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La esquizofrénica postura del PPD ante el caso Mery

Aunque mucho se ha puesto el acento estos días en las contradicciones que tiene el Partido Socialista a la hora de tomar posición frente a la situación generada por Nelson Mery, la más grande de las disociaciones es la que cruza al PPD: hubo un respaldo cerrado a quien patrocina a la denunciante y a quien defiende al denunciado.


La diputada y abogada Laura Soto y su colega Jorge Mario Saavedra, ambos con una larga historia en defensa de los derechos humanos, se enfrentarán en los tribunales a raiz de las denuncias por abusos sexuales que afectan al director general de Investigaciones, Nelson Mery. Y ambos son destacados militantes del PPD.



Por ello, la bancada de diputados junto a la mesa del partido y al presidente electo, Víctor Barrueto, determinaron ayer invitar a ambas partes para que se explayen sobre la materia de modo que que la mesa y la bancada puedan tener una postura unitaria sobre el tema.



La reunión en la que se escuchó a los abogados de las partes -en defensa de Nelson Mery, Jorge Mario Saavedra, y de la querellada, Laura Soto- fue dura.



Algunos miembros de la bancada acusaron a los diputados que apoyan a Odette Alegría -Jorge Tarud, además de Laura Soto- de querer usar el caso para aparecer en los medios de comunicación. Les recriminaron que con esto le estaban haciendo un favor a la UDI. Lo anterior provocó la molestia de ambos parlamentarios que se retiraron antes de concluida la reunión.



Si bien es cierto, no es menos cierto…



Al término del encuentro, en el que ambos abogados expusieron la confianza que sienten respecto de lo que están planteando sus defendidos, los diputados del PPD emitieron una declaración que cuenta con el respaldo de la mesa y de Barrueto, en la cual aseguran que no hay problema en que dos destacados abogados de la misma colectividad apoyen a las partes en conflicto, cada uno por su lado.



«No sentimos ninguna contradicción en el PPD ni en su bancada de diputados, respecto a que destacados militantes -que han sido íconos de la defensa de los derechos humanos- defiendan a una parte que ha hecho una denuncia y que otro defienda a quien está siendo denunciado, ya que son reconocidos por el PPD los importantísimos avances que durante la dirección de Nelson Mery en Investigaicones ha habido en la lucha en contra de las violaciones a los derechos humanos en estos últimos 12 años».



Sin embargo, la declaración señala que también creen que «esto se inscribe en una campaña que la derecha quiere aprovechar para enlodar a quien ha dirigido Investigaciones por 12 años, quien ha estado del lado de la Concertación y al lado de las denuncias».



«Nosotros estamos muy orgullosos y confiados de lo que nuestros militantes están haciendo y esperamos que ambos abogados, tanto Laura Soto como Jorge Mario Saavedra, contribuyan decididamente a conocer la verdad», agrega el texto de la declaración.



¿Quién dice la verdad?



Según explicó el jefe de la bancada, Eugenio Tuma, la declaración de apoyo a la labor de Mery, y que al mismo tiempo marca distancia respecto de lo que pueda determinar la justicia, se debe a que si bien a la bancada «no le cabe duda» que efectivamente Odette Alegría fue detenida y sufrió apremios ilegítimos, «lo que no sabemos es cuál de las dos versiones es efectivamente la verdad».



Asimismo, dijo que el partido no podía negarle el derecho a la defensa a Mery, teniendo en cuenta el historial que ha tenido el director general de Investigaciones en el tema de los derechos humanos.



Consultado Guido Girardi sobre la situación en que quedaría el partido si, finalmente, Odette Alegría no logra probar sus dichos, éste afirmó que «por eso nosotros no tomamos parte y reconocemos la trayectoria de Mery y también el hecho de que una mujer hizo una denuncia y debe ser escuchada».



El jefe de la bancada aclaró que por primera vez el PPD toma una postura al respecto ya que las declaraciones previas de la diputada Laura Soto y de Jorge Tarud eran a título personal.



En la declaración, además, avalaron la decisión del gobierno de suspender a Mery. Por otra parte se sostiene que la situación debe ser resuelta por los tribunales de justicia.



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