El alto oficial de Ejército fue encausado junto al ex coronel de Sanidad Raúl Navarro y el suboficial Milton Núñez, por la ejecución de seis personas el 11 de octubre de 1976, entre las que se encontraba el entonces alcalde de Cabildo, Mario Alvarado Araya. Por el caso de Jorquera, Orozco se encuentra incomunicado.
Detenido e incomunicado se encuentra desde ayer en la tarde el ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y ex Fiscal Militar, general (r) Héctor Orozco, por una orden dictada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Daniel Calvo.
La aprehensión de Orozco se relaciona con el caso de la desaparición del ex suboficial del DINE, Guillermo Jorquera Gutiérrez, quien fue detenido el 23 de enero de 1978 cuando intentaba asilarse en la embajada de Venezuela.
El ex suboficial Jorquera -a quien le correspondió organizar el campamento de prisioneros de Isla Dawson- cayó en "desgracia" en diciembre de 1977, cuando estaba a cargo de investigaciones especiales en el ministerio de Relaciones Exteriores, vinculadas a labores de inteligencia. Puesto que había asumido en julio de 1976.
Un comunicado realizado en esa época por el subdirector de la Escuela de Blindados, Carlos Quiroga Vargas, y que fue entregado a la cónyuge del desaparecido, apuntaba a que Guillermo Jorquera había sido marginado del Ejército, en diciembre de 1977, debido a un extravío de documentos de la Cancillería relacionados con el caso Letelier. Pérdida de la cual fue culpado el ex suboficial.
El día en que Jorquera intentó solicitar asilo en la embajada venezolana, fue detenido por el carabinero que se encontraba de punto fijo en el recinto, Carlos Garrido Sotomayor, quien lo condujo hasta una comisaría. Allí fue recibido por el entonces mayor Julio Mardones Ferrada quien, al constatar que se trataba de un militar, lo puso a disposición del capitán de Ejército Adolfo Fernando Born Pineda, ex efectivo de la DINE.
Según declaraciones prestadas por Born, personalmente llevó a Guillermo Jorquera hasta las oficinas del general Héctor Orozco, oficial que fue designado por Pinochet como fiscal militar en el llamado caso Pasaportes, ligado al asesinato de Letelier en Washington.
Ejecución en Las Coimas
Ayer, el ministro Daniel Calvo, también dejó detenido e incomunicado al ex oficial Born, por la eventual responsabilidad que le pudiera caber en estos hechos y, en una investigación distinta, sometió a proceso al general Orozco y a otros dos ex militares.
Este último encausamiento fue dictado por la ejecución, ocurrida el 11 de octubre de 1973, de los militantes comunistas Mario Alvarado, Faruc Aguad, Wilfredo Sánchez, Artemio Pizarro, Pedro Araya y José Fierro. «Ajusticiamiento» que habría sido realizado por personal del Ejército en el sector de Las Coimas en San Felipe.
Asimismo, junto con Orozco, fueron procesados el ex coronel de Sanidad Raúl Navarro y el suboficial Milton Núñez, contra quienes se dictó una orden de detención.
Uno de los ejecutados en Las Coimas -Mario Alvarado Araya- era, hasta antes del golpe militar, el alcalde de Cabildo. Alvarado fue detenido por primera vez el 17 de septiembre de 1973, pero recuperó prontamente su libertad, sin que se le formulara cargo alguno, según consta en el informe Rettig. Su segunda detención se produjo el 8 de octubre en su domicilio. En esta ocasión, fue detenido por personal de Carabineros de Cabildo.
Faruc Jimmi Aguad Pérez, quien tenía 26 años al ser detenido por Carabineros de Cabildo, era empleado de la Sociedad Abastecedora de la Minería (Sademi), encargado electoral y de propaganda del Partido Comunista local. La detención se produjo en su lugar de trabajo, en presencia de otros empleados, el día 8 de octubre de l973. Junto a él cayó su compañero de labores y militancia, Wilfredo Ramón Sánchez Silva, de 28 años.
Artemio Pizarro Aranda, 37 años, también era empleado de la Sademi y fue detenido en iguales circunstancias que sus compañeros Alvarado y Aguad, pero al día siguiente: el 9 de octubre.
En tanto, Pedro Abel Araya Araya, de 27 años, era interventor de la mina La Patagua. Fue detenido por primera vez el 11 de septiembre de 1973, pero fue liberado sin cargos una semana después. Su segunda detención se produjo también el 9 de octubre, al presentarse voluntariamente a la Comisaría de Cabildo, respondiendo a una citación dejada en su domicilio por funcionarios de dicha unidad policial.
Por último, José Armando Fierro Fierro, de 24 años y también empleado de la abastecedora minera, fue detenido el 9 o 10 de octubre en Cabildo, por personal de Carabineros de dicha localidad.
Según la versión oficial del Jefe de Zona en Estado de Sitio de la Provincia de Aconcagua y Comandante del Regimiento de Infantería N° 3, «Yungay», estas seis personas fueron ejecutadas cuando intentaron huir y agredieron a un suboficial que viajaba en la camioneta del Ejército que los trasladaba desde la cárcel de San Felipe a la cárcel de Putaendo. Se indicó en dicha versión que a todos se les había comprobado participación directa en la organización terrorista del sector minero de Cabildo. Los ejecutados -según esta versión- habían sido detenidos en un operativo con gran cantidad de armas y explosivos en su poder.
Sin embargo, los antecedentes reunidos por la Comisión Rettig desmintieron esa versión oficial, ya que ninguno de sus hogares fue allanado en busca de armas, ni tampoco existió un operativo militar en su lugar de trabajo, donde algunas de ellas fueron detenidas en forma pacífica y a la vista de los demás trabajadores.
