Permitir el uso de la hoja de coca en rituales, que machis y chamanes puedan extender licencias médicas, y que el año nuevo mapuche sea declarado feriado nacional, forman parte de un conjunto de propuestas que pretenden reconocer las prácticas cotidianas de los pueblos indígenas.
Aunque los integrantes de la Comisión Histórica de Verdad y Nuevo Trato incluyeron propuestas tradicionales, como la necesidad de reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas y que se aumente en un 40 por ciento el fondo de tierras, el texto también contiene sorpresivas medidas que favorecen la convivencia de las comunidades.
El denominado informe Rettig de los pueblos indígenas fue entregado ayer por el ex presidente Patricio Aylwin a Ricardo Lagos, quien se fijó como plazo 20 días para evaluar las recomendaciones y materializarlas en un cuerpo legal.
Las normas más anecdóticas que se incluyen en el texto están inspiradas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tratado que también fue propuesto para que sea ratificado. La OIT recomienda que "se reconozca y proteja por la legislación nacional las prácticas económicas, sociales, culturales, religiosas y espirituales de los pueblos indígenas".
Así, en el ámbito sanitario se plantea que las licencias médicas ser extendidas a partir del diagnóstico que hagan »especialistas» de las distintas etnias. Con esto una machi, por ejemplo, podría otorgar un permiso. Recurrir a las curaciones de tipo étnico es una actividad popularizada, especialmente, por mapuches en regiones del sur y también en la Región Metropolitana. Incluso, en Santiago el ministerio de Salud ha lanzado planes de atención ‘interculturales’ en La Pintana y La Florida -de gran población mapuche- para que el enfermo pueda tener alternativas para tratar sus males. De licencias médicas, nunca se había hablado hasta ahora.
También se propone adecuar el funcionamiento interno de los consultorios, a fin de que se integren más activamente los procedimientos tradicionales de machis y yatiris o chamanes aymaras.
La Comisión planteó que se "reconozcan las ceremonias religiosas en general y permitir el uso restrictivo, para fines ceremoniales, de algunas especies cuyo porte está prohibido por la legislación". Se trata de drogas calificadas de "inocuas" internacionalmente, como la hoja de coca. Esta práctica es especialmente usada en comunidades aymaras, quienes la utilizan en rituales, por ejemplo, de agradecimiento a los espíritus.
En este mismo ámbito, se propone que se reconozcan ritos funerarios "aceptando velatorios y entierros en los plazos establecidos por la creencia indígena", actividades que pueden llevar varios días, dependiendo de la etnia.
Se propone, además, el reconocimiento de cementerios indígenas y otorgar "validez jurídica" a los ritos matrimoniales propios de los pueblos.
En el ámbito de los negocios, se recomienda "reconocer las prácticas comerciales de intercambio propias de los pueblos indígenas y que se desarrollan en ferias y mercados, liberándolas del pago de impuestos". Así, legalizaría el trueque de productos, animales o plantas.
El plus de la lengua
La discriminación positiva -favorecer a grupos históricamente marginados- es uno de los puntos más relevantes incorporó la Comisión en su informe.
Se propone que "en la postulación a cargos públicos se entregue un puntaje adicional a quienes dominen alguna lengua indígena". Tal medida debiera promoverse en particular en zonas con "alta tasa de población indígena", como Temuco, Hanga Roa, San Pedro de Atacama o la futura comuna Ralco, en el Alto Biobío.
Otro ejemplo de la "discriminación positiva" es el favorecimiento en concursos y fondos estatales a aquellos "grupos indígenas que deseen participar de la ejecución de políticas públicas en sus comunidades". Según la Comisión, esto se puede lograr mediante la entrega de un "puntaje adicional" a ellos en los procesos de postulación. Entre los organismos que podrían aplicar esta medida están el Fosis, INDAP y Servicio País, a los que se considera "candidatos naturales".
El informe propone también que las firmas que operan en comunidades indígenas contraten a empresas indígenas de la comunidad. Se explica que esto es "especialmente relevante en le sector forestal, que subcontrata buena parte de sus necesidades de servicios con empresas externas".
El texto exhorta a "capacitar" sobre la realidad indígena a funcionarios públicos y privados que se desempeñan en localidades de alta población originaria. "Esto ayuda a disminuir la brecha cultural y da mayor pertinencia a la ejecución de programas", explica el informe.
Mapudungun, we tripantu y rukas
Si el Presidente Lagos acogiera las recomendaciones de la Comisión, en un tiempo más Chile contaría con señalética pública bilingüe. El objetivo es insertar en la sociedad las lenguas originarias.
Esta medida podría ampliarse a las informaciones que entregan los servicios públicos, sistema que ya ha aplicado el Mideplán, órgano encargado de la coordinación de políticas en la materia.
Con esto, no sería extraño que en la puerta de una jefe de servicio de alguna repartición pública figurara la palabra lonco, o que en una señal carretera se consigne kuy- kuy, en vez de puente.
Las publicaciones de los llamados a licitación, concursos y otras convocatorias, debieran traducirse a las lenguas correspondientes en las distintas zonas. La Comisión plantea, incluso, que el rapa nui sea declarado idioma oficial de isla de Pascua.
Por la importancia en el ciclo de vida de la cultura mapuche, se propone que se declare feriado nacional las festividades como el we tripantu o año nuevo que se celebra en junio.
En materia habitacional, se insta a que el Gobierno promueva la construcción de viviendas indígenas que "respeten los patrones arquitectónicos y socio culturales", como es el caso de la Región Metropolitana, donde existen proyectos en esa materia por parte de la agrupación de indígenas urbanos.
Reparaciones
Entre las recomendaciones especificas que se plantean está crear una Corporación de Reparación, como parte de una política pública de indemnizar a los pueblos en casos que existan errores de procedimiento. Esta entidad debiera estudiar qué predios serían redestinados a comunidades por la vía de la expropiación.
La Corporación de Reparación debería tener un pronóstico de la situación de las tierras en un plazo de tres años y estaría integrada por ex ministros de la Corte Suprema, ex miembros del Consejo de Defensa del Estado y rectores de universidades, entre otros.
También se revela la necesidad de crear un Instituto de investigación y promoción de los pueblos indígenas, que dependería del ministerio de la Cultura. Este organismo poseería sub entidades encargadas de cada etnia y tendría como una de sus misiones principales el promover la reforma al sistema educacional en la enseñanza de la historia.
En otra área, se profundizará en la educación autogestionada de los pueblos y se otorgarán franquicias tributarias a donantes, con el objetivo de permitir la fundación de colegios propios de las etnias. También, se debiera fomentar la subvención del Estado para alentar a sostenedores colectivos que pertenezcan a estos pueblos.
Una de las formas en que se promoverá esta iniciativa es que la Ley Valdés -de donaciones culturales-, favorezca a las empresas que se interesen por invertir en proyectos de desarrollo para alguna etnia.
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