«La globalización económica no genera desarrollo ni bienestar»

"El bienestar material no siempre es compatible con el progreso humano. El uno tiene precio y el otro es un valor en sí". Esa fue la frase pronunciada por el sociólogo y profesor titular de la Universidad de Uppsala, Jorge Calbucura, al presidente Ricardo Lagos en 2002 y que, según su parecer, representa la posición de organizaciones que forjaron durante una década la oposición internacional al emplazamiento de la represa Ralco en el Alto Biobío.



El martes las familias pehuenches, Endesa, y el Gobierno, firmaron el acuerdo final de "solución amistosa entre el Estado de Chile y las Familias Mapuche-Pehuenche, peticionarias del Alto Biobío", con lo que se dio por terminado el conflicto. El pacto implica el desistimiento de Berta Quintremán, Rosario y Mercedes Huenteao, y Aurelia Marihuán de la reclamación hecha ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la aceptación de siete medidas destinadas a perfeccionar la institucionalidad jurídica chilena para la protección de los derechos de los pueblos indígenas, fortalecer su identidad territorial y cultural, desarrollar y preservar ambientalmente la zona. Esto involucra, además, reparaciones económicas que implican, entre otros puntos, 200 millones de pesos y 77 hectáreas para cada una de las familias.



Pese a que el acuerdo fue celebrado por Chile, internacionalmente, Jorge Calbucura asegura que "evidencian ante la opinión pública europea una secuencia más en la larga historia de atropellos de los derechos del pueblo mapuche".



Denuncia, además, que el acuerdo definitivo de permutas realizadas por las familias obedece a un «amedrentamiento físico y psíquico que históricamente se ha ejercido contra la población indígena de Chile. Es un capítulo de la historia social de este país que no ha sido estudiado, menos sus consecuencias".



Calbucura, pese a que reside hace dos décadas en Suecia, siguió este conflicto de cerca. Apoyó a organizaciones como el grupo de Acción por el Biobío -encabezada por Juan Pablo Orrego-. El académico ha difundido, a través del centro de documentación Ñuque Mapu, la situación que vivían las familias y lo que él denomina "los abusos" que se han cometido contra de las etnias.





– ¿Qué opinión le merece el acuerdo entre las pehuenches y Endesa por la construcción de la Central Ralco?
– Para Endesa y el gobierno de Chile lo pehuenche, en tanto identidad territorial mapuche, no existe. Tal como se ha manifestado en reiteradas oportunidades en el curso de los últimos 10 años, Endesa está empeñada en llevar a cabo una transacción comercial con familias pehuenches, bajo condiciones de amederentamiento y como consecuencia que éstas serán desplazadas de sus parcelas. Desde la perspectiva de Endesa se trata de pagar un precio, una compensación, conveniente y nada más.



«Sin embargo, al Estado de Chile y a su élite política les corresponden asumir el costo social del capricho financiero que impulsa el monstruo transnacional que es Endesa. Y en la historia de Chile no existe ningún precedente ni histórico ni práctico que avale la posibilidad de que los intereses de los pueblos indígenas y en particular el mapuche-pehuenche se respeten. Y particularmente en este caso devengan en un mejoramiento de las condiciones de vida. La pregunta es una: ¿Qué o quién en Chile está en condiciones de garantizar o avalar el cumplimiento de lo que hoy en día se pretende establecer como compromiso?.



«Hay que considerar que lo que se postula es una confrontación con una multinacional aliada a todo un aparato estatal. El tono es el amedrentamiento crudo y abierto. Declaraciones como las del ex intendente Martin Zilic, quien afirmó «siete pehuenches no pararan Ralco» o la del ex gobernador de la provincia de Biobío, Juan Carlos Coronata, quien sostuvo que la central Ralco es un proyecto necesario «por condiciones del progreso, del desarrollo y del crecimiento económico, bajo muchos argumentos modernos, están obligados a abandonar su lugar». Esto testimonia que la autoridad local nunca estuvo predispuesta al diálogo.



«Nuestra experiencia y las de los pehuenches protagonistas de este drama nos indica que en el curso de los 115 años de la ocupación del Mapuche-mapu, este tipo de declaraciones, en la mayor parte de los casos, no han sido simples llamados de atención. Una vez más queda demostrado que las amenazas se consuman.



«Lo que hemos destacado en el curso de esta larga lucha es que la eventual construcción de la represa Ralco no es un problema estrictamente técnico y comercial, sino que político-jurídico global ante el cual la élite política, intelectual y religiosa chilena muestra una compacta y aterradora indiferencia».



– ¿Qué puede decir de la mediación que realizó el Gobierno en este conflicto? Se lo pregunto por la inclusión en las negociaciones de una persona con ascendente mapuche como es el ministro Francisco Huenchumilla…
– No creo que tenga trascendencia su participación. Simbólicamente puede ser considerado de diferentes formas. Entre varias acepciones, también se puede considerar que el Gobierno se ha visto en la necesidad y obligación de recurrir a su protagonismo. Lo más importante es que en este caso el Gobierno desactivó totalmente el protagonismo de la Conadi, pues no confía en su total sumisión. Al fin y al cabo somos hombres y mujeres de la tierra: mapuche. Por lo demás, Huenchumilla en este caso no tenía alternativa. Desde allí que creo que su participación no es trascendente.



– ¿ Y qué piensa del cambio de posición de las familias pehuenches a lo largo del conflicto?
– El amedrentamiento físico y psíquico que históricamente se ha ejercido contra la población indígena de Chile es un capítulo de la historia social de este país que no ha sido estudiado, menos sus consecuencias. La usurpación ilegal de tierras es una práctica tan antigua como la existencia de las reservas mapuches.



«El temor de perder todo, incluso la vida, es una realidad síquica al interior de la población indígena de Chile. La brutal represión militar de 1973, al interior de las comunidades mapuches y la aplicación de la ley 2.568 de 1979 son recuerdos aún muy vivos; la ausencia total de credibilidad en la institución estatal de por sí ilustran el por qué de una reacción de este tipo. Es decir, por quó el 100 por ciento de la gente no se opone a una medida tan arbitraria.



«Las ñañas han sufrido durante 10 años un cruel y sistemático amedrentamiento, humanamente, muy difícil de sobrellevar. Sobre cualquier tipo de consideración hay que tener en cuenta que difícilmente se puede evaluar su accionar desde otra perspectiva que la humana. Y por consiguiente el accionar brutal y opresivo de parte de los mercenarios a servicio de los intereses económicos de la transnacional Endesa. Esto tiene que ser visto en primer lugar en una dimensión humana. Perspectiva por lo demás, ausente en la política chilena».



Comunidad internacional



– ¿Qué opinión tienen las organizaciones internacionales defensoras de los pueblos indígenas?
– No hay nadie en el marco de este ámbito que considere que la lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y en contra de la globalización económica se termine por decreto u acuerdo de compensación.



«Nuestro punto de vista en términos generales atraviesa por las siguientes reflexiones: la globalización económica neoliberal no genera desarrollo económico ni bienestar. El capital financiero transnacional es depredador y hoy representa el mayor peligro para la soberanía de las comunidades humanas y su ecosistema. Con el desmantelamiento del Estado, la globalización económica ha eliminado la base de la alianza entre el capital y la política; dejando definitivamente sin vigencia el proyecto del Estado de bienestar social. La modernización en tanto aspiración de desarrollo integral y democrático no figura en la agenda del capital transnacional.



«El discurso de los agentes de progreso, desarrollo y modernidad neoliberal se ha agotado y ha devenido en una actitud generalizada de rechazo del movimiento indígena y de amplios sectores de la sociedad chilena que ve una amenaza etnocida y ecológica.



«Nuestro desafío atraviesa por reivindicar una lucha política global donde diariamente se libra el combate por la madre tierra, por la relación sustentable con ella y su biodiversidad. Consideramos como valores vigentes en todas las relaciones humanas los derechos sociales, el respeto a la diversidad y el derecho al bienestar social. Los medios y recursos que nos legó Ngechen alcanzan para todos.



«En un Chile sometido al libre saqueo de las transnacionales, la soberanía pasa a ser tema que le corresponde asumir a las comunidades humanas locales. Hay que asumir que ante nuestros ojos se lleva a cabo la revolución blanca capitalista, la globalización económica neoliberal. El «exitoso crecimiento económico» de la economía chilena obedece a los principios del libre mercado cuya consecuencia inmediata es hambre y carencia de bienestar social de amplios sectores de la población.



«Desde nuestra perspectiva consideramos que la clase política militar y financiera chilena le ha declarado la guerra a la sociedad civil.



«Cuestionamos la legitimidad de la Ley de Seguridad del Estado y la Ley Antiterrorista. La clase política se reserva el derecho de amedrentar a la sociedad civil cuando lo estima conveniente. Frente a esta situación a la sociedad civil no le queda otra alternativa que activamente salir en la defensa de la democracia, los derechos humanos y sociales».



–¿Cuál es la posición de la Unión Europea ante la problemática indígena chilena
– La Unión Europea es consciente del «problema Ralco» y está siguiendo los acontecimientos de cerca: se recuerda asimismo que el artículo 11 del Acuerdo de asociación prevé la posibilidad para las partes de promover reuniones periódicas de representantes de las sociedades civiles chilena y de la UE, incluyendo el mundo académico, los interlocutores sociales y económicos y las organizaciones no gubernamentales.



«En su sesión del 11 de noviembre de 2002, el Consejo recordó su importante compromiso con la Resolución de 30 de noviembre de 1998 sobre los pueblos indígenas en el marco de la cooperación al desarrollo de la Comunidad y de los Estados miembros. En esa ocasión, el Consejo también estudió la integración de las preocupaciones de los pueblos indígenas en el diálogo político con los países socios y que se alentara a los países socios a fomentar el diálogo y la cooperación interculturales».



– ¿En qué pié queda Chile internacionalmente tras este acuerdo?
– La situación del pueblo mapuche como «problema» es un tema que en primer lugar le incumbe abordarlo a la élite política, religiosa e intelectual chilena.



«La historia de este país es una historia de convulsiones sociales y de conflictos bélicos que no han sido debidamente digeridos mental e intelectualmente por la nación. Varios son los expedientes de injusticias y arbitrariedades que tendrían que ser expuestos a una revisión crítica. El "problema mapuche" exige una revisión crítica, honesta y consecuente. Al menos desde cuatro perspectivas interrelacionadas: constitucional, jurídica, política e intelectual. Es hora de abrir una discusión o de lo contrario concluir que la discusión está agotada. Desde allí que se hace imperioso emplazar a la élite a asumir su responsabilidad en un debate.



«El actual conflicto entre las comunidades mapuches y las empresas forestales; o el proyecto hidroeléctrico Ralco en el Alto Biobío y los pehuenches evidencian ante la opinión pública europea una secuencia más en la larga historia de atropellos de los derechos del pueblo mapuche. Desde la anexión de los territorios mapuches al Estado chileno no se ha aplicado ninguna política o programa que tienda a mejorar las condiciones constitucionales o sociales del pueblo mapuche. Sin exagerar se puede afirmar que se ha procedido en dirección contraria.



«Un ejemplo de esta afirmación, que puede aparecer un tanto exagerada, es que en términos comparativos no existen precedentes en el continente americano que se asemejen a las restricciones jurídicas que el Estado chileno ha impuesto a los mapuches en su condición de minoría étnica indígena. Me refiero a la aplicación de la ley No. 2.568 del 22 marzo 1979 que establece la división de las Comunidades Indígenas en propiedades privadas. Esta es una situación única en la historia de las naciones originarias.



«Hasta el momento, Chile tiene el triste privilegio de ser el único país del mundo que ha legislado a este respecto. El caso Ralco-Endesa pasa a constituir un segundo precedente en este orden de injusticia. Sobre el cual, nos preocupamos de destacarlo como evidencia en este respecto».



– A la luz de lo que plantea las políticas impulsadas por el Gobierno no han dado tampoco los resultados esperados…
– Hasta el momento hay una situación clara: la demanda de la comunidad mapuche es simple y legal. La mayor parte de los casos en que hoy en día se reivindica una compensación existen antecedentes que avalan su legitimidad y necesidad de solución.



«En el país el porcentaje de población indigente es de 5,5 por ciento entre los sectores indígenas alcanza el 10,6 por ciento. El analfabetismo llega a 19 por ciento en los sectores rurales indígenas, mientras que el promedio nacional en dichas áreas es de 12 por ciento. Los resultados de las indagaciones empíricas sobre la pobreza, dan a conocer que los mapuches reciben menos y peores servicios sociales otorgados por el Estado y los municipios. Una familia campesina para tener un ingreso igual a un sueldo mínimo mensual tiene que tener 12.5 hectáreas de terreno de riego básico.



«A esto también hay que agregar la necesidad de redactar la historia oficial de la nación chilena en el contexto de un amplio programa de reedificación cultural.



«Sin embargo, tanto organismos y autoridades competentes no evidencian ni animo ni voluntad política para encarar por un lado la demanda y por otro para proceder en pos de una solución. Lo que más sorprende es la evidente ausencia de honestidad política y profesional en la atención de los problemas que demandan solución.



«El día en que Nicolasa, Berta Quintremán y el resto de pehuenches opositores al proyecto Ralco sean definitivamente deportados de sus tierras, será la fecha en que el gobierno y Estado chileno, en forma manifiesta, expresen que no están dispuestos a consumar ni simbólica ni materialmente ‘ninguna compensación histórica’.



«En términos políticos es una histórica expresión y toma de posición de lo que las llamadas "fuerzas progresistas" de la élite política institucional chilena, frente el tema indígena. Dicho dilema lo ha expresado el propio Ricardo Lagos cuando afirmó que "es doloroso el desarraigo que se produce. Es necesario reflexionar cómo se compatibiliza la necesidad de electricidad para 14 millones de chilenos y el desarraigo de un grupo de familias".



«Está demás expresar que el dilema del Presidente de Chile es el dilema del advenimiento del racismo. Personalmente, se lo exprese al señor Lagos en Estocolmo: el bienestar material no siempre es compatible con el progreso humano. El uno tiene precio y el otro es un valor en sí».





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