–Vamos un poco al caso argentino. ¿Qué pasa con Kirchner? Es una tendencia con base social o es una golondrina que no hace verano o todavía ni una primavera…
-No, no. Kirchner está comprometido con la causa de enjuiciar a los militares y de terminar con el entramado de impunidad que impusieron los gobiernos que le precedieron en Argentina. Creo que es real.
–¿Qué respaldo de la sociedad tendrá Kirchner?
-Tendrá el apoyo mayoritario de la sociedad y tendrá que conseguir que la Corte Suprema lo apoye, lo mismo que el Congreso. Por ejemplo, es posible que mañana (hoy)los militares solicitados por España sean puestos en libertad. Sin embargo, no pasará mucho tiempo para que un juez federal los acuse y los vuelva a poner en prisión.
–¿Hasta qué punto el sistema jurídico argentino ha sido distorsionado por el proceso político de dictaduras y vaivenes en el poder civil?
-Ha habido jueces que han planteado la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, de los indultos, y hasta cierto punto, la Corte Suprema tenía una configuración a imagen y semejanza de los gobiernos de Menem. Pero esto empieza a romperse con la llegada de Kirchner, quien ha empezado a introducir el bisturí. Y yo supongo que las cosas cambiarán. Es fundamental lo de la Corte Suprema, que tiene la última palabra en esta situación. Pienso ese será el próximo paso.
–Para hacer un paralelismo con Chile, ¿dónde estarían las similitudes y las diferencias?
-En Chile por ejemplo, los jueces y las querellas fueron estimulados con la detención de Pinochet. Fue entonces que empezaron las querellas. La primera de ellas la presentó Gladys Marín.
–¿Tú le das peso a la querella de Gladys Marín y al proceso que desencadenó?
-Lo de Gladys Marín en 1998 es el comienzo e irrumpe con un planteamiento central. ¿Cuál? La percepción dominante en la clase política chilena era que no había que querellarse pues se le haría daño al sistema. Esa primera querella de Gladis Marín y el proceso iniciado por el juez Guzmán después, rompen con esa idea. Hasta entonces no se presentaban querellas aquí en Santiago, porque la transición no lo hubiera resistido. Pero en el caso de la peculiar transición chilena, esa querella de enero del 98 rompió con el status quo. Durante mucho tiempo la clase política chilena pensó que no se podía hacer gran cosa en Chile en materia de derechos humanos.
–¿Qué opinión tienes de la Ley de Amnistía? Aquí el debate gira continuamente en torno a su derogación…
-La ley de amnistía operó como una barrera infranqueable, como en el caso de Argentina, por varios años. Pero luego los jueces encontraron una salida a eso, a través de la figura del secuestro calificado. Es decir, en la medida en que los cuerpos de la persona no aparecen, esto impide encuadrar el delito en el marco de la ley de amnistía.
–La Presidenta del CDE dice que no hay que preocuparse ni darle demasiada importancia al debate sobre la Ley de Amnistía…
-Lo que quiere decir ella es que como la Ley de Amnistía no impide las investigaciones, porque los jueces le han dado la vuelta, entonces no hay que insistir mucho en eso. Lo que ocurre es que ella puede tener razón al decir que la presencia o la pertinencia de la Ley de Amnistía no impide las investigaciones. Pero ese planteamiento es muy diferente a señalar que la Ley de Amnistía debe abolirse, porque su existencia es un escollo para romper el armado legal que se instaló durante la dictadura. La Ley de Amnistía en el fondo refuerza la impunidad.
Volver al texto principal
