualizado a las 04:01

Se aumentarán las pensiones y

Propuesta de DDHH no incluirá indemnizaciones sustantivas

por 11 julio, 2003

Sólo un cambio de opinión del Presidente podría hacer que se incluyeran pagos importantes y masivos a las familias. La propuesta tampoco contempla, por ahora, modificar la orgánica del CDE. Los juicios se agilizarán procesalmente, pero sin plazos. Probable rebaja de penas, pero no habrá exención de responsabilidad. Víctimas de tortura recibirán beneficios en salud. Vea el adelanto de El Mostrador.cl

A menos que el Presidente Ricardo Lagos cambie de opinión durante su gira por Europa y Canadá, la propuesta de derechos humanos del Gobierno no incluirá indemnizaciones especiales a familiares de las víctimas ni modificaciones a la normativa que rige al Consejo de Defensa del Estado en lo que respecta al resguardo de los intereses del Fisco en los juicios civiles.



La idea del Ejecutivo, en cambio, es mejorar la Ley de Reparación que ya existe y que está vigente desde el año 1991, a través de la cual se le entrega a la familia directa de la víctima una pensión mensual y, además, asistencia especial en el área de la salud. La normativa incluye también beneficios educacionales a los hijos, pero sus limitaciones (la edad) habían provocado imposibilidades de acceder a ellos para un grupo importante.



Una fuente de Gobierno al tanto de los avances en la propuesta informó a El Mostrador.cl que ésta comenzará a ser redactada en su versión final a comienzos de la próxima semana, para su posterior entrega al Presidente. El mismo personero adelantó a este diario algunos de los contenidos que ella traerá, los que no están exentos de posibles modificaciones en el transcurso de la redacción, se dijo.



En todo caso, una conclusión que se extrae de lo ya avanzado es que los puntos más relevantes de la propuesta de la UDI no serán considerados por el Gobierno.



Está previsto que Lagos regrese al país el 21 de este mes y que en los días posteriores se dé a conocer a la opinión pública el documento oficial, acompañado de un mensaje al país.



Rebaja de penas y agilización de procesos



Uno de los temas que ya está resuelto es que no habrá exención de responsabilidad penal para quienes hayan participado en los secuestros, ejecuciones y entierros de los detenidos desaparecidos.



Sin embargo, y como hay conciencia que es necesario que los tribunales cuenten con nuevos datos respecto al paradero de las víctimas y los ejecutores, existe una lista de beneficios a entregar a quienes cooperen eficazmente en el esclarecimiento de los hechos.



Ellas van desde rebajas de penas en algunos grados para autores, cómplices y encubridores, hasta que se conceda de inmediato la libertad provisional a aquellas personas que queden procesadas y que hayan entregado información valiosa.



Todo, sin embargo, estará limitado a la imposibilidad que el ejecutor de los crímenes tuvo, en el momento que ellos se llevaron a cabo, de oponerse a ejecutar la acción que se le ordenó.



También se considerará el grado de participación en los hechos pues, se dijo, es muy distinta la responsabilidad de la persona que, por ejemplo, condujo la camioneta que trasladó los cuerpos a aquella que impartió la orden. Algo lógico que, además, los jueces toman en cuenta al momento de dictar los autos de procesamiento y las condenas, pero que sin embargo podría ir incorporado en la propuesta en forma expresa respecto a la posibilidad de rebajar las penas.



La idea del Gobierno, hasta ahora, no incorpora la eventualidad de canalizar nueva información mediante órganos distintos a los tribunales de justicia, como podría haber sido la Iglesia o el mismo Ejército.



En materia de agilización de las causas de derechos humanos, se incluirán algunas modificaciones legales que se enmarcan sólo en la línea procesal. Así, se explicó, la propuesta incorpora la necesidad de que los tribunales de alzada entreguen prioridad a la vista de apelaciones y no se tenga que esperar, en algunos casos más de un año, para que estén a firme dictámenes de primera instancia.



En este plano, también se ha conversado acerca de la posibilidad de hacer valer declaraciones tomadas por un juez en procesos instruidos por otros magistrados, a fin de evitar la comparecencia permanente de ex o actuales miembros del Ejército.



Estos dos últimos aspectos de la propuesta -que tienen por objetivo agilizar el trámite judicial- están relacionados con los requerimientos públicos que ha efectuado el comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, quien se ha pronunciado acerca de la necesidad que su institución "no siga prisionero del pasado".



En definitiva, no habrán plazos para las investigaciones judiciales, sino sólo el impuso de mecanismos tendientes a hacerlas procesalmente mas ágiles.



Aumento de pensiones y beneficios a víctimas de la tortura



En el tema de las reparaciones, la propuesta no estipula indemnizaciones especiales ni cambios a la normativa del CDE. Se había especulado respecto a la posibilidad de que se le entregaran facultades a este organismo para que llegara a acuerdos extrajudiciales con las víctimas, pero, a menos que el Presidente Lagos cambie de postura, ese idea ya está archivada. Los tribunales ya establecieron que estas acciones estaban prescritas y ese será el camino, se dijo.



La propuesta estipula, en cambio, incrementos en las pensiones que se entregan a los familiares de las víctimas (jamás el doble de lo que existe actualmente, pero más de 300, se dijo), la incorporación como beneficiarios a personas que quedaron fuera con la Ley que está vigente y que por años se han visto excluidos (podría incluso entregársele de una vez el dinero que no han recibido en este tiempo), mejoras en la atención de salud y fortalecimiento de las ayudas en materia educacional, como becas.



El objetivo del Ejecutivo es, a través de esta línea de trabajo, destacar ante el país lo que ya existe y la preocupación que han tenido los gobiernos democráticos en este sentido. Aceptar la idea de las indemnizaciones no sólo contravendría lo que el grueso de los familiares de detenidos desaparecidos espera, sino que también implicaría tácitamente un reconocimiento de la eventual existencia de desidia en esta materia tan sensible, concepción que ha intentado introducir la UDI, se dijo.



En cuanto a las mejoras en materia de prestaciones de salud, la propuesta incorpora elevar de categoría al PRAIS, entregándole por Ley presupuesto propio y suficiente para que pueda dar a los familiares atención médica y sicológica rápida y efectiva.



Finalmente, está por resolverse qué forma tomará un nuevo organismo de derechos humanos que verá la luz tras la propuesta. La idea del senador PS Antonio Viera-Gallo, quien sugirió crear un instituto nacional de DDHH, ha resultado la más cercana a lo que se pretende realizar.

Este nuevo organismo (que remplazaría al actual Programa de Continuación) se dedicará no sólo a materias judiciales (participación activa en los procesos), sino que también concentrará la operativa de las entidades anexas, como el mismo PRAIS.



La creación de la figura de ausencia forzada es ya casi un hecho y, se explicó, esta tendrá sólo consecuencias civiles, es decir, dará a las viudas la posibilidad de contraer nuevo compromiso matrimonial y facultará a los familiares para enajenar bienes de la víctima, por ejemplo.



Respecto a las víctimas de torturas, la propuesta no contendrá reparaciones económicas específicas, sino que buscará la vía para que quienes sufrieron este tipo de violaciones a los derechos humanos puedan acreditar dicha condición. Ello también se hará extensivo a los presos políticos del régimen militar.



En ambos casos, los beneficios que incorpora la propuesta para estas personas guardan relación con acceso a la salud.



El Gobierno también incorporará la ratificación de tratados internacionales como la Convención contra la Tortura y el Tribunal Penal Internacional, como asi también programas educativos en los que trabaja por ahora el ministerio de Educación. Estas líneas de acción que intentan evitar que los hechos ocurridos durante el régimen militar vuelvan a suceder en Chile.



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