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Suprema preocupada por lento avance en conversaciones por autonomía

El ex Presidente del máximo tribunal y encargado de la propuesta en su aspecto financiero, confía en el compromiso asumido por Lagos, pero enfatiza que "las necesidades son de ahora, no de mañana". Álvarez también responde a las críticas que ha recibido el proyecto y a la vinculación que se hace de éste con los juicios que han puesto en aprietos a altas autoridades.


El proyecto de autonomía del Poder Judicial entregado por la Corte Suprema al Gobierno hace poco más de un mes, ha tenido un avance más "discreto" del esperado por los ministros del máximo tribunal.



Aunque los altos miembros de la judicatura todavía mantienen formalmente la esperanza de que el proyecto verá la luz -aferrándose al compromiso que asumió el Presidente Ricardo Lagos de sacarlo adelante-, existe entre los supremos un cierto pesar por la "lentitud" con que han progresado, hasta ahora, las conversaciones.



A ello se suma la ofensiva comunicacional que, desde que se conoció la propuesta, han liderado ciertos sectores en contra del petitorio de la Corte Suprema. También han causado molestia las interpretaciones que le ha dado la prensa al proyecto, en el sentido de que la oportunidad en que éste fue presentado ha llevado a sospechar en la existencia de una suerte de "transacción" del Poder Judicial con La Moneda por los juicios que podrían complicar a altos personeros de Gobierno, es decir los casos Gate y Ciade.



El ministro Hernán Álvarez, ex presidente del máximo tribunal y encargado del proyecto de autonomía económica y financiera, hace frente a estas críticas y desliza un sutil mensaje: "Si se sigue sosteniendo que estamos en una especie de transaca, la Corte Suprema va a optar por hacerse a un lado y este asunto de la autonomía va a quedar pendiente por 30, 40 o 50 años más, a la espera de que se den las condiciones para que no se digan estas cosas".



El magistrado, en entrevista con El Mostrador.cl, reconoció que los altos magistrados del Poder Judicial se encuentran "un poco preocupados" por el lento avance de las conversaciones e hizo ver el deseo de que se imponga "una actitud más dinámica" ante la magnitud de los desafíos. "Estas necesidades son de ahora, no de mañana", afirmó.



¿Cómo han avanzado hasta ahora las conversaciones con el Gobierno en lo que se refiere a la propuesta de autonomía económica y financiera del Poder Judicial?
– Nosotros, oportunamente, hicimos llegar al Gobierno, a través del ministro de Justicia, Luis Bates, nuestros planteamientos y conclusiones preliminares. También, un esbozo de proyecto de Ley o un articulado, el cual resumía todas estas inquietudes. Hemos tenido algunos contactos posteriores a esa presentación y hemos señalado una suerte de calendario.



"Antes de esta situación, tuvimos una entrevista con el Presidente de la República donde le hicimos nuestro planteamiento bien específico y explicamos a dónde apuntaba nuestra inquietud, que no es otra que obtener la autonomía económica y financiera en el siguiente sentido: que la Ley contemple anualmente en los recursos del presupuesto de la nación la suma suficiente para el correcto desempeño del Poder Judicial".



"Nosotros queremos que lo que está consagrado como una práctica presupuestaria se traduzca en una norma legal. Y hemos agregado que esa suma no debe ser inferior a la del presupuesto anterior, debidamente reajustado".



Según Álvarez existen distorsiones sobre los montos involucrados en el petitorio. "Han dicho que pretendemos 350 mil millones de pesos y se piensa en esa cantidad como operando a contar de este año. Pero esa suma recién se alcanzaría al cumplirse el bicentenario".



"Por este tema de la autonomía han salido opiniones y opinantes. Algunos muy bien informados y otros no tanto, gente que nunca antes estuvo interesada en promover la independencia del Poder Judicial. Hay quienes pretenden confundir a la opinión pública. Dicen que estamos en una situación de corruptela política, aprovechando las circunstancias, y eso es un agravio a la dignidad de los miembros del Gobierno y del Poder Judicial. Los jueces no aprovechan las circunstancias y si se sigue sosteniendo que estamos en una especie transaca, la Corte Suprema va a optar por hacerse a un lado y este asunto de la autonomía va a quedar pendiente por 30, 40 o 50 años más, a la espera de que se den las condiciones para que ello no se suponga", advirtió molesto.



"El Gobierno y el ministro de Justicia -continúo- saben qué estamos pidiendo realmente y al presupuesto reajustado hemos sumado que se nos confiera la autonomía para administrar, aplicar y efectuar la distribución de esos recursos, cautelando nosotros las transparencias en la aplicación y administración. Establecemos que nuestros balances van a ser rigurosamente realizados, sometidos a auditorias externas, incluso licitadas y, si es necesario, hasta fuera del país. Vamos a operar de acuerdo con las reglas y los sistemas que se apliquen al sector público y no estamos saliéndonos de la Ley de Administración Financiera del Estado".



El alto magistrado agregó que: "El presupuesto estará sujeto, estrictamente, a las necesidades del Poder Judicial y los informes que nos remitan a través de la Corporación Administrativa, el que será el organismo encargado de toda esta operativa. La idea es que se nos fije por Ley una suma global y que nosotros mandemos los programas de distribución de esos recursos, la aplicación y la utilización, teniendo la capacidad de hacer los traspasos entre programas o ítemes. Desde que el Poder Judicial existe, nunca ha tenido esa flexibilidad y esa autonomía financiera, que es un complemento estrictamente necesario para la independencia que le reconoce la Constitución. Nosotros no pedimos más. Esto es muy simple. No es una situación compleja. Se trata sólo de que un poder del Estado aspira a algo legítimo: tener autonomía financiera para administrar sus recursos".



Le pregunto por los avances en las conversaciones, ya que algunos ministros de esta Corte han constatado que ellas han sido un tanto lentas y señalan que se esperaba mayor rapidez en la respuesta del Gobierno…
– Le decía que le habíamos planteado al Presidente de la República nuestras inquietudes y que habíamos advertido de parte de él una buena receptividad. Incluso, nosotros recordamos que, cuando se refirió en el Congreso al desarrollo de la Reforma Procesal Penal, dijo expresamente que era muy satisfactoria pero que estimaba que el Poder Judicial necesitaba que se le atendieran algunas peticiones referidas a ciertas autonomías absolutamente necesarias para el desarrollo más eficiente de sus labores. El Presidente incluso dijo sentir la necesidad de cumplir con esa meta.



"Eso ya es muy auspicioso. Por eso es que a mí no me preocupan mucho algunas críticas que se formulan, observaciones externas en relación con esta materia, porque nosotros somos los que conocemos nuestras necesidades y veo que la percepción del Presidente es absolutamente acertada. Confiamos en lo que él ha dicho para que realmente lleguemos a concretar".



"Respecto a si las conversaciones avanzan aceleradamente o no, hemos tenido reuniones en los últimos días con el señor Ministro [de Justicia]. Globalmente nos referimos a estos puntos y acordamos un calendario de trabajo para tener nuevas reuniones".



"Evidentemente, quisiéramos que esto fuera un poco más acelerado, porque las urgencias que tenemos y los desafíos son bastante grandes. Necesitamos poder disponer oportunamente de autonomía de nuestros recursos porque la responsabilidad que tenemos es muy grande. Debemos aplicar la Reforma Procesal Penal, tenemos que modernizar algunas de nuestras estructuras. No podemos esperar. Estas necesidades son de ahora y no de mañana. Hay una presión de cierta inmediatez y las circunstancias nos indican que a eso tenemos que apuntar".



Pero la propuesta fue entregada hace tiempo…
– La propuesta fue entregada hace más de un mes y nosotros estamos un poco preocupados, es cierto. Quisiéramos que hubiera una actividad más dinámica en esto. A eso apunta nuestra preocupación, pero oportunamente, y tal vez en unos días, creo que vamos a tener que ir avanzando un poco más en esto.



"Nosotros estamos confiados y, como digo, la opinión pública debe saber… Nos reprochan que no somos administradores de recursos y, evidentemente, los jueces administramos justicia. Pero a nivel de la Corte Suprema, con mas de 12 años de experiencia en relación con el funcionamiento de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, sabemos a qué atenernos en este respecto. No necesitamos entes externos para esta administración, y sabemos cautelar los recursos públicos".



"La Corporación Administrativa es un organismo especializado en asuntos financieros, de manera que ellos son los técnicos. Tenemos un muy buen equipo cupular de ejecutivos, de economistas, de administradores que nos asesoran en esto. Estamos muy satisfechos y las auditorías realizadas no han arrojado reproche alguno, sólo se nos han señalado orientaciones. La Corporación Administrativa es un orgullo de organización y de sistema de trabajo. Incluso nos aprecian mucho desde afuera. Ha venido gente externa y reconocen la eficacia de este organismo".



Al actual ritmo de las conversaciones por el tema de la autonomía financiera, ¿para cuándo podría haber luz verde o un acuerdo final?
– La luz verde la va a dar el Presidente de la República. Tengo plena confianza en las palabras que él pronunció en su oportunidad y en la confianza que él tiene de la solvencia del Poder Judicial para enfrentar sus responsabilidades. Esto me hace pensar que va a ser él quien va a decidir… y esperamos que sea pronto.



"Nosotros estamos trabajando y hemos elaborado y meditado muy concienzudamente los pasos. Esto es muy simple, son tres o cuatro artículos. Es más, cuando fuimos a defender nuestro presupuesto el año pasado, la propia Comisión Mixta acortó el debate estimando legítimo oficiar al ministerio de Justicia y a Hacienda para que estudiaran una normativa que nos diera a nosotros una autonomía financiera similar a la del Congreso".



"Si en el curso de la tramitación de la Ley, que esperamos sea con alguna urgencia, la comisión respectiva quiere escuchar algunas opiniones, evidentemente que eso es muy legítimo. Pero nosotros nos quedamos con el trabajo que estamos realizando, y con la Comisión que está analizando esta situación con el ministro de Justicia y el subsecretario de la cartera. Ellos son en estos momentos nuestros interlocutores válidos, como también lo serán algunos personeros de Hacienda, cuando tengamos que afinar lo que se refiere a la autonomía financiera".



"Lo único que vamos a discutir seguramente es de qué manera vamos nosotros a realizar esta aplicación o distribución de los recursos, pero es seguro que va a ser sujetándonos a las leyes de administración financiera del Estado, una administración transparente con las auditorías correspondientes y los balances van a ser públicos. Así es que, qué más quieren".



"Nosotros estamos llevando adelante una inquietud de tradición dentro del proceso de modernización del Estado. Esta modificación es una evidente consolidación y aporte a la institucionalidad democrática".

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