La Fuerza Aérea interpretó ampliamente la resolución dictada por la Corte Suprema que ordenó dar «cumplimiento de las diligencias solicitadas, debiendo el juez actuar de acuerdo a las normas del procedimiento vigente». Examen de aviones está programado para mañana y el viernes, en la base de Cerro Moreno de Antofagasta.
La Fuerza Aérea de Chile (FACH) invocó a artículos del Código de Justicia Militar referidos a los secretos de Estado para negarse a cumplir dos de las tres diligencias solicitadas por el juez belga Daniel Frensen en el exhorto que busca, entre otras cosas, confirmar si los aviones Mirages Elkan que se encuentran en el país son los mismos que aparecen en las facturas de venta o corresponden a aparatos «falsificados».
La información fue obtenida por El Mostrador.cl a través de una fuente de una institución armada.
La FACH interpretó de esta manera la resolución de la Segunda Sala (penal) de la Corte Suprema, la que ordenó, algo crípticamente, que se diera "cumplimiento de las diligencias solicitadas a fojas 23, debiendo el juez actuar de acuerdo a las normas del procedimiento vigente".
En todo caso, la FACH sí accedió a que la jueza suplente del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Sandra Rojas, se constituya el 28 y 29 de agosto en la base aérea de Cerro Moreno, en Antofagasta, junto a los agentes belgas anticorrupción, Luis Philipart y Carl Bernard, para realizar una inspección ocular de los aparatos de guerra.
Historia de un oficio secreto
Hace algunas semanas, la FACH recibió de la jueza Rojas un oficio en que se solicitaba realizar las diligencias ordenadas por el máximo tribunal, referidas a tres puntos clave de la carta rogatoria belga.
La primera diligencia solicita: "Recoger todas las informaciones en cuanto a la configuración exacta de los aviones Mirage recibidos por la Fuerza Aérea chilena y en cuanto al respeto de los programas Mirsip y Mirsip+".
La segunda, contenida en el número 11 del exhorto, pedía: "Proceder al interrogatorio de todas las personas susceptibles de dar informaciones útiles en cuanto a los aviones y armamentos suministrados a la FACH".
Respecto a estas dos diligencias la Fuerza Aérea, de acuerdo fuentes consultadas por este diario, recurrió al Código de Justicia Militar para fundamentar su negativa. La cobertura la obtuvo en los artículos 435 y el 255, de dicho código. La relación entre ambos artículos señala que los pertrechos, documentos, mapas y todo aquello que tenga el grado de secreto y afecte la seguridad nacional no podrá ser divulgado por nadie y quedan cubierto por el secreto militar. De lo contrario podría arriesgarse una pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados (mínimo cinco años de cárcel).
El artículo 255 señala textualmente que: "Será castigado con la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados, el que, sin alcanzar a cometer traición, divulgue en todo o parte, entregue o comunique a personas no autorizadas para ello, planos, mapas, documentos o escritos secretos que interesen a la defensa nacional o seguridad de la República, o comunique o divulgue datos o noticias extraídos de dichos planos, mapas, documentos o escritos, siempre que le hubieren sido confiados o de ellos hubiere tomado conocimiento por razón de su Estado, profesión o de una misión gubernativa, o con motivo de las funciones que ejerza o haya ejercido anteriormente".
En tanto, el 436 dice: "Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado de la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros:
1. Los relativos a las Plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal;
2. Los atinentes a planos o instalaciones de recintos militares o policiales y los planes de operación o de servicio de dichas instituciones con sus respectivos antecedentes de cualquier naturaleza, relativos a esta materia;
3. Los concernientes a armas de fuego, partes y piezas de las mismas, municiones, explosivos, sustancias químicas y demás efectos a que se refiere la Ley Número 17.798 usados por las Fuerzas Armadas o Carabineros de Chile, y
4. Los que se refieran a equipos y pertrechos militares o policiales.
Los peritos
Los peritos que acompañarán a la jueza hasta el norte son L. Philipart y C. Bernard, "investigadores del oficio central para la represión de la corrupción" de Bélgica. La tarea de ambos personajes será establecer si los aviones Mirages cumplieron con las normativas de los programas de reacondicionamiento Mirsip y Mirsip+. De no ser así, se reforzarían las sospechas de que una buena parte de los 15 millones dólares pagados como "comisiones" para la compra de los 25 Mirages, pudieron terminar en los bolsillos de "intermediarios chilenos", como se sostiene en el país europeo.
En el país, la Fuerza Aérea ha insistido en que se realizó una acuciosa investigación interna en 1999, la que concluyó que no existió ninguna irregularidades en la adquisición de la flotilla de aviones que, en total, costaron 109 millones de dólares.
Una opinión totalmente discordante de la FACH tiene el juez instructor Daniel Frensen. El magistrado belga, tras ocho años de investigaciones, que incluye el rastreo de cuentas bancarias en Suiza, Estados Unidos y diversos paraísos fiscales por donde se habrían traspasado los 15 millones de dólares de "comisiones" y "coimas" pagados por la filial de Dassault.
En febrero del año pasado, los agentes anticorrupción belga participaron en la incautación de valiosa documentación de las oficinas de Ducroire, agencia estatal autónoma para el fomento de las relaciones económicas internacionales, como también de las dependencias del Estado Mayor de la Fuerza Aérea belga y de las oficinas de Sabca, filial belga de Dassault.
En el exhorto enviado desde Bélgica, se pidió investigar también al ex comandante en jefe de la FACH y actual senador designado, Ramón Vega Hidalgo, así como a su ex yerno, Bernardo Van Meer, residente en Londres.
Fórmula probada
La negativa de la Fuerza Aérea trae a la memoria el impasse que tuvo que sortear -el año 2001- el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Sergio Muñoz Gajardo, mientras sustanciaba el caso Tucapel Jiménez.
En ese entonces, Muñoz frente al estado de estancamiento en que se encontraba la indagatoria, sabía que la única posibilidad que tenía para dar con la estructura de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), encargada de asesinar al dirigente sindical, era acceder al listado del personal del organismo de espionaje militar.
Sin embargo, cuando los solicitó, el Ejército se amparó en el artículo 144 del Código de Justicia Militar, señalando que dichos nombres y sus nuevas ubicaciones en la estructura de la inteligencia chilena eran secretos de Estado. El Pleno del máximo tribunal apoyó la tesis castrense y Muñoz no pudo obtener la nómina que buscaba.
El juez debió entonces recorrer el "camino largo" para alcanzar su objetivo, recurriendo a los listados de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional. Junto con un grupo de detectives logró ir creando una lista de entre cientos de nombres, hasta terminar con un grupo reducido que correspondía a los miembros del Cuartel de Contraespionaje Coihueco (CCC).
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