La respuesta de 65 páginas del Gobierno a la Comisión Interamericana de DDHH de la OEA, no contiene uno de las piezas más relevantes, como una copia del proceso que la Comisión de Etica del máximo tribunal llevó contra Correa Bulo, con lo que tácitamente reconocería que parte de los antecedentes que lo obligaron a salir de la Suprema, nunca fueron públicos.
Luego de casi dos años, el Gobierno chileno envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la respuesta que intenta explicar por qué Luis Correa Bulo fue exonerado por sus pares de la Corte Suprema y cómo se habría respetado el "debido proceso". El Gobierno entrega su argumentación a la comunicación formalizada por la presunta infracción del Estado chileno a los «derechos y garantías judiciales, la protección a la honra, dignidad y protección judicial, consagrados en los artículos 8.1 y otros de la Convención Americana».
En su respuesta de 65 páginas, a la que tuvo acceso El Mostrador.cl, las autoridades chilenas no enviaron a la OEA una de las piezas más relevantes, como la copia del proceso que la Comisión de Etica del máximo tribunal llevó contra Correa Bulo, con lo que, según la defensa del ex supremo, tácitamente reconocería que parte de los antecedentes que lo obligaron a salir de la Suprema, nunca fueron públicos, incluso para el propio afectado.
Correa Bulo fue exonerado de la Corte Suprema el 2001 por "graves faltas a la ética funcionaria" debido a denuncias presentadas tanto por la derecha, después de haber perdido una acusación constitucional en su contra en el Congreso, como por algunos abogados cuyas declaraciones nunca fueron conocidas públicamente, debido al carácter secreto del proceso de la Comisión de Etica. Esta última fue creada en marzo de 2000, durante la administración del ex presidente del máximo tribunal, Hernán Alvarez García.
La respuesta del Estado chileno tampoco hace referencia a la lesgilación internacional aplicable al caso ni da respuesta al artículo 8 de la Convención Americana, que consagra las garantías judiciales y que señala «que toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente», y donde también se consagra el principio del «non bis in idem», que dice que nadie puede ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos. Esto, porque, según los representantes de Correa Bulo, los mismo argumentos que no pudieron sacar al ex ministro del máximo tribunal en la acusación constitucional en su contra -llevada a cabo en el Congreso- habrían sido usados posteriormente por la Comisión de Etica de la Corte Suprema.
El escrito enviado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a la Comisión Interamericana de DDHH de la OEA, no sería más que una transcripción del Código Orgánico de Tribunales (COT), con un somero análisis de algunos de sus artículos.
No obstante, el Gobierno refutó en el informe los argumentos presentados por Correa Bulo, señalando que éste mismo aprobó la constitución de la Comisión de Etica.
"Anteriormente, en su calidad de ministro de la Corte Suprema, el ex ministro Correa también concurrió a innumerables acuerdos que impusieron medidas disciplinarias que incluso significaron la remoción de numerosos funcionarios judiciales, con la sola formalidad del informa previo del afectado -como fue el caso del magistrado-, sin cuestionar en absoluto la regularidad de los procedimientos ni la violación de sus derechos", dice el documento en su página 40.
Con todo, ahora falta que la misma Comisión Interamericana reciba la respuesta de Correa Bulo y decida si acoge o no la denuncia del ex magistrado.
