Mientras el secretario Ejecutivo de la Comisión Reforma, Hernán Sandoval, aseguró que con la medida se rebajará el precio de los medicamentos genéricos, los industriales farmacéuticos y el Colegio Médico manifestaron sus inquietudes sobre los reales beneficios de la propuesta. La iniciativa, enmarcada en la reforma a la salud, está pensada para complementar el tratamiento de las patologías del plan AUGE.
En agosto pasado, el secretario Ejecutivo de la Comisión Reforma, Hernán Sandoval, convocó a representantes de diversos sectores a una reunión en el Salón Azul del Ministerio de Salud para dar a conocer un documento titulado «Política Nacional de Medicamentos», cuyo propósito principal consiste en asegurar la disponibilidad y el acceso a los medicamentos genéricos, indispensables para el tratamiento garantizado de las patologías contempladas en el plan AUGE.
Sin embargo, la iniciativa -que Sandoval espera sea promulgada en los últimos meses de 2003 o a comienzos del próximo año- generó la inquietud de algunas entidades como la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Asilfa), la Cámara de la Industria Farmacéutica (CIF) y el Colegio Médico, para quienes la ampliación en las ofertas traería un aumento en el valor de los medicamentos, con el consiguiente perjuicio para el bolsillo de la gente.
A lo anterior se suman las aprensiones del sector farmacéutico por la eventual reactivación del decreto ministerial N° 375, de 1999, al que tuvo acceso El Mostrador.cl, que no llegó a promulgarse. En este decreto, abortado a principios de 2000, se corroboraba la potestad de prescribir fármacos a los médicos, pero también otorgaba a las cadenas de farmacias la opción de sustituir la receta por otro remedio equivalente, «conservando los mismos principios activos (materia prima), forma y dosis unitaria».
Tras tomar en cuenta las consideraciones de dos cadenas de farmacias, del Colegio Médico, de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Asilfa), de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y de un laboratorio privado, acerca de la legalidad y constitucionalidad del documento, la Contraloría General de la República remitió, con fecha 1 de diciembre, el decreto señalado al entonces ministro Alex Figueroa.
Nueve días más tarde, el Ministerio de Salud reingresó a trámite el mismo decreto, informando a la Contraloría, a través del oficio N° 2C/6246, con las observaciones incorporadas. Finalmente, mediante oficio N° 2C/1234, el decreto N° 375 fue retirado de su tramitación el 20 de marzo de 2000, por la entonces debutante ministra de la cartera, Michelle Bachelet, con el propósito de someterlo a un nuevo estudio.
Después de cuatro años, el Ministerio de Salud espera que con todas las consideraciones jurídicas y administrativas en orden, la Contraloría tome razón en forma debida de una serie de nuevos decretos, para su promulgación. Al respecto, Sandoval aclaró que «la mayor parte de las atribuciones sobre medicamentos ya residen en el Instituto de Salud Pública (ISP) y de lo que se trata es que los reglamentos de aplicación se decreten».
La carreta delante de los bueyes
Para la gerente general de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Asilfa), María Angélica Sánchez, con la nueva Política Nacional de Medicamentos, el Ministerio de Salud «quiere promover los genéricos, introduciendo el concepto de intercambiabilidad, que corresponde a un modo de legalizar la sustitución de los fármacos prescritos por los médicos, por otros que son ofrecidos en las cadenas de farmacias". Los productos genéricos son versiones similares y conocidas de un producto ya existente, liberado de patente farmacéutica.
Sánchez aclaró que en el nuevo proyecto de fármacos «no se ha contemplado la realidad farmacéutica nacional de los genéricos», que tienen una participación de mercado de casi el 40 por ciento (con un valor promedio de 0,5 dólares, unos $ 300), mientras que en países desarrollados, como Estados Unidos, Canadá y algunas naciones de Europa, este tipo de medicamentos alcanza en promedio un 37 por ciento, con un costo de 5 a 10 dólares (entre 3.500 y 7.000 pesos).
Por lo anterior, María Angélica Sánchez advirtió que si se abren nuevas alternativas de genéricos a bajo precio, principalmente en las tres mayores cadenas de farmacias del país, se corre el riesgo de romper y alterar el equilibrio de mercado, porque las cadenas a la larga terminarían imponiendo los precios, llevando a que la gente tenga que pagar más por los productos.
Una posición similar expresó el vicepresidente ejecutivo y vocero de la Cámara de la Industria Farmacéutica (CIF), José Manuel Cousiño, quien expresó de manera tajante que "esta intervención del mercado va a ser nefasta, porque se está partiendo al revés, colocándose la carreta delante de los bueyes, ya que para que exista intercambiabilidad de medicamentos, primero se debe cumplir la norma de Buenas Prácticas de Manufactura (Good Manufacturing Practice, GMP), que asegura la producción de fármacos bajo estrictos y rigurosos estándares de calidad, recomendados por la Organización Mundial de la Salud en 1994″.
Señaló que para la intercambiabilidad, la industria debe adecuar sus procesos de producción a la norma GMP y que, según cifras manejadas por su gremio, no se cumple en un 63 por ciento de los fármacos vendidos en Chile.
Visión del ISP
En materia de fármacos, el Instituto de Salud Pública (ISP) es la entidad del Ministerio de Salud encargada de acreditar y garantizar la calidad de los medicamentos que consume la población. Su director, Rodrigo Salinas, señaló a El Mostrador.cl que a su parecer no se intentará reingresar a la Contraloría el decreto N°375.
Para Salinas, la discusión entre los laboratorios nacionales (productores) y las grandes cadenas de farmacias tiene raíces comerciales, puesto que si dos medicamentos son equivalentes se puede permitir la intercambiabilidad.
El director de ISP precisó que la equivalencia terapéutica avala que un medicamento sea similar en calidad a otro. De la lista de 16 fármacos básicos -considerados prioritarios y que están incluidos en el Formulario Nacional de Medicamentos- se va exigir una lista de equivalencia terapéutica para su registro "con el fin dar una garantía al sector público de que estos fármacos son equivalentes, en términos de seguridad, eficacia y estabilidad".
Salinas aseguró que las decisiones técnicas de la entidad son "muy respetadas y nunca nos han objetado", descartando la existencia de presiones políticas sobre el ISP. Precisó que tanto en esta como en otras materias de su especialidad, recibe instrucciones y sugerencias de la Subsecretaría de Salud (de la que el ISP depende en forma directa), "pero nuestro rol es tan transparente y tan técnico, que es muy difícil que nos pidan algo que no corresponda".
Razones para una nueva política
El secretario Ejecutivo de la Comisión Reforma, Hernán Sandoval, argumentó que «los genéricos representan un 40 por ciento del volumen total de los fármacos. Por ende, aumentar el mercado de los genéricos significa una enorme economía, si se mantiene la eficacia farmacológica de los medicamentos, lo que plantea el desafío de aumentar el consumo bajando los costos y garantizando la calidad».
Aclaró que la compra de medicamentos para el sistema público de salud -que atiende a 10 millones 300 mil usuarios- se traduce en $ 110 mil millones anuales, desglosados en $ 70 mil millones para la adquisición de medicamentos ambulatorios -requeridos en particular para el tratamiento de pacientes crónicos- y en $ 40 mil millones -destinados a las terapias de especialidad- agregándose, además, el gasto en los fármacos no AUGE.
Desde un punto de vista global, el sistema público requiere del 15 por ciento ($ 16.500.000.000) de la asignación presupuestaria. De todos los ámbitos, uno de los más sensibles respecto a la provisión de medicamentos, es el de la atención primaria que, según el ministerio de Salud, representa más del 30 por ciento de su presupuesto.
Por lo anterior, Sandoval señaló que esta materia representa «un tremendo desafío, por el enorme volumen de recursos que significa la distribución de medicamentos, que no llegan en su totalidad a los usuarios enfermos». En suma, manifestó que lo que se busca es el aumento de la cobertura con costos razonables garantizando la calidad en beneficio de la salud de todos los chilenos «y no todos estos objetivos se concilian con algunos intereses comerciales».
En tanto, el presidente del Colegio de Químico Farmacéuticos, Luis Eduardo Johnson, concordó con que el elemento más relevante de la nueva Política Nacional de Medicamentos «es que la gente, principalmente del sector público que se atiende en los hospitales y en los consultorios, tenga acceso a los medicamentos genéricos, de los que podrá haber una mayor cantidad de alternativas en el mercado".
Pese a la importancia de la variable económica, Johnson destacó que lo fundamental es que los genéricos tengan la misma calidad de los medicamentos de marca "y que se demuestren que son tan buenos, con los estudios de bioequivalencia (aplicándoles la norma GMP). Y si tienen un precio un poquito mayor no importa, porque la gracia es que van a existir estos productos con garantía de calidad".
Punto que es puesto en duda por el presidente del Colegio Médico, Juan Luis Castro, para quien el ahorro de costos propuesto por el ministerio de Salud, pone en tela de juicio la calidad de los medicamentos genéricos que se pondrán al alcance de los pacientes del sistema público.
Según Castro, hasta el momento, las autoridades no han solicitado la opinión del gremio médico. «Ha sido una decisión unilateral del ministerio, ha habido reuniones informativas pero no consultivas, para recabar puntos de vista, ya que es fundamental que exista una apertura, porque esta determinación no se puede tomar entre cuatro paredes, porque al final ¡somos los médicos los que recetamos los remedios!».
Una posición similar sostuvo el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Enrique Accorsi, que corroboró lo dicho por su colega Juan Luis Castro, en cuanto a la unilateralidad de las decisiones en materia farmacológica del Minsal. "Es un error enorme no considerar la participación de la gente y todas estas políticas que no tienen un consenso están destinadas al fracaso", dijo.
Sobre este último punto, el secretario Ejecutivo de la Comisión Reforma, Hernán Sandoval, desvirtuó estas quejas y aclaró que los interlocutores fueron citados a una próxima reunión-taller, que se realizará en la penúltima semana de este mes, para recabar opiniones y observaciones en torno a esta propuesta. «Si eso no es participación ¡no sé qué diablos es participación!, y si esperaban que el Gobierno adoptara un documento de ellos como política, eso no va a pasar», replicó Sandoval.
Habrá que esperar entonces hasta la semana del 20 al 24 de octubre, para conocer si las inquietudes de los actores involucrados en el sensible y delicado ámbito de los medicamentos son tomadas en cuenta por la Comisión Reforma de Salud, la que espera que los decretos sean aprobados, a pesar de las críticas, por la Contraloría para su pronta promulgación y puesta en marcha.
