Los argumentos judiciales del escrito presentado por el Consejo de Defensa del Estado se refieren a que los ministros de Estado en ejercicio deben acatar los dictámenes de Contraloría y no desconocerlos, pues así funciona el Estado de Derecho.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) dio una clara señal de rechazo a la inusual pugna judicial entre el Gobierno y la Contraloría General de la República desatada por el apoyo que brindó el ministerio de Salud y la secretaria general de la Presidencia al recurso de protección presentado por el ex titular de la cartera sanitaria, Osvaldo Artaza, y el ex subsecretario de la misma, Gonzalo Navarrete, en el que desestiman los cuestionamientos realizados por el organismo fiscalizador.
El jueves pasado, alrededor de las 14 horas, el CDE presentó un escrito en la Corte de Apelaciones de Santiago en donde solicita dejar fuera del patrocinio de la causa a los actuales titulares de Salud, Pedro García, y de la Presidencia, Francisco Huenchumilla, porque se habían hecho parte en la presentación de la ex autoridades.
Los argumentos judiciales del escrito se refieren a que los ministros de Estado en ejercicio deben acatar los dictámenes de Contraloría y no desconocerlos, pues así funciona el Estado de Derecho. El caso al interior del CDE fue calificado como "muy complejo" y la decisión de apoyar a la organismo contralor se adoptó, el martes pasado, en el tradicional pleno del organismo, dijeron a El Mostrador.cl fuentes del organismo.
La determinación del CDE recayó en el consejero Pedro Pierrí quien alegará este lunes en el estrado de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.
La decisión del CDE busca frenar la "intromisión" de los ministerios en favor de Artaza y Navarrete. Las dos ex autoridades fueron sindicados por la Contraloría como responsables de la promoción del spot televisivo del AUGE realizado en el 2002, el cual implicó un desembolso de 600 millones de pesos en difusión. Gasto que fue calificado como "irregular" por el organismo fiscalizador.
La decisión de apoyar a la Contraloría en desmedro de los ministerios, se fundamenta en el Artículo 3 del título 1 de la Ley Orgánica del CDE, en el que se señalan las funciones del Consejo.
"La defensa en los recursos de protección que se interpongan en contra del Estado, los gobiernos regionales, las municipalidades, los servicios públicos centralizados, las instituciones o servicios descentralizados territorial o funcionalmente y las entidades de derecho privado en que el Estado o sus instituciones tengan aportes o participación mayoritarios o igualitarios, cuando así lo acuerde el Consejo", señala la ley Orgánica del CDE en el punto siete del artículo 3.
Y Agrega que "podrá acordar asumir la defensa de los agentes públicos o empleados en contra de los cuales se interponga el recurso de protección o hacerse parte en dichos recursos, en representación del Estado o de la institución a quien representa o donde presta sus servicios el funcionario o empleado recurrido, siempre que así lo acuerde el Consejo por estimarlo conveniente para el interés o el prestigio del Estado", señala el punto 7 del artículo.
"Interpretación jurídica distinta"
El ministro de la Segpres, Francisco Huenchumilla, sostuvo que se hicieron parte del recurso presentado por Artaza y Navarrete porque el Gobierno "tiene una interpretación jurídica distinta de la que hace la Contraloría".
No obstante, el hecho de hacerse parte de un recurso implica compartir los argumentos que esgrimen el ex ministro y su ex subsecretario. Si bien las carteras de Salud y de la Presidencia no hicieron la presentación primaria, sí presentaron patrocinio y de esta manera se hicieron parte en la causa.
Según el ministro Huenchumilla apoyan a Artaza y Navarrete porque consideran que los cerca de 600 millones de pesos que costó la difusión del plan están bien invertidos y existía autorización legal para hacerlo.
"La Contraloría ha sostenido que no se pueden usar recursos públicos en algo que todavía no está vigente, pero lo que no sabe la Contraloría y que hemos puesto a su disposición es todo lo que se está haciendo en los hospitales a lo largo de Chile, aplicando lo que en teoría se llama el plan Auge, pero que ya está en aplicación. Con la Ley va a alcanzar una nueva dimensión, un nuevo ordenamiento, más cobertura, más recursos, pero ya la gente está viendo en la práctica lo que es el Auge", sostuvo el secretario de Estado.
El CDE tiene la obligación de hacerse parte por la Contraloría, porque el organismo contralor carece de personalidad jurídica para efectos de participar en un pleito ante los tribunales, manifestó el Ministro.
Sobre el juicio de cuentas que inició el organismo fiscalizador contra Artaza y Navarrete, y que podría provocar que las ex autoridades tengan que rembolsar los 600 millones de pesos que costó la difusión del Plan, Huenchumilla indicó que "nos parece que ellos, en términos personales, lo que hicieron fue aplicar las políticas públicas del Minsal, por lo que tienen pleno derecho a defenderse. Ellos no se apropiaron de dinero, sino que hicieron uso de esos recursos para ejecutar políticas públicas del Ministerio".
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