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Senado aplazó votación para el

Desaparición forzada de personas: UDI insiste en apelar al TC

por 30 julio, 2003

Parlamentarios gremialistas anunciaron que acudirán al Tribunal Constitucional porque consideran que el tratado tiene normas que son inconstitucionales, pero a cambio presentarán un proyecto que tipifique este delito. En tanto, Renovación Nacional anunció que prestará apoyo parlamentario a la Concertación para aprobar este tema.

El senador de la UDI Marcos Cariola anunció ayer que su partido sigue haciendo reserva de constitucionalidad en torno al proyecto que suscribe la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas y dijo que hoy presentaría un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC).



Y aunque finalmente el tema no se votó -debido al alto número de inscritos para debatir-, lo cierto es que el gobierno ya cuenta con los votos necesarios para aprobarlo, gracias a un acuerdo con la bancada de senadores de RN.



La UDI explicó que junto con recurrrir al TC, presentarán paralelamente una moción (de Hernán Larraín, Andrés Chadwick, Jaime Orpis, Jorge Arancibia, además de el propio Cariola) en la que se tipifica el delito de desaparición forzada de personas y se propone que sea castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo.

El texto del proyecto alternativo de la UDI establece que cometen delito de desaparición forzada de personas el empleado público o el que por orden o facultado por éste prive de libertad a una persona, negándose a informar sobre su detención a paradero.



Asimismo, sostiene que si la persona privada de libertad hubiere sido sometida a torturas o fuere víctima del delito de homicidio, la pena será de presidio perpetuo calificado.



Ahora bien, el proyecto también establece el beneficio de rebaja de penas para los que participaron en el delito y que aporten antecedentes que permitan establecer el paradero de la víctima.



En el caso de que la víctima fuese encontrada con vida, será castigado de acuerdo al grado de su participación, con las penas rebajadas en dos grados y, en el caso de que sólo se lograse ubicar los restos o establecer lo ocurrido con las personas desaparecidas, entonces, se aplicará la pena asignada a este delito con un grado rebajado.



El proyecto también establece que el delito será considerado como permanente mientras no se establezca lo ocurrido o se ubiquen los restos de la víctima.



En este sentido, Hernán Larraín comentó que con el proyecto presentado hacen suyo el contenido de la convención y legislando sobre esa materia, pero rechazan el proyecto pues si bien el tratado regula muy bien la desaparición forzosa de persona, delega materia que son propias de los tribunales chilenos en tribunales extranjeros "y la jurisdicción chilena no se delega, salvo que la Constitución lo autorice".



Agregó que si bien existe una tendencia a la internacionalización de la justicia, "también vemos que esto está muy politizado por lo que creemos que es necesario que se decante, que se profesionalice un poco más par adherir a esos sistemas de justicia internacional, pero hoy en ese marco de politización me parece imprudente".



El debate no estuvo ajeno a la polémica y fue llevado a la contigencia. El senador de la bancada militar Jorge Martínez sostuvo que no aceptaba que se ofendiera a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, a lo que el senador Jaime Naranjo (PS) respondió que no se estaba ofendiendo a esa instituciones y que sólo se estaba diciendo que "quienes fueron los responsables de estos hechos den la cara, que quienes estuvieron detrás de esto alguna vez asuman su responsabilidad y quieran involucrar a todas las FF.AA. como se ha pretendido, aquí hay responsables y ello esperamos que algún día den la cara y que no terminen siendo los menores, los más pequeños los que terminen en las cárceles".



Acuerdo con RN



Por otra parte, según explicó el canciller (s) Osvaldo Rosales, el acuerdo alcanzado con RN consta de cuatro puntos. El primero, se establece la posibilidad de aplicar una declaración interpretativa, tal como lo hizo México en su momento, donde se señale que esta convención se aplicará sólo a hechos efectuados con posterioridad a la entrada en vigor del tratado.



El segundo punto se refiere a los principios de jurisdicción, Rosales recordó que el tratado ya contempla un vínculo, sea a través de la territorialidad, de la nacionalidad del inculpado o de la nacionalidad de la víctima, además del principio de o se extradita o se juzga, que es tradicional en acuerdos internacionales de extradición.



Un tercer aspecto se refiere a que el gobierno entiende que esta disposición en nada afecta las disposiciones constitucionales relativas a los privilegios y fueros procesales que gozan determinadas autoridades del país como, el Presidente de la República, ex Presidentes, senadores, diputados, etcétera.



El último punto se refiere a las normas de prescripción, donde la convención contempla dos disposiciones. En la primera, se contempla que las acciones penales derivadas de la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga judicialmente al responsable de la misma no estará sujeta a prescripción. Sin embargo, en la segunda, el texto señala que cuando existiera una norma de carácter fundamental que impidiera la aplicación de lo estipulado en el párrafo anterior, el período de prescripción deberá ser igual al delito más grave en la legislación interna del respectivo Estado parte.



Tras escuchar las palabras del Secretario de Estado, el senador Alberto Espina (RN), a nombre de su bancada señaló que la Convención era un buena iniciativa que respondía "a las iniciativas que la sociedad moderna debe tener de permirtir que delitos de esta gravedad no queden en la impunidad, los países tiene la obligación y del deber moral de juzgarlos".



"Sinceramente, en el tema de los derechos humanos no basta con las declaraciones y afirmaciones. El parlamento chileno debe adoptar hechos concretos como éste, que es un avance importante en la protección a los derechos de las personas. Y nosotros creemos sinceramente que en virtud del acuerdo con el gobierno, no sólo contará con nuestros a votos sino que el país contará con una legislación que permitirá avanzar en la protección de los derechos humanos", anunció Espina.



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