Mientras el diputado UDI, Iván Moreira consideró la práctica como una falta a la probidad, parlamentarios de RN defendieron el desempeño de Allamand y Fontaine como "lobbystas", y apelaron a la ética parlamentaria al momento de votar una ley.
La UDI, a través del diputado Iván Moreira, planteó ayer la exigencia de establecer una "separación nítida entre el dinero y la actividad pública". Sin embargo, la iniciativa no se refería al tema de la transparencia en el financiamiento de los partidos, sino que a la regulación del ejercicio del lobby informal.
La idea de los diputados de la UDI es modificar la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, con el propósito de impedir y sancionar el acceso privilegiado de grupos de presión -o lobby- a la autoridad.
El proyecto de ley busca castigar a los funcionarios públicos que faciliten accesos privilegiados ante diversas autoridades, transformando esta acción en una falta a los deberes que impone el principio de probidad administrativa.
Moreira hizo un alcance para referirse, a propósito de este tema, a la motivación que tuvo el Presidente de la República para invitar a Argentina al conocido abogado y lobbysta, el ex diputado Jorge Schaulsohn.
«Nos parece francamente inaceptable que confunda los principios que él mismo dice defender, como la transparencia y la probidad», dijo Moreira.
Por su parte, el senador RN Alberto Espina estimó que la medida es necesaria, pero indicó que es de vital importancia que el parlamentario sea lo suficientemente ético para votar por lo que piensa y no por lo que le dicen terceras personas.
Asimismo, Espina calificó como normal la participación de ex ministros o funcionarios públicos como lobbystas. Y defendió la función desempeñada por Andrés Allamand y Arturo Fontaine como representantes de clientes que tienen el legítimo derecho de querer influir en determinados temas como cualquier otro ciudadano.
Al respecto, el diputado DC, Jorge Burgos, quien tiempo atrás envió un proyecto -entrampado en lqa Cámara- que pretendía regular el lobby, sostuvo que dentro de los próximos 15 días el proyecto será analizado, pero con el patrocinio del Gobierno como parte de la agenda de Probidad.
