Un pacifista arrestado ocho meses después de enviar un e-mail a la embajada de EEUU en Auckland, el caso de un refugiado político argelino que lleva diez meses en la cárcel y la violación de correspondencia sin necesidad de autorización judicial desencadenan preocupación en el país de los kiwis y la vieja cultura mahorí.
Organizaciones neocelandesas por los Derechos Humanos, del movimiento pacifista y diversos grupos autogestionarios se muestran preocupados por los términos de la convivencia civil en Nueva Zelandia ante el endurecimiento de la política de seguridad y antiterrorismo puesta en marcha por las autoridades de gobierno.
Uno de los motivos de esta preocupación lo brinda la detención de Bruce Hubbar, pacifista que envió en marzo pasado un e-mail a la embajada estadaounidense en Nueva Zelandia. En él, sin proferir amenazas, recordó parte de la historia de las intervenciones militares de Estados Unidos en diversas partes del mundo. Según la revista Voces del Sur, el activista escribió, por ejemplo, "ustedes han bombardeado con NAPALM más de 74 países, matando niños, ancianos e inocentes…". Hubbar, además, citó en su mensaje una frase de Nelson Mandela: «Cuando el gobierno se torna injusto la resistencia es un deber».
Recibido el correo electrónico, un personero de la embajada -que permanece en el anonimato- presentó un reclamo formal a la policía. Lo que sorprende a la opinión pública neocelandesa, sostiene el colectivo Voces del Sur, es que la detención del activista antiguerra no se llevó a cabo sino ocho meses después de enviado el e-mail y -más extraño aún- casi dos semanas luego de que, "secretamente y sin discusión", el Parlamento neocelandés, en manos laboristas gracias a una coalición con el Partido Verde, aprobara una ley antiterrorista.
Hubbard fue acusado por mal uso de línea telefónica, delito que, bajo la nueva ley de seguridad, puede merecer una pena de hasta un año de reclusión.
El caso del refugiado argelino
Aumentan la preocupación y el alerta en los círculos de Derechos Humanos, el hecho de que las nuevas disposiciones en defensa de la seguridad nacional permitan la detención sin mayor trámite -mientras se investiga su eventual peligrosidad- de los solicitantes a refugio por razones políticas. Se cita el caso de Mohammed Zaoui, ex ministro argelino, cuya petición de refugio fue aceptada, no obstante lo cual se lo recluyó hace 10 meses en una cárcel de alta seguridad por el hecho de haber ingresado al país con documentos de identidad falsos.
Zauoi, sobreviviente de varios atentados, se declara perseguido por los servicios de inteligencia argelinos. La interpretación de los activistas de Derechos Humanos es que el Gobierno neocelandés utiliza el caso Zauoi para demostrar que, si bien públicamente se opuso a la guerra unilateral de los EEUU contra Irak, en los hechos cumple con las demandas de la Casa Blanca.
La política de seguridad impulsada por la administración de Nueva Zelandia -sostienen los activistas en pro de los derechos humanos- sólo extiende una doctrina formulada antes del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, en setiembre de 2001, y debe inscribirse en la aceptación gubernamental de los términos bajo los que tiene lugar el proceso de mundialización de la economía tanto como en la necesidad de preservar para sus productos el mercado estadounidense.
En todo caso la virtual autorización para violar la información electrónica personal, la vigilancia estrecha y el hostigamiento a los activistas de DDHH, la legitimación de la violación de domicilio sin autorización judicial y las actas secretas que prohíben informar sobre determinados casos comienza a deteriorar en el plano interno la imagen del gobierno neocelandés, aunque, desde luego, de ello es difícil inferir que Nueva Zelandia pueda estar entrando en un camino impredecible.
