«El tema de fondo es que nosotros entendemos las prevenciones de los medios, así como entendemos la voluntad que ha expresado el Parlamento. Y la tarea nuestra es buscar en las instancias parlamentarias los mecanismos de perfeccionamiento», dijo el ministro secretario general de Gobierno, Francisco Vidal.
Dos pronunciamientos en torno a la libertad de prensa realizó ayer el Gobierno, luego de permanecer por semanas prácticamente impávido frente a las acciones judiciales que recaían sobre Chilevisión y la discusión que se llevaba en la Cámara de Diputados respecto del proyecto de Ley sobre protección civil del honor y la intimidad de las personas, que terminó con su aprobación por 84 votos a favor y una abstención.
En el proyecto son consideradas como intromisiones ilegítimas el emplazamiento y la utilización de aparatos de escucha, filmación, dispositivos ópticos o cualquier medio que capte, intercepte y grabe conversaciones y comunicaciones de carácter privado; y la divulgación de hechos relativos a la vida privada.
La respuesta del Ejecutivo a estos temas coincidió con dos hechos: el profundo rechazo de los medios de comunicación a la iniciativa aprobada por la Cámara y el sometimiento a proceso de la plana ejecutiva de Chilevisión, entre ellos del director de prensa de la estación, Alejandro Guiller, cercano al Presidente Lagos.
De hecho fue el mismo Mandatario quien lamentó la detención de Guiller: "creo que todo el país tiene un gran respeto por los periodistas, por Alejandro Guillier. Esperemos que esto pueda tener una solución adecuada pronto, pero a mí no me corresponde pronunciarme, como ustedes comprenden, sobre la decisión de los tribunales".
Agregó que "tenemos que ser capaces como país de construir una sociedad que respete dos principios: el derecho inalienable de los periodistas a informar y el derecho de la Justicia a hacer justicia».
Ley mordaza
La segunda intervención del día le correspondió al ministro secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, respecto del proyecto de Ley sobre protección civil del honor y la intimidad de las personas, bautizado como la ley mordaza.
El ministro reconoció que este proyecto puede constituir una restricción al "legítimo bien superior de informar y ser informado", por lo que impulsará cambios tendientes a permitir un ejercicio libre del periodismo en su trámite en el Senado.
«Creo que hay algunos artículos del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados que generan un cierto desequilibrio, que podrían afectar en algunas partes el legítimo bien superior de informar y ser informado", dijo Vidal. Sin embargo, a juicio del Gobierno, el proyecto aprobado implica situar a Chile en un plano privilegiado dentro de las sociedades modernas en lo que respecta a la libertad de prensa.
«El tema de fondo es que nosotros entendemos las prevenciones de los medios, así como entendemos la voluntad que ha expresado el Parlamento. Y la tarea nuestra es buscar en las instancias parlamentarias los mecanismos de perfeccionamiento», dijo Vidal.
Cambios en el Senado
El Presidente Lagos aseguró que «lo que nosotros mandamos es un proyecto un poco diferente y nos gustaría que se volviera al espíritu original del proyecto del Ejecutivo».
Esto porque el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados no recogió finalmente la indicación sustitutiva enviada desde el Ejecutivo, que pretendía una ley que entregara más prerrogativas a la prensa.
En ella se concedían acciones reparatorias a quienes sean objeto de intromisiones ilegítimas en el ámbito de su vida privada, aunque se establecían excepciones claramente definidas cuando se trata de informaciones en las que exista un interés público real comprometido.
Cuando el Gobierno envió la iniciativa, Vidal dijo que debido a que esta situación no está regulada desde el punto de vista de la demanda civil, «nos pareció muy relevante la iniciativa parlamentaria en términos de hacer una separación: proteger más al ciudadano común y corriente», y de igual al hombre o mujer pública, pero sólo en situaciones de excepción.
Tras lo resuelto por la Cámara el martes, el mismo Vidal, dijo que la idea del Ejecutivo es «que la balanza no se incline ni a una sobreprotección, ni a una subprotección. Creo que hay algunos artículos del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados que generan un cierto desequilibrio, que podría afectar en algunas partes el legítimo bien superior de informar y ser informado".
Ayer, la Federación de Medios de Comunicación, se sumó al debate al calificar como una "grave amenaza a la libertad de expresión" la aprobación en primera instancia que le dio la Cámara al proyecto.
La directiva nacional del Colegio de Periodistas consideró que la aprobación de normas como las contenidas en ese proyecto, que crean nuevas figuras delictivas con fuertes sanciones pecuniarias, inhiben la búsqueda de información e impiden principalmente ejercer la labor de fiscalización respecto de los actos de las de las autoridades, implícita en la labor periodística. Además, pone en duda la intencionalidad de las disposiciones.
Señaló que a este proyecto verdaderamente «liberticida», durante la tramitación en el Senado, se le puedan introducir indicaciones que no pongan en riesgo los avances logrados con la promulgación de la Ley de Prensa y se le asegure a todos los chilenos el pleno goce del derecho a la información.
La discusión en la Cámara
Entre los mismos diputados hay un cierto consenso en que el proyecto aprobado no es bueno y que el Senado deberá mejorarlo. El argumento para su aprobación, entre los parlamentarios, fue que si se rechazaba, el proyecto debería esperar un año más para volver a ser votado.
El Gobierno, en tanto, reconoció que perdió por paliza y que deberá hacer todos los esfuerzos para revertir la situación en el Senado.
El proyecto, que comenzó a ser discutido el año 2000, pretendía delimitar el ámbito de la protección civil del honor y de la intimidad.
El proyecto original constaba de 16 artículos. En su artículo noveno, quedaba explícito que "no se consideran intromisiones ilegítimas, las actuaciones realizadas o acordadas por la autoridad judicial competente de acuerdo con la ley como tampoco aquellas actuaciones en que predominen intereses de carácter histórico, científico, cultural, político o social".
Sin embargo, en la discusión en la comisión éste fue suprimido. Es este el punto en conflicto, pues se elimina para la prensa la posibilidad de publicar aspectos de la vida privada de personajes públicos que puedan tener un interés social. Bajo esta premisa, por ejemplo, Chilevisión nunca pudo haber denunciado que el juez Clavo asistía a un sauna gay, aunque no hubiera exhibido las grabaciones.
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