Un tribunal de La Paz condenó al dueño de Tierra S.A., Guillaume Roelant, a doce años de prisión por los delitos de cohecho y tráfico; a Oscar Bollati, en calidad de cómplice a ocho años; Carmen Burgos Ortiz y Gladys Estrada Olivares, como encubridoras a 4 años de presidio. También a Robi Roca Zarco (prófugo) a ocho años de cárcel.
La justicia boliviana dictó duras sentencias condenatorias a los máximos ejecutivos de la empresa Tierra S.A. por tráfico ilícito de precursores químicos necesarios para la fabricación de cocaína y cuyo vínculo original eran las firmas chilenas Alco y Abocal. Todo estas gestiones forman parte de la llamada Operación Frontera 2000, que involucró la coordinación del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en Chile, la Drug Enforcement Administration (DEA), y las autoridades del país altiplánico para desbaratarlas. En nuestro país existe, paralelamente, un proceso por Ley de Drogas contra siete individuos.
El tribunal boliviano condenó al dueño de la empresa Tierra S.A., el belga Guillaume Roelant, a doce años de privación de libertad por los delitos de cohecho y tráfico. Oscar Bollati, fue condenado en calidad de cómplice a ocho años; Carmen Burgos Ortiz y Gladys Estrada Olivares, como encubridoras, a 4 años de presidio. También a Robi Roca Zarco (prófugo) a ocho años de cárcel.
Así lo establece la sentencia de 39 páginas a la que tuvo acceso El Mostrador.cl a través de fuentes bolivianas, dictada por los jueces César Portocarrero y Claudio Torrez Fernández.
La importancia de este dictamen radica en que la Operación Frontera 2000, no estuvo exenta en Chile de polémicas y el CDE debió enfrentar serias críticas, que incluso apuntaron a la seriedad y veracidad del procedimiento judicial.
Esta resolución le daría nuevos brios al proceso que se lleva adelante en Chile debido a que en nuestro país está configurado un delito similar, aunque todavía no se dicta sentencia, comentaron fuentes judiciales ligadas al caso. Además, confirmaría todo lo obrado por las autoridades chilenas.
La sentencia boliviana detalla los argumentos que usó la Fiscalía para lograr este trascendental fallo. Éstos revelan hasta dónde llegó la participación chilena en este ilícito a través de las empresas Alco y Abocal.
Los hechos investigados dicen relación, principalmente, con el desvío de precursores químicos desde Chile hacia Bolivia a la empresa Tierra S.A., que a su vez usaba en Bolivia como pantallas a las sociedades Circuata y Zofrainda.
En Bolivia se estableció que se realizaron desde Chile importaciones de ácidos para la fabricación de sicotrópicos. Además, se determinó que hubo falseamiento de datos al constatarse que varias toneladas no pudieron ser justificadas ante la Justicia. También se sobornó a funcionarios para que no fiscalizaran los envíos y se falsearon datos para dar una aparente legalidad a la firma en cuestión.
