Uno de los puntos más complejos de plasmar en una ley es el de la inmunidad penal. Desde ya, se adelanta como idea la imposibilidad de usar en contra del declarante el contenido y las pruebas que emanen de la información que aporte en los tribunales. Esbozos de los proyectos podrían estar listos a principios de la próxima semana.
Tres son los grupos de trabajo que se encuentran elaborando los proyectos de ley, decretos u otras normativas necesarias para poner en práctica la propuesta de DDHH del Gobierno, la cual fue anunciada, en sus lineamientos generales, por el Presidente Ricardo Lagos. Los equipos están divididos por temáticas: reparación, institucionalidad y procesal penal.
Con la redacción de estas iniciativas se espera dejar en claro los alcances que, en la práctica, tendrá el anuncio hecho por el Primer Mandatario la semana pasada.
El trabajo de los tres grupos deberá arrojar un primer borrador a principios de la próxima semana, pero desde ya se adelanta que uno de los temas más difíciles de abordar es el que concierne a la "inmunidad" que se pretende entregar a quienes aporten antecedentes fidedignos a los tribunales.
Los equipos creados para la redacción de las diferentes iniciativas están liderados por tres ministerios, cada uno de los cuales puso a cargo de la ejecución al jefe de la división jurídica respectiva. Al grupo se sumaron los abogados de derechos humanos José Zalaquett y Álvaro Varela, ambos integraron la comisión que asesoró al Presidente Lagos en la propuesta entregada el pasado 12 de agosto.
Testimonio no podrá usarse en contra del declarante
Del tema procesal penal está a cargo el ministerio de Justicia, con su director jurídico Francisco Maldonado Fuentes. Este equipo de trabajo se encuentra analizando cómo materializar el anuncio del Primer Mandatario en lo referido a inmunidad, rebaja y conmutaciones de penas, agilización de procesos y competencia de los tribunales militares, entre otros.
Respecto a los beneficios procesales, tres fueron los puntos enunciados por Lagos en su propuesta: otorgar inmunidad penal a quienes, sin estar imputados ni procesados, se presenten voluntariamente a tribunales y proporcionen antecedentes fidedignos, efectivos y comprobables acerca del paradero de la víctima o de las circunstancias de su desaparición o muerte; rebajar o conmutar penas a los cómplices y encubridores que entreguen a la justicia antecedentes o pruebas sobre esta materia; y conmutar penas por más de un delito para quienes, estando procesados o condenados, entreguen antecedentes sobre otros delitos que los incriminen.
De ellos, el primero resulta el más difícil de traducir en ley, según coinciden abogados de derechos humanos, penalistas e, incluso, personas que se encuentran trabajando en la materia.
El abogado y diputado PS Juan Bustos, dijo a este medio que el tema de la inmunidad es particularmente complejo no solo para quienes pueden haber presenciado delitos, sino que para las personas que tuvieron una participación directa en los hechos, aunque no haya sido producto de actuaciones "con pleno discernimiento", sino por situaciones en la que la capacidad de decisión de las personas se encontraba disminuida, como diferenció Lagos en su propuesta.
La inexistencia de antecedentes jurídicos que se asemejen a este punto de la idea que propuso Ricardo Lagos y que tanto rechazo ha despertado en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, hace aun más complejo el trabajo de este proyecto de ley.
Desde ya, personas que están al tanto de cómo se estudia materializar la idea del Presidente, señalan que la línea de trabajo que se evalúa es establecer la imposibilidad de usar en contra del declarante el contenido y las pruebas que aporte. Así, no se excluiría la posibilidad de que, si otra persona declara en su contra o en el proceso surgen pruebas de su participación independientes de los datos por él aportados, pueda ser procesado. En definitiva, se piensa en una ley que delimite que las declaraciones de ciertas personas no pueden ser usadas en su contra, lo que daría amplia libertad para aportar antecedentes a la justicia.
Reparaciones e institucionalidad
El ministerio Secretaría General de la Presidencia se encuentra trabajando en los proyectos necesarios para materializar la reparación a los familiares de las víctimas. A cargo de la coordinación de las iniciativas tendientes a llevar a cabo esta parte de la propuesta, está el titular de la cartera, Francisco Huenchumilla, y de su ejecución está el director jurídico de la Segpres, Carlos Carmona Santander.
Debido a la exigencia de coordinar esta temática con las posibilidades presupuestarias, al grupo se incorporó al subdirector de Presupuestos del ministerio de Hacienda, Alberto Arenas. El grupo, además, lo integra un abogado del Instituto de Normalización Previsional, INP.
Este equipo se encuentra analizando todo lo que tiene que ver con el aumento, en un 50 por ciento, de las pensiones que reciben los familiares y la entrega de un bono de 10 millones de pesos a aquellos hijos de víctimas que nunca recibieron beneficios.
Del tema de la institucionalidad se encarga del ministerio del Interior. El jefe de la dirección jurídica de esa cartera, Jorge Claissac, fue encomendado a esta tarea, que incluye la creación del Instituto de Derechos Humanos y Libertades Públicas -que concentrará la diversa gama de organismos dedicados al tema hoy- y la materialización de la comisión que revisará los casos de tortura que podrán acceder a indemnizaciones "austeras y simbólicas", como lo anunció el Presidente Lagos.
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