El exhorto señala que el general belga, Jacques Lefebvre, junto al »dispositivo chileno», fueron los organizadores principales de la transferencia de 15 millones de dólares en »comisiones». Es decir, los operadores en Chile, no sólo habrían recibido dinero, sino también ayudaron a blanquearlo a través de cuentas en el exterior.
El 8 de marzo de 1995, el general del aire Jacques Lefebvre, gerente general de la empresa Europavía -encargada de la promoción de material bélico aéreo-, se suicidó luego que la justicia belga allanara su departamento y oficinas.
«Tras las pesquisas a Europavia del 3 de marzo de 1995, los documentos relativos a Chile han sido encontrados. Estos son confidenciales. Su divulgación en los medios sería catastrófica ya que descubriría la red local y nuestros agentes estarían en dificultades», fueron las elocuentes palabras de su carta de muerte.
De esa incautación de documentos aparecerán diversas pistas que poco a poco irán develando los vínculos chilenos en esta transacción, como también información sobre la recepción de comisiones de este lado del Atlántico. También se hará evidente que la venta no se hizo, como se ha sostenido en Chile, de Gobierno a Gobierno.
De hecho, el exhorto en su foja 45 establece claramente que el Gobierno belga vendió material militar de alto valor tecnológico «y de valor económico elevado a una empresa privada, mientras que su opción preferencial estaba por hacerlo directamente con otro mercado».
Fue así que los ingresos previstos por el Tesoro público belga, fijados al principio en 109 millones de dólares, fueron disminuyendo luego de varios descuentos, algunos de los cuales se transformaron directamente en «comisiones» a los operadores.
Por ejemplo, 3,5 millones de dólares de la parte que le correspondía a Bélgica fueron pagados como comisión a Sabca. Sin embargo, el juez belga Daniel Fransen ha establecido que el contrato no contemplaba ese pago. Luego, se descontaron 1,8 millones de dólares adicionales por el pago de una prima del OND, «mientras que Bélgica, siendo su propio asegurador, no apela a este organismo», aclara el exhorto.
También se gastaron 1.7 millones de dólares en la mantención de los aviones durante la ejecución del contrato; 1,6 millones de dólares por un descuento acordado con el comprador; y 8 millones de dólares por diferentes reducciones que, según la justicia belga, «la investigación aún tiene que determinar».
Fue así que, de los 70 millones de dólares que debió recibir el Estado de Bélgica por esta venta, sólo percibió 55.
¿Y los quince restantes?
Pues bien, el magistrado ha logrado acreditar que el general Lefebvre disponía, como se dijo en el artículo anterior, a través de Europavía -de la cual era su gerente general-, de una cuenta bancaria oculta en la Unión de Banques Suisses (UBS) en Lausanne, cuyo análisis detallado reveló que fue mantenida activa con importantes transferencias de dinero desde principios de los ochenta. De esa cuenta salieron, por ejemplo, los 123 mil euros que terminaron en una cuenta privada de Lefebvre por lograr la venta a Chile, sospecha el magistrado.
El general Lefebvre, con la ayuda del «dispositivo chileno» -señala el exhorto- fue el organizador principal de la operación de transferencia de los 15 millones de dólares de comisiones desde SABCA, a través de la cuenta bancaria de Europavía. Esta es una de las afirmaciones judiciales más importantes del exhorto enviado por ese país europeo.
Los operadores en Chile, no sólo habrían recibido los dineros sino que también habrían ayudado a construir la red de cuentas bancarias en el exterior que sirvió para «esconder» a los destinatarios finales de los pagos.
Cuando el magistrado analizó las piezas del expedientes, roladas 94.001 y vuelta, como también otros encargos rogatorios internacionales, determinó que el pago de «comisiones estaba subordinado al pago del Gobierno chileno de cada lote (ítem) del material Mirage suministrado y calculado proporcionalmente al importe de cada ítem». En otras palabras, el Estado chileno, sin saberlo, o quizás con cierto conocimiento -es algo que deberá establecer en su momento la Justicia- ayudó a pagar estos dineros y, por lo tanto, colaboró en «aceitar» un engranaje de coimas a los intermediarios chilenos que participaron en la operación financiera.
De los 15 millones de dólares, 550 mil fueron repartidos en partes iguales entre Europavía y la OGA; los otros 14 millones 450 mil dólares fueron a parar a la cuenta de Berthier Investment, a cargo Carlos Honzik, comerciante de armas checo radicado en Chile desde los años sesenta, hoy fallecido.
Las series sucesivas de pagos se hicieron entre diciembre de 1994 y enero de 1997 a la cuenta N° 9741 de Berthier Investment INC del Clariden Bank de Zurich, Suiza.
El 19 de octubre de 1998 la justicia belga, a través de una rogatoria a Suiza, acreditó que parte del dinero de la mencionada cuenta, «de los ítemes 14 y 38 del material vendido a Chile, por un valor de 1 millón 200 mil dólares, fue repartida y orientada en enero de 1995».
Los beneficiaros de esa particular operación fueron: el propio general Lefebvre; Francois de Smet d’Olbecke ( que aparecía como representante de Sabca en Chile), a través de la cuenta N° 43617 del Banco de Luxemburgo; y Bernard Carayon, con pago a la cuenta N° 82600 EF, de la Société de Banques Suisses.
Sin embargo, la mayor parte de las comisiones fueron a parar a una sociedad cuyos dueños aún no han sido identificados, llamada Intercountry Holdings, cuenta N°116154103 del Banco Espirito Santo de Miami. También a dos sub-cuentas de Berthier Investment, llamadas «Solane y Rosa«.
La magistrada (s) del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Sandra Rojas, ha realizado hasta ahora casi todas las diligencias solicitadas por el juez belga Daniel Fransen, autorizadas por la Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema.
Faltan aún los resultados del viaje a Inglaterra de dos detectives del Departamento Quinto de Investigaciones, donde estarían interrogando al yerno del senador Vega, Bernardus Van Meer. La próxima semana debe también regresar a Chile la abogada del CDE, Blanca Alarcón. Viajó a Bruselas para obtener de la justicia belga antecedentes adicionales que contiene el expediente llamado «Dossier Augusta«.
Asimismo, el senador designado Ramón Vega debe responder el listado de preguntas enviadas por la jueza Rojas, acerca de su participación en la compra de armas y de su conocimiento del pago de comisiones.
Vega partiría con un fuerte punto en contra. Según revelaciones de Francois de Smet d’Olbecke en el proceso, el yerno del senador, Bernardus Van Meer, fue el principal lobbista y animador de la operación.
Aún no está claro qué hará la magistrada ni el CDE. La posibilidad de realizar careos no está explicitada claramente en la autorización dada por la Suprema al exhorto belga. En todo caso, no se descarta que los antecedentes recopilados permitan abrir un proceso en Chile.
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