«Penalidad menor o incluso nula» para colaboradores eficaces, indemnización «austera y simbólica» a torturados y creación de un Instituto de DDHH, propone el documento del Presidente Lagos. Las pensiones a los familiares serán reajustadas en un 50 por ciento. Sobre la Ley de Amnistía, el Gobierno optó por dejar a los tribunales su interpretación.
Bien por inesperados, polémicos o trascendentales, tres son los puntos más relevantes de la propuesta de Derechos Humanos dada a conocer ayer por el Presidente Ricardo Lagos a través de una cadena nacional.
El que provocó el mayor rechazo de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y que se constituye en el aspecto más importante del proyecto gubernamental en su perspectiva jurídica, se refiere al otorgamiento de inmunidad penal y la incorporación de rebajas o conmutaciones en casos de colaboración eficaz.
La propuesta también incluyó un anuncio que no había trascendido con precisión a la prensa, que fue la entrega de una "indemnización austera y simbólica" -en monto no quedó especificado- a aquellas víctimas de tortura que sean reconocidas como tales por una comisión especialmente que se crearía, para estos efectos, por decreto Supremo. Medida que fue incorporada en las últimas semanas por el presidente Lagos a petición de la izquierda.
En lo que se refiere al "nunca más", la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Libertades Públicas significó un anuncio que, aunque esperado, cambiará la manera como se aborda el tema en el país.
Además de estos tres aspectos, la propuesta incluye un aumento, en un 50 por ciento, de las pensiones que reciben los familiares, la entrega de un bono de 10 millones de pesos a aquellos hijos de víctimas que nunca recibieron beneficios y el envío al parlamento de un proyecto de Ley "que resuelva el estado de indefinición jurídica en que se encuentran las personas detenidas desaparecidas al no existir constancia de su muerte", precisión que sólo podrá tener efectos civiles y que se dispondrá a voluntad de los familiares.
La proposición gubernamental también contiene una serie de iniciativas para agilizar los procesos en tribunales, que se resumen en vistas preferenciales de las causas, peticiones de ministros en visita y jueces con dedicación exclusiva. Además, de beneficios procesales vinculados a la confidencialidad con que deberán manejarse los jueces respecto a las personas que entreguen información, y facultades especiales a la Justicia para requerir documentos calificados como "secretos" por el Código de Justicia Militar.
En materia del funcionamiento judicial, se incorpora la propuesta de dictar una norma que disponga que los procesos incoados actualmente en los tribunales militares sean remitidos a la justicia ordinaria en un plazo de 30 días, cosa que guarda relación con la reforma a la normativa que rige a los tribunales militares y que también el Gobierno pretende reformar.
Adicionalmente, Lagos propuso establecer y regular por Ley el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS), que entrega beneficios médicos a todas las víctimas de la represión, lo que incluye a familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados, como también a aquellas personas que sufrieron tortura física, síquica, detenciones, exilio o relegación.
«Penalidad menor o incluso nula»
Uno de los puntos más polémicos de la propuesta es el planteamiento de diferenciar las responsabilidades entre aquellos que «organizaron y planificaron la represión, dieron las órdenes, dirigieron la ejecución de los crímenes o los ejecutaron directamente, con pleno discernimiento» y quienes «actuaron bajo el temor a represalias que amenazaban a sus vidas, o en estado de ignorancia insuperable que anulaba prácticamente su capacidad de decisión». Respecto a estos últimos, se añadió que "hay situaciones en las que la capacidad de decisión de las personas se encuentra notablemente disminuida o prácticamente anulada", haciendo referencia tácita, y con ello avalando, a la teoría de obediencia forzada.
El Gobierno desea establecer tal diferenciación con el fin de incentivar la entrega de datos fidedignos respecto al paradero de los restos de detenidos desaparecidos.
En la propuesta, Lagos incorporó la frase: «Si estas personas están dispuestas a cooperar con la verdad y la justicia, parecería lógico considerar una penalidad menor o incluso nula para ellos, una vez establecida la verdad».
El Primer Mandatario anunció que para concretar esta idea se requiere introducir modificaciones legales en tres puntos:
– "Otorgar inmunidad penal a quienes, sin estar imputados ni procesados, se presenten voluntariamente a los Tribunales de Justicia y proporcionen antecedentes fidedignos, efectivos y comprobables acerca del paradero de la víctima o de las circunstancias de su desaparición o muerte».
– «Rebajar o conmutar penas que resulten aplicables a los cómplices y encubridores que, después de habérseles imputado responsabilidad y antes de la dictación de la sentencia de término, entreguen al tribunal respectivo antecedentes o pruebas que sirvan eficazmente para determinar los hechos o individualizar a quienes participaron en ellos o la suerte corrida por los detenidos desaparecidos o de los ejecutados cuyos restos no han sido entregados. Al efecto, se aplicarán reglas similares a la colaboración eficaz que hoy rigen en varias leyes vigentes para combatir el crimen organizado".
– Por último: «Conmutar penas por más de un delito para quien, hallándose ya procesado o condenado, entregue antecedentes de los señalados sobre otros delitos que lo incriminen».
La propuesta establece que los dos últimos beneficios "regirán sólo para quienes presten la colaboración dentro de un período determinado, transcurrido el cual se aplicará el régimen ordinario».
Debido a que el proyecto de Ley no está listo y como las referencias hechas en el documento entregado ayer martes son más bien generales, aún no es posible precisar los alcances reales de la esperada iniciativa gubernamental.
Sin embargo, este aspecto de la propuesta ya concitó el rechazo de la Agrupación de Familiares de DDDD. La presidenta de la organización, Viviana Díaz, se manifestó descontenta con los planteamientos hechos ayer por el Primer Mandatario, y sobre el punto específico de las rebajas de penas, sostuvo que: "para avanzar en la verdad se buscaron mecanismos que favorecieran a quienes cometieron los crímenes". Agregando que: "Lagos perdió la posibilidad histórica de haber realizado lo que en estos 13 años no han hecho. Nos sentimos defraudadas. No acogió la propuesta que hicimos sobre enviar con fuerza una opinión sobre el decreto de Ley de Amnistía".
En efecto, en su propuesta el Presidente se limitó a dejar escrito que su gobierno: "deja en los tribunales la interpretación" de la cuestionada norma legal.
Instituto de Derechos Humanos
La creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de Libertades Públicas, anunciado ayer en la propuesta, tendrá como cometido "velar por el fomento, protección, ejercicio y fiscalización del respeto de los derechos del hombre en Chile y por la efectiva y pronta materialización de los acuerdos nacionales en materia de verdad, justicia y reparación».
El instituto será continuador legal de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y del Programa de DDHH del ministerio del Interior. Así, este último organismo será asimilado al nuevo organismo.
Según se especifica en la propuesta, el instituto tendrá un director designado por el Presidente de la República y contará con un consejo asesor, el cual será nombrado por el Presidente con acuerdo del Senado. El consejo deberá entregar su opinión sobre los planes de acción de la entidad y proponer el reglamento interno.
Para el cumplimiento de su mandato contará con presupuesto propio y tendrá como funciones, entre otras, "promover la adecuada reparación del daño moral de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y otorgarles asistencia social; velar para que existan las condiciones para la ubicación de los cuerpos y conocer la suerte corrida por los detenidos desaparecidos y ejecutados sin entrega de restos, debiendo hacer las presentaciones judiciales que conduzcan a tal propósito; establecer un sistema de información pública y periódica sobre el estado y avance de los derechos humanos en el país; difundir el conocimiento de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, favorecer su enseñanza en todos los niveles del sistema educacional y promover la realización de investigaciones, estudios y publicaciones relativos a las materias antes mencionadas; y mantener relaciones con instituciones análogas de otros países y con los organismos multilaterales y no gubernamentales que se ocupen de las mismas materias que competen al instituto".
El instituto -no está definido si será autónomo o dependerá de algún ministerio- podrá hacerse parte en los procesos relacionados con la muerte o desaparición forzada de personas, "y por este sólo hecho tendrá conocimiento del respectivo sumario", agrega la propuesta.
Respecto a la creación del instituto, el ex director del Programa de DDHH e integrante de la Mesa de Diálogo, Luciano Fouillioux, sostuvo que, a su juicio, "está bien concebido".
El abogado había incorporado esta idea en una propuesta entregada al Gobierno hace ya varios meses. "Es una necesidad que el país tenía. Creo que la amplitud de su definición cubre temas tanto del pasado, como del presente y del futuro. Aparentemente sería una orgánica que vendría a concentrar la diversidad de estamentos que actualmente, en forma descoordinada, están trabajando en el tema. Mi reflexión es que en esta propuesta entregada por el Presidente hay más cosas que están presentes que cosas que no están", dijo.
Crímenes de lesa humanidad
Otros puntos incluidos en la propuesta se refieren al impulso que entregará el Gobierno para la ratificación en el Parlamento de tratados y convenios internacionales. Para lo que el Ejecutivo enviará un conjunto de proyectos de Ley. Entre ellos, uno que apruebe la reforma constitucional que autoriza al Estado de Chile a ratificar el Estatuto de la Corte Penal Internacional y, posteriormente, el estatuto que crea este tribunal con competencia para conocer crímenes internacionales, tales como genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, que incluyen la desaparición forzada de personas.
Otro proyecto pretenderá ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada por la OEA, que previene y sanciona tales hechos cometidos por agentes del Estado o personas o grupos que actúen con su autorización.
Otro proyecto buscará aprobar y ratificar la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad adoptada por las Naciones Unidas. Un tercero que apruebe el proyecto de reforma constitucional que hoy se discute en el Senado, que modifica el sistema de los estados de excepción.
Finalmente, se propone la fijación de sanciones a las infracciones a las normas contempladas en las Convenciones de Ginebra o en cualquier otro tratado de derechos humanos.
Reparación a presos políticos
En el tema de la reparación jurídica y moral de "quienes fueron arbitrariamente encarcelados y procesados por motivos políticos", la propuesta incorpora el envío de un proyecto de Ley destinado a eliminar los antecedentes penales de quienes fueron condenados por tribunales militares en tiempos de guerra y por aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado o la Ley Antiterrorista por delitos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Pero excluyendo a aquellos que hayan sido condenados por delitos contra la vida o la integridad física de terceros.
El Gobierno anunció, además, que creará una comisión integrada por personalidades en el mundo del arte y los DDHH, cuyo cometido será "velar por el mejoramiento, mantención y preservación digna" de las 136 obras que se han creado durante estos años. Esto contará con un fondo de 450 millones de pesos para un período de tres años.
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