La existencia de planteles que, por estatutos o persecución, impiden formar centros de alumnos o agrupaciones mayúsculas es un problema que el ministerio enfrentará estos días. Mientras esperan el destino de un proyecto de Ley, conversarán con esas casas de estudio, cuyas autoridades están mayoritariamente ligadas al régimen militar. Luego, irán a la Justicia.
Temores a encendidas protestas por el pase escolar, por el crédito o para exigir que una autoridad renuncie, llevan a que algunos planteles de educación superior privados mantengan un rechazo firme a la formación de centros de alumnos o federaciones. Existen estudiantes que han demandado históricamente que se les respete el derecho, pero hasta ahora ninguna iniciativa ha llegado a buen puerto.
El ministerio de Educación ahora quiere intervenir, pero de una forma que evite la confrontación. La cartera está a la espera de saber qué ocurrirá con el proyecto de Ley de Acreditación Universitaria, que hoy martes se vota en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, pues esta iniciativa consagra el derecho a la libre organización de los estudiantes en uno de sus artículos.
Por ahora, el Mineduc dio su apoyo a alumnos de planteles privados y se comprometió a presentar recursos de protección ante los tribunales para que sean ellos los que obliguen a acatar el derecho constitucional de asociación a aquellas universidades que no lo permiten a sus estudiantes.
Aunque algunos planteles incluso incluyen restricciones explícitas en sus estatutos, la mayoría sólo hostiga a quienes intentan formar organizaciones. Así lo hizo ver el presidente de la federación de estudiantes de la Universidad Diego Portales, Nicolás Pavez, uno de quienes lideran la iniciativa por la parte de los alumnos. "Se persigue a los jóvenes que quieren agruparse, lo que atenta contra los derechos constitucionales".
En el ánimo de evitar el conflicto, el Mineduc anunció también que en estos días se iniciarán contactos con las universidades donde se presenta el problema, cuyos nombres llegaron a la cartera a raíz de presentaciones que hicieron los propios estudiantes. Así, se les enviarán cartas invitándolos a aceptar las agrupaciones y también se conversará con las autoridades de los planteles. Luego podrán venir los recursos judiciales. Según el dirigente de la UDP, si la cartera se desliga de esta promesa, interpondrán por su cuenta las acciones de protección ante la Justicia
El jefe del departamento de Asuntos Estudiantiles del ministerio de Educación, Cristián Torres, explicó que este derecho de los estudiantes está contemplado en el proyecto de acreditación universitaria con el fin de "crear un movimiento estudiantil fuerte".
El personero hizo ver el interés del Gobierno por que este articulado se apruebe. "Éste consagra el derecho a la libre organización, pero por ahora informaremos a los planteles, a través de cartas y de conversaciones directas con sus autoridades, que se deben plegar al mandato legal que establece que, como organizaciones sin fines de lucro, se tiene que cumplir esta norma".
Torres explicó que en este problema el Mineduc no tiene facultades fiscalizadoras. Por ello, esperan que las demandas de los estudiantes "se arreglen pacíficamente". De no prosperar esta instancia, "ellas se harán valer por la vía judicial".
El jefe de Asuntos Estudiantiles informó que la cartera ha detectado situaciones de este tipo no sólo en universidades, sino también en institutos profesionales y centros de formación técnica. El caso de estas instituciones es distinto en lo que se refiere a los motivos más visibles de la necesidad de agrupación, pues "los alumnos están menor tiempo estudiando y muchas veces lo hacen de noche, por lo que las necesidades son distintas".
Los casos
La mayor parte de las universidades que restringen el derecho a la libre asociación poseen autoridades que están ligadas al gobierno de Pinochet.
Fue la universidad de Las Américas la que puso la luz de alerta en la cartera de Sergio Bitar. Este plantel posee un reglamento que, explícitamente, no permite la formación de agrupaciones con tendencia política. En su artículo 107 del texto "Normas disciplinarias" se consigna que los alumnos quedan "inhabilitados para desarrollar actividades orientadas a propagar, directa o indirectamente, tendencia político-partidista alguna". Con esto, agrupaciones que permitan reclamar derechos quedan prohibidas.
Una estudiante de primer año de periodismo de la universidad mencionada graficó el malestar de los futuros profesionales: "No hemos estado de acuerdo con determinaciones de la universidad, como que se tengan más de 60 alumnos por clase. Ante nuestra protesta, el departamento de Asuntos Estudiantiles no hizo nada y nos advirtieron no podíamos manifestarnos contra el reglamento impuesto por la autoridad. Dijeron que si a alguien no le gustaba la situación, podía cambiarse".
La universidad Gabriela Mistral también ha dictado cátedra en esta materia. Aunque en sus estatutos no tienen la ordenanza explícita de no crear agrupaciones de alumnos, en alguna época se le hizo ver el tema a las autoridades pero éstas se negaron afirmando que las demandas del alumnado se podían canalizar ante las propios directivos de las carreras. Además, se les planteó veladamente que esto era una manifestación política que iba contra la línea de la casa de estudios. Es claro que la Mistral no promueve la organización de los estudiantes pero, paradójicamente, posee una asociación de ingenieros comerciales que es respaldada ampliamente por sus autoridades.
En la universidad del Pacífico tampoco existe centro de alumnos ni federación. Son dos los motivos: "no hay interés del alumnado" y "no está establecido en los estatutos internos". Aquí también se da un contrasentido, pues si bien el plantel rechaza estas organizaciones, promueve una que se llama "ex del Pacífico", que es una agrupación de ex estudiantes, algo bastante más inofensivo.
En la universidad Andrés Bello también se han tenido problemas. El alumno César Uribe fue sancionado con una amonestación escrita y pasado a una especie de tribunal de disciplina por organizar un acto en Avenida República cuyo fin era promover la creación de una federación. Uribe tuvo un singular juez censor: Javier Leturia, un profesor UDI y ex presidente gremialista (el año 1973) de la Federación de Estudiantes de la universidad Católica.
En el departamento de Asuntos Estudiantiles dicen no conocer el caso. Aseguran que tienen una buena relación con los alumnos. "Una federación no ha sido necesaria, por eso no se ha formado", dijo una funcionaria de esa unidad.
Otro de los planteles conocidos por no permitir a los estudiantes fundar centros de alumnos es la universidad Bernardo O’Higgins, cuyo patrono es Augusto Pinochet Ugarte. Funcionarios del plantel explican que para orientar las demandas se creó una dirección de Asuntos Estudiantiles. Sin embrago, entre los alumnos es conocido que los matriculados no pueden formar agrupaciones de ningún tipo, menos con algún sesgo político. Aquí, los profesionales egresados también tienen su propia asociación, apoyada incluso por la junta directiva de la universidad.
Un ex alumno de periodismo explicó que en 1998 la escuela realizó un sondeo que, se dijo, era anónimo. El objetivo era conocer las inquietudes del estudiantado, pero la letra de los encuestados fue "decodificada" por el director de la carrera de la época. Quienes criticaron el accionar de la universidad fueron reprendidos públicamente.
Algunos planteles de educación superior llegan, incluso, a sostener que las inquietudes de los alumnos pueden ser perfectamente canalizadas a través de pastorales o entidades de tipo deportivo.
Esa fue la explicación que este medio recibió por parte del coordinador de Asuntos Estudiantiles de la universidad de Los Andes, Francisco Lavín, quien sostuvo también que "no hay ningún tipo de prohibición a la formación de asociaciones de alumnos" y que en esa casa de estudios no existe federación "porque no queremos monopolizar el tema en una sola entidad".
Lavín dijo que en carreras como medicina e ingeniería existe "un movimiento estudiantil muy fuerte". Sin embargo, en la asociación de ex alumnos (la universidad de Los Andes también tiene la suya) aseguran que no hay agrupaciones establecidas y que las inquietudes se canalizan directamente a través de la dirección de Asuntos Estudiantiles.
La universidad Mayor sí posee centros de alumnos en todas las carreras, pero la creación de una federación "está en análisis" por parte de las autoridades y la dirección de Asuntos Estudiantiles respectiva.
El presidente del centro de alumnos de medicina veterinaria, Sebastián Atenas, reconoció que la información entre las autoridades y estudiantes es fluida. Sin embargo, sostuvo que "aún no se está conversando si se crea una federación". A su juicio, a la universidad "le da miedo el nombre federación y no quiere que los temas se politicen".
Atenas aclaró que el espíritu de los centros de alumnos que existen en su universidad y el de una eventual federación "no es hacer política". Pareciera que el temor de las autoridades se trasladó a los estudiantes de estos planteles disconformes con la asociatividad. "Queremos separar las cosas, pues nuestras demandas se relacionan con las necesidades de los jóvenes y no con temas políticos", concluyó el dirigente de veterinaria.
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