FACH intenta conseguir copia del exhorto belga en tribunales y CDE - El Mostrador

Viernes, 24 de noviembre de 2017 Actualizado a las 15:40

Por investigación sobre coimas

FACH intenta conseguir copia del exhorto belga en tribunales y CDE

por 15 agosto, 2003

La FACH, busca tener acceso a este documento, además, porque el magistrado belga Daniel Fransen, pidió investigar los vínculos del ex comandante en jefe de la FACH y actual senador designado, Ramón Vega, con su yerno Bernardo Van Meer (quien reside en Londres, Inglaterra) y las firmas intermediarias de los contratos.

Ingentes esfuerzos realizaron el pasado jueves dos oficiales (uno de ellos, abogado) de la FACH para obtener una copia del exhorto enviado por la justicia belga el 22 de mayo pasado y que busca, entre otras cosas, comprobar si los aviones Mirages Elkan que tiene la institución son los mismos que aparecen en los contratos de compraventa con la empresa SABCA -filial belga de Dassault-, en cuya transacción participaron firmas intermediarias por donde pasaron comisiones y coimas por 15 millones de dólares.



La Justicia belga sospecharía que los cazas Mirages en dotación en el Grupo 8 de la FACH no corresponden a los aviones especificados en el Contrato original de compra y venta.



Además, el magistrado belga Daniel Fransen, pidió investigar los vínculos del ex comandante en jefe de la FACH y actual senador designado, Ramón Vega, con su yerno Bernardo Van Meer (residente en Londres, Inglaterra) y las firmas intermediarias de los contratos.



En su oportunidad, luego de que el entonces diputado PPD, Nelson Ávila, denunciara en 1999 el pago de comisiones y coimas por 15 millones de dólares en la compra de los mencionados Mirages, la Fuerza Aérea de Chile se vio forzada a realizar una investigación. Al ser ésta entregada al ministerio de Defensa, la institución en un comunicado rechazó de plano que hubiesen habido pagos subterráneos por la adquisición de los cazas de fabricación francesa. "La investigación", dice la declaración pública de la Fuerza Aérea, "consiste en tres mil 800 hojas, las que comprueban que no existen comisiones pagadas a la FACH o por dicha entidad, ni a sus integrantes".



En esa misma oportunidad la FACH se preocupó en recalcar que la cancelación del valor pactado fue efectuada de Gobierno a Gobierno. El dinero habría sido girado por la Tesorería General de la República directamente al Estado de Bélgica, a través del Generale Bank de Bruselas. La FACH, por lo demás, no habría participado en el flujo de los fondos involucrados en la operación de compra y venta. Por último, en el mismo informe se sostiene que al revisar los cazas Mirages en dotación se pudo verificar que las aeronaves y sus equipamientos correspondían en cantidad y condición a lo establecido por el Contrato.



Sin embargo, la Justicia belga pareciera no haber quedado satisfecha con la investigación de la FACH. Desde el inicio de las pesquisas en 1995, lentamente y paso a paso, la fiscalía de Bruselas fue desenmarañando el complejo entramado de cuentas corrientes en Suiza, EEUU y en diversos paraísos fiscales, por donde se diluyeron los 15 millones de dólares de comisiones y coimas pagados por la filial de Dassault. En febrero de 2002, fueron allanadas las oficinas de Ducroire, agencia estatal autónoma para el fomento de las relaciones económicas internacionales, las dependencias del Estado Mayor de la Fuerza Aérea belga y las oficinas de SABCA, la filial belga de Dassault que reacondicionó los Mirages vendidos a Chile. De estos tres lugares fueron incautados por la policía anticorrupción de Bruselas numerosos archivos y documentación relevantes para el caso.



El exhorto presentado por la embajada de Bélgica en Santiago al ministerio de Relaciones Exteriores el pasado 22 de mayo, es el resultado de más de ocho años de investigaciones realizadas por la Justicia belga y examinadas por el juez instructor Daniel Fransen del Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bruselas. El 14 de julio, la Corte Suprema ordenó dar curso al exhorto y remitió los antecedentes al Primer Juzgado del Crimen de Santiago.



La preocupación de la FACH



Fue así como el jueves pasado dos sujetos llegaron hasta las dependencias del Primer Juzgado y pidieron hablar con el secretario subrogante Francisco Olivares para solicitarle una copia del exhorto belga. El funcionario del juzgado, si bien consideró improcedente la petición de los representantes de los investigados, decidió preguntarle a la jueza Sandra Rojas, instructora del proceso, para saber si debía acceder a tal solicitud.



Como era de prever, la magistrada rechazó la petición. Sin embargo, los dos oficiales supieron que el Consejo de Defensa del Estado, a través de una abogada, había presentado hace pocos días un escrito, solicitando una copia del exhorto. La Ley Orgánica de la institución permitió que el CDE accediera al documento.



Ambos oficiales se encaminaron de inmediato rumbo al CDE con el propósito de obtener una copia en la procuraduría. En el edificio del CDE se les indicó que no había nadie para atenderlos a esa hora. En todo caso, el oficial en cuestión dejó un recado diciendo que "quería ver la posibilidad de tener una copia del exhorto" y que volvería más tarde. Sin embargo, no regresaron.



Hasta ahora, no hay claridad si el intento de obtención de una copia del exhorto enviado por la justicia belga se hizo con la autorización del Departamento de Justicia de la FACH o bien se trató de una diligencia oficiosa.



Las pesquisas ordenadas por la jueza



Esta semana, la magistrada decretó todas las diligencias solicitadas por la justicia belga a la policía de Investigaciones, la que estaría ya trabajando en ellas.



Las pesquisas pedidas desde el país europeo, son las siguientes:



1.- Proceder al registro domiciliario en los locales y edificios anexos de la sociedad Berthier Investment Inc., de calle Moneda 812 oficina 801, Santiago; y de la sociedad anónima Carlos F. Honzik, cuya dirección se tiene que identificar y con fines de embargar todos los documentos y elementos útiles a la investigación, particularmente los archivos de Honzik.



2.-. Proceder al interrogatorio de las personas de Berthier Investment Inc., que se han ocupado de tal expediente.



3.-. Proceder al registro domiciliario en todos los lugares en los cuales se podrían encontrar los archivos de Honzik que podrían ser interesantes a la investigación.



4.- Proceder a un registro domiciliario en los locales y los edificios anexos a la sociedad Combak SA., de calle Seminario N° 790, segundo piso, "a fin de embargar los documentos y elementos útiles a la investigación particularmente los archivos del señor De Smet D´Olbecke".



5.- Proceder al interrogatorio de todas las personas de Combak SA que se han ocupado de tal expediente.



6.- Proceder a un registro domiciliario en todos los lugares en los cuales se podrían encontrar los archivos del señor De Smet D´Olbecke, que podrían ser útiles a la investigación.



7.- De manera general, proceder a un registro domiciliario en todos los lugares en los cuales se podrían hallar documentos y elementos útiles para la investigación y embargar los mismos.



8.- Recoger todas las informaciones útiles en cuanto al señor Van Meer y particularmente en cuanto sus relaciones eventuales con Carlos Honzik y el general (r) Ramón Vega.



9.- Recoger todas las informaciones en cuanto a la configuración exacta de los aviones Mirages recibidos por la Fuerza Aérea chilena y en cuanto al respeto de los programas Mirsip y Mirsip+.



10.- Autorizar, eventualmente, con la ayuda de un perito el examen los aviones.



11.- Proceder al interrogatorio de todas las personas susceptibles de dar informaciones útiles en cuanto a los aviones y armamentos suministrados a la FACH.



12.- Recoger todas las informaciones útiles en cuanto a las investigaciones judiciales u otras que se desarrollan en Chile en cuanto a este mercado.



13.- Autorizar a los señores L.Philipart y C Bernard, investigadores del oficio central para la represión de la corrupción, al abajo firmante, así como a toda otra persona quien sería eventualmente designada más tarde a asistir a los presentes encargos y a todos otros que estimará útil a hacer ejecutar. Estos mismos investigadores estarán en posesión de una copia del presente encargo rogatorio internacional así como de las informaciones y los elementos útiles a su ejecución.



14.- Hacer copias de los interrogatorios y de las piezas.



15.- Autorizar el traslado hacia Bélgica de todos los documentos, piezas y valores que se habrían embargado y/o comunicado con vistas a su depósito de conformidad con la ley.



16.- Proceder a todo otro interrogatorio o todo otro acto de investigación útil a la investigación o la apreciación del magistrado encargado de la ejecución del encargo rogatorio.



17.- Devolver cuanto antes el presente exhorto acompañado de las piezas relativas a su ejecución.



El origen de la trama judicial



A principios de 1995 la Justicia belga inició una investigación sobre la compra fraudulenta de 46 helicópteros italianos Agusta por parte de la Fuerza Aérea de ese país en 1988. El escándalo, luego conocido mundialmente como "Dossier Agusta", involucró el asesinato de un ministro y la posterior condena de altas autoridades políticas de Bruselas por corrupción.



Entre los investigados por ese caso, se encontraba el general Jacques Lefebvre, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea belga cuando se produjo la compra de los helicópteros. Desde entonces, Lefebvre había pasado a retiro, transformándose en los primeros años noventa en representante de la empresa italiana Agusta y de la francesa Dassault. Además, había creado una lucrativa compañía dedicada al comercio internacional de armas, Europavia.



Fue el propio Jacques Lefebvre quien viajó a Chile en repetidas ocasiones, en 1992 y 1993, para tomar contacto con las personas indicadas en las diligencias decretadas por la jueza del Primer Juzgado del Crimen de Santiago. El ex general de la Fuerza Aérea belga no sólo los contactó, sino que logró, a través de ellos, convencer a la FACH de que la compra de los 25 cazas Mirages, dados de baja por Bélgica, eran la mejor opción para renovar la dotación aérea de la institución.



Cuando los investigadores belgas encargados de las pesquisas del caso Agusta incautaron documentos de Jacques Lefebvre en los primeros meses de 1995, descubrieron que entre éstos existían pruebas incontestables de que se había pagado una comisión de 15 millones de dólares por la venta de los Mirage a Chile. Esta comisión despropositada había sido depositada en el Clariden Bank de Zurich.



Al ser interrogado sobre este hecho, Lefebvre contestó a la policía anticorrupción belga en un memorándum escrito: "Los documentos relacionados con Chile de los que me preguntan son confidenciales. Su divulgación sería catastrófica puesto que pondría en evidencia a nuestra contraparte chilena y nuestros agentes se verían en serias dificultades".



El 7 de marzo de 1995, la noche siguiente de redactar esta nota, el general (r) Jacques Lefebvre se suicidó en su departamento de Avenue Louise, en Bruselas.

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