El misterioso oráculo de Lagos sobre la Ley de Amnistía - El Mostrador

Jueves, 23 de noviembre de 2017 Actualizado a las 05:03

Propuesta de DD.HH.:

El misterioso oráculo de Lagos sobre la Ley de Amnistía

por 14 agosto, 2003

El texto presidencial obvió explicitar si se debe o no aplicar la Ley de Amnistía. Se optó por usar la fórmula de "aplicar la legislación vigente". El problema es que a partir de ella el PS dedujo una cosa y la UDI otra. La Moneda tomó distancia y como única precisión señaló que "no son los partidos los que interpetan la ley". Serán los jueces.

La elusiva redacción de la propuesta presidencial sobre derechos humanos entregada el martes por el Mandatario abrió toda una discusión sobre cómo debe concretarse lo que planteó La Moneda respecto de la Ley de Amnistía. Mientras la UDI dedujo que la propuesta señala que se debe aplicar la "legislación vigente", y por lo tanto, la amnistía, el PS aplaudió al Presidente Lagos por establecer todo lo contrario: que se debe aplicar la legislación vigente, es decir, todos los convenios internacionales suscritos y refrendados por Chile y de acuerdo a los cuales los delitos de ejecuciones y desapariciones son inamnistiables e imprescriptibles.



La Moneda, por cierto, mantuvo ayer la nebulosa en torno al punto. El ministro del Interior, José Miguel Insulza no quiso ser él quien hiciera la precisión y señaló que "los jueces van a tener que decidir si se aplica o no; más allá de si se deroga para el futuro, nosotros vamos a respaldar la decisión de los tribunales", al mismo tiempo que admitió que "efectivamente, la propuesta del Presidente no considera la derogación de la Ley de Amnistía".



Insulza agregó que el Gobierno le explicó ayer a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos que las razones por las cuales era inconducente proponer una derogación explícita es porque "sus efectos ya se han producido".



El ministro vocero no fue mucho más específico. Francisco Vidal dijo que: "en materia de amnistía, el Gobierno lo que hace es que los tribunales aplican la ley" y que "las interpretaciones, que son posibles todas, no alteran ese principio. En Chile, los que aplican la ley son los tribunales. No son ni los presidentes de partido ni ningún tipo de instituciones. Ellos interpretan y aplican la ley. Esa es la esencia de un régimen democrático".



En estas palabras queda contenida la idea que la redacción de la propuesta fue deliberadamente ambigua como para permitir que, finalmente, siga quedando radicada en los tribunales la decisión de qué hacer con el tema.



Crímenes no amnistiables



Sin embargo, el tema fue ampliamente conversado en los partidos. En el PS, se abordó en la extensa reunión de la comisión política del partido que se prolongó por cuatro horas a partir del mediodía y que estaba convocada sólo para evaluar formalmente la propuesta: "No hay mañana sin ayer".



Según había planteado la colectividad incluso desde los primeros días en que el Ejecutivo comenzó a elaborar el planteamiento de derechos humanos, era crucial que ésta recogiera dos temas clave: la no vigencia de la Ley de Amnistía y la reparación moral y económica no sólo para las familias de ejecutados y desaparecidos sino además para los que fueron presos políticos y sufrieron torturas y maltrato en prisión, en especial las personas que quedaron con secuelas graves.



La primera expectativa sobre las reparaciones fue recogida en la propuesta, aunque La Moneda no despejó ayer la incógnita respecto a qué quiere decir -ni de cuánta plata se está hablando- una reparación "simbólica y austera". Fuentes del PS señalaron ayer que el ministro Insulza les habría explicado que será más bien austera que puramente simbólica.



El acápite sobre la amnistía fue más discutido. Entre otras cosas porque una de las posiciones más notorias dentro del PS sobre el ámbito de los derechos humanos es la de Mireya García, militante socialista y a la vez, vicepresidenta de la AFDD. García, no bien conocida la propuesta, deploró que no incluyera explícitamente la derogación de la Ley de Amnistía. Esta misma postura fue la que García expuso ayer en la comisión política de su partido dando paso con ello al debate interno.



Miembros de la instancia partidaria explicaron que el PS asumió que el texto presidencial alude a la aplicación de los tratados internacionales cuando habla de "la legislación vigente" y que, por lo tanto, insistir en enviar un proyecto al Congreso derogando la Ley de Amnistía no sólo es innecesario sino que, además, podría ser contraproducente: si ese hipotético proyecto se perdiera se retrocedería un paso en la situación jurídica en que ya está el tema.



Así lo habrían entendido finalmente Mireya García y otros miembros de la comisión política que estaban más o menos en esa postura, con lo cual no hubo mayores problemas para aprobar la declaración final en que el PS fijó su posición respecto a la propuesta.



"Reiteramos la resolución de nuestro Comité Central del 5 de julio de 2003 en el sentido de que entendemos que con la incorporación en la reforma de junio de 1989, aprobada por plebiscito, de un inciso 2 al artículo 5 de la Constitución, se eleva a rango legal y vinculante los derechos humanos que deriven de tratados internacionales celebrados y aprobados por el Estado chileno. Por lo tanto, respecto de desapariciones y ejecuciones cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de septiembre de 1978, tratándose de crímenes tipificados en los Convenios de Ginebra, deben aplicarse en forma prioritaria estas reglas, de modo que la consecuencia inmediata es la imprescriptibilidad de dichos ilícitos y su inamnistiabilidad", dice textualmente la declaración que emitió ayer el PS.



El presidente del partido, Gonzalo Martner, insistió luego que en opinión del partido ésta es la adecuada lectura que se debe hacer de lo que propuso el Presidente Lagos y que no se necesita derogar una ley que es inferior en rango a los tratados internacionales.



Agregó que para el PS es claro que la propuesta no acoge ningún planteamiento que busque establecer un punto final, "de lo que se deduce que no acoge la Ley de Amnistía que no es otra cosa que un punto final".



Longueira cree otra cosa



En el otro extremo de las posibilidades semánticas, la UDI recibió con satisfacción la propuesta del Gobierno, considerando como valioso la iniciativa del Mandatario haya hecho un reconocimiento implícito de la Ley de Amnistía, ya que pudiendo haber planteado su eliminación optó por no hacerlo.



La colectividad admitió, además, que habrían esperado que se consideraran en ella las indemnizaciones solicitadas por las familias que se acercaron a la UDI, buscando su apoyo en esta materia.



No obstante, el presidente, Pablo Longueira, valoró que "gran parte de lo que plantearon las familias (de Pisagua) en lo que fue nuestro documento, está expresado en la propuesta", destacando que en ella el Presidente Ricardo Lagos "supo responder a un clima que se instaló en el país para avanzar, solucionar el tema y garantizar, finalmente, con una actitud de la sociedad entera que esto (los atropellos a los derechos humanos) nunca más va a ocurrir".



Sobre la Amnistía, Longueira señaló que "creo que el Presidente, de alguna forma, le ha entregado un mensaje a la ciudadanía y a los jueces de que las leyes vigentes tienen que cumplirse. Y si no ha propuesto la eliminación de la Ley de Amnistía es una clara señal de que es una ley que contribuye y beneficia a la paz social".



En cuanto a la ratificación de convenios internacionales, en virtud de los cuales la Ley de Amnistía podría llegar a convertirse en letra muerta, la UDI -a través de su presidente- manifestó una posición muy concreta y planteó que lo que se pretende es "armonizar con nuestra Constitución y con nuestras leyes los tratados. Es por eso que no tenemos ningún reparo en el fondo de las materias que abordan los tratados internacionales, pero no compartimos el entregar la jurisdicción a tribunales en el extranjero".



De este modo, explicó que en el caso de la Convención Interamericana de la Desaparición Forzada de Personas los senadores del partido presentaron un proyecto para que los puntos que establece el tratado se incorporen a la legislación chilena. Para evitar, con ello, "entregarle a jurisdicciones extranjeras soberanía que corresponde a nuestros tribunales y al país". Argumento que se asemeja notablemente a los esgrimidos por generales en retiro como Guillermo Garín.



Además



Vea texto completo de la resolución del PS sobre la propuesta de DD.HH.

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