"Las cosas que se hacen en el Gobierno dependen del Presidente de la República y, en consecuencia, el Gobierno asume las responsabilidades", dijo el Presidente Lagos al conocer el fallo de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones que rechazó el recurso de protección del ex ministro de Salud, Osvaldo Artaza. La pregunta es: ¿quién devolverá el dinero?
"El parche después de la herida". Esa es la frase que mejor define la arremetida comunicacional del Gobierno para hacer frente al contundente fallo de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó el recurso de protección presentado por el ex ministro de Salud, Osvaldo Artaza, y el ex subsecretario, Gonzalo Navarrete, que buscaba evitar el juicio de cuentas de la Contraloría y obligar a este último a devolver 600 millones de pesos por los spots del Plan Auge.
Quien asumió el problema fue el propio Presidente, Ricardo Lagos, al precisar que «las cosas que se hacen en el Gobierno dependen del Presidente de la República y, en consecuencia, el Gobierno asume las responsabilidades".
La pregunta que viene ahora es ¿quién devuelve el dinero? La lógica indica que debiera ser el Gobierno o eventualmente, que el abogado de Artaza apelara de la resolución del tribunal de alzada y llegara hasta la Tercera Sala de la Suprema y buscara allí la posibilidad de revocar el dictamen del organismo revisor. En todo caso es un escenario difícil.
Esta semana, después de los alegatos en la Corte, donde el Gobierno quedó fuera como parte en el recurso de protección, el gobierno tenía claro que la presentación de Artaza estaba perdida. Por eso, el secretario general de la Presidencia, Francisco Huenchumilla, dijo que el Gobierno eventualmente asumiría la responsabilidad, preparando con ello el escenario para las palabras de Lagos.
Este fallo no sólo le recuerda al Gobierno que los dictámenes de la Contraloría no pueden ser recurridos ante la Justicia, sino también que enfrentarse con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y principalmente con un experimentado profesor de derecho administrativo, como es el consejero Pedro Pierry, no tiene gran futuro.
La resolución, por otro lado, dejó satisfecho al CDE, sobre todo a Pierry, quien antes había comentado a otros abogados en el pasillo que no estaba muy seguro de cómo podía venir el fallo de la Corte. Fuentes del CDE comentaron que el criterio usado por el CDE fue el de siempre: por una parte, defender al órgano revisor; y, por otra, demostrar que el intento de los ministerios de hacerse parte en el recurso de Artaza no era más que una salida un tanto "folclórica" de parte del Ejecutivo.
Pero el paso a la Suprema también es peligroso para el CDE y la Contraloría. Conocidos son los "lobbistas" del Gobierno, principalmente en la Tercera Sala del máximo tribunal, aunque un fallo en sentido contrario traería consecuencias difíciles de predecir.
Vea lo último sobre la reforma a la salud
