Gobierno repone discusión sobre cambios a estructura del Poder Judicial - El Mostrador

Domingo, 17 de diciembre de 2017 Actualizado a las 21:59

Supremos temen politización y

Gobierno repone discusión sobre cambios a estructura del Poder Judicial

por 9 diciembre, 2003

Aprovechando el debate por la autonomía financiera, el Ejecutivo pretende hacer extensiva su idea de que, para consolidar el Estado de Derecho, es necesario establecer ''pesos y contrapesos''. Ministros de la Corte Suprema, órgano que celebra hoy sus 180 años de vida, están molestos: sospechan que se intenta crear una instancia por sobre el máximo tribunal.

En el marco de las conversaciones por la autonomía que siguen pendientes luego que el Gobierno respondiera sólo algunas de las demandas de la Corte Suprema y dejara otras para ser debatidas en un panel, el ministerio de Justicia envió al máximo tribunal una propuesta de trabajo que contempla cambios en la estructura del Poder Judicial y enuncia la necesidad de generar "un sistema de pesos y contrapesos" en la magistratura.



En el documento no se precisa qué transformaciones se esperan lograr. Sin embargo, se habla de la creación de un "foro de análisis, que mediante el trabajo de comisiones y plenarios sea capaz de revisar la actual estructura", haciéndola "más transparente, responsable y moderna". Se dice que para ello es necesario "mirar las experiencias comparadas".



El texto, titulado "Propuestas de hoy y tareas del mañana", agrega, en su capítulo VI, que tales "pesos y contrapesos" son necesarios para hacer compatibles las "funciones de casación, control constitucional y gobierno judicial" en un mismo órgano de poder.



La idea no fue conversada con la Corte Suprema y los ministros se enteraron de ella sólo una vez que el documento completo estuvo en sus manos, recién a mediados de noviembre. La propuesta ha generado confusión entre los miembros del máximo tribunal, pues ella no es lo suficientemente clara respecto a lo que se pretende lograr.



Algunos ministros, incluso, se han manifestado molestos con el Ministerio de Justicia, disgusto que se suma al expresado por varios magistrados debido a que, dicen, la respuesta de la cartera de Luis Bates a la propuesta de autonomía de la Corte Suprema no fue todo lo que ellos esperaban y, habían percibido, el Gobierno estaría dispuesto.



En las últimas semanas, las relaciones entre ambos poderes del Estado se han tornado complejas por esta situación, pero aún no se ha verificado un pronunciamiento formal.



Sólo un hecho ocurrido hace pocos días indicó que no todo estaba bien, y fue que el presidente de la Corte Suprema, Mario Garrido Montt, y otros ministros del máximo tribunal se restaron de acompañar a Luis Bates al Senado para exponer sobre los logros y debilidades de la Reforma Procesal Penal. La misión fue encargada al magistrado de la Sala Penal de la Suprema, Milton Juica.



Ente por sobre la Suprema



Desde la primera mitad de la década de los 90 que el tema de la estructura del Poder Judicial no se ponía en la agenda. En aquellos años se había planteado la posibilidad de crear un organismo similar a los consejos de la Magistratura que operan en países como España, Costa Rica, Colombia y Venezuela, lo que encontró el rechazo de la Corte Suprema. La idea finalmente se desechó.



Debido a esa antigua iniciativa y a la referencia de "mirar las experiencias comparadas" que se hace en lo que también podría ser llamado la contrapropuesta del Gobierno, varios de los ministros del máximo tribunal consideran que la idea del Ejecutivo es reponer el debate de crear un órgano nuevo que estaría por sobre la Corte Suprema.



Aunque la invitación del Ejecutivo aún no ha sido analizada por el Pleno del máximo tribunal, la sola noticia de que se intentaría poner en discusión la estructura del Poder Judicial causó preocupación entre los altos magistrados, quienes incluso han llegado a temer que el gobierno trataría de reconsiderar la idea del Consejo de la Magistratura.



"En su propuesta, el ministerio puso como temas para la discusión cosas que nunca se consideraron previamente. Aquí, y como ha ocurrido en otros países, se está tratando de politizar el Poder Judicial, ya sea con el Consejo de la Magistratura, con la creación de alguna instancia de gobierno judicial diferente a la Corte Suprema o la transformación de lo que existe actualmente. Esto es preocupante", dijo un alto magistrado a este medio.



Sumarse o restarse



En el ministerio de Justicia se concede que tal vez la creación de un Consejo de la Magistratura no sea la fórmula más adecuada, pero se reitera que sí será necesario discutir sobre nuevos mecanismos para establecer el mencionado contrapeso, tal como lo tiene el Parlamento o el Poder Ejecutivo, con miras a una justicia más moderna y democrática.



Una de las cosas que más preocupa a algunos ministros de la Corte Suprema es cómo plantear una negativa a la propuesta, teniendo en cuenta que fue el mismo máximo tribunal el que inició el debate para modernizar aspectos institucionales de la Justicia, con las demandas de autonomía económica.



Es por esto que muchos están molestos con el Gobierno: perciben que éste aprovechó la oportunidad para reponer una discusión que hacía tiempo estaba zanjada. De hecho, la cartera de Luis Bates incorporó el tema como uno de los que debieran ser tratados en el foro de análisis que se creará para discutir las demandas por la autonomía del Poder Judicial que hiciera a mediados de año la Suprema y que, hasta ahora, no han sido acogidas por el Ejecutivo, a la espera de la conversación que se dará en esa instancia.



Así, los supremos ven que el ministerio de Justicia podría utilizar esas demandas para presionar en la instalación del debate, conclusión a la que llegan al leer ciertas frases de la propuesta, como por ejemplo: "los jueces deberían ser aliados naturales y esenciales en esta magna tarea" o "los cambios a la Justicia requieren de mayores esfuerzos internos del Poder Judicial". Algunos magistrados temen, incluso, quedar excluidos de la discusión si no manifiestan apertura a tratar el tema.



El foro de discusión estaría integrado, según la propuesta del Gobierno, por abogados, jueces, ministros de Corte y académicos de diversas disciplinas. También, podría incluir a políticos. La idea es que en un plazo de ocho meses, corriendo a partir del minuto en que comience a funcionar el foro, se den las respuestas necesarias.





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