El proyecto de autonomía funcional y económica elaborado por el Ejecutivo sufrió un revés luego del unánime rechazo expresado por el pleno de ministros del máximo tribunal. El muro levantado por los jueces postergará la concreción de los objetivos de ambos poderes del Estado en la búsqueda de una justicia más moderna.
A pesar de que el Gobierno restó «dramatismo» a la respuesta entregada por la Corte Suprema respecto a la iniciativa de modernización de la independencia del Poder Judicial, lo cierto es que el ministerio de Justicia, conducido por Luis Bates, recibió un golpe casi esperado.
Las palabras redactadas el pasado viernes 12 fueron vistas en la secretaría de Estado como un claro "téngase presente" sobre cómo será abordado el tema en el máximo tribunal si se sigue condicionando la autonomía económica de la judicatura a proyectos que, a juicio de los ministros, significan más intromisiones a la independencia judicial que soluciones propiamente tales.
Para los altos magistrados, el foro de análisis que el Gobierno busca inaugurar para dar forma a una política pública judicial, es "inaceptable" y suena como un desconocimiento de la capacidad de los jueces para abordar un asunto de tal importancia, toda vez que los proyectos de Ley deben ser encauzados a través de las instancias legislativas que están establecidas para ello.
Aunque Bates desestimó tales pretensiones por parte del Gobierno e insistió en que se trata de materias que fueron tratadas con los miembros de la Suprema, el pleno de ministros entendió la idea como una intromisión.
El presidente (s) del máximo tribunal, Hernán Álvarez, dijo que los jueces no están dispuestos a "dialogar con extraños" asuntos de exclusiva competencia del Poder Judicial. Para los ministros, el tratamiento de estos temas se hace en forma directa con el Ejecutivo y el Congreso. Fue ese el punto que activó la molestia de fondo expresada por los jueces, pero al mismo tiempo un certero mecanismo que les permitirá negociar con el Gobierno, aunque claro, ya no en el corto plazo.
Pese a esta dura pero caballerosa señal de la Suprema, el Gobierno confía en que podrá sacar adelante su proyecto sobre autonomía financiera y quizá por ello es que no hizo mayor alarma de esta respuesta en do mayor.
En concreto, el Ejecutivo, a través del ministerio de Justicia, continuará con su proceso de conversaciones y para ello podría sacar partido a los puntos que ya han sido concordados con el Poder Judicial, entre ellos, la ampliación de facultades para el aumento de salas de verano, creación de direcciones, transformación de fiscales judiciales en ministros de Corte, y tribunales mixtos mediante la modificación del artículo 46° del Código Orgánico de Tribunales.
Bates negó que el proyecto del Gobierno intente menoscabar la independencia del Poder Judicial y aseguró que se trata de un asunto que desde siempre fue planteado como un "tema a discutir a largo plazo, en una segunda etapa de las conversaciones". Aseguró que cuando el Ejecutivo propuso el foro de análisis, se pensó en una instancia que sería integrada por representantes idóneos designados por consenso y en el afán de otorgarle un carácter más amplio a la discusión sobre la autonomía.
Sin embargo, al analizar la propuesta del Ejecutivo, los ministros hicieron una lectura diferente a la venia expresada durante las tratativas previas a la elaboración del documento del Gobierno, una etapa en la que, según el ministro Bates, el presidente de la Corte Suprema, Mario Garrido Montt, y otros ministros, habrían expresado su conformidad.
A poco andar de la discusión del tema de la autonomía, el Gobierno tomó la iniciativa y entregó sus propuestas legislativas de corto plazo sobre autonomía económica de la judicatura, a la que sumó aspectos sobre rol del Poder Judicial, separación de poderes, representatividad y legitimidad, y gobierno judicial, un planteamiento que tocó fuerte en las sensibilidades de los jueces. De allí la reacción y una negativa que para los supremos se tradujo en frustración y desaliento. En otras palabras, los ministros le hacían ver al Gobierno que la disposición para continuar conversando el tema había cambiado.
Pese a esta señal concreta, el ministro de Justicia aseguró que el proceso de discusión sobre autonomía económica y administrativa seguirá su curso normal, pues la respuesta de los ministros de la Suprema no reviste mayor dramatismo ni un desencuentro con el Poder Judicial. Aunque desestimó la idea de que en la reacción de la Suprema pesaron sensibilidades individuales respecto del planteamiento del Ejecutivo, el ministro Luis Bates dijo creer que el rechazo pudo estar ligado a una mayor expectativa de los jueces respecto de los cambios planteados para el corto plazo.
Para la Suprema, la discusión sobre autonomía requiere de un mayor plazo y en eso no hay discrepancias con el Gobierno. Pero en ese proceso, el Ejecutivo debe, necesariamente y a juicio de los altos magistrados, considerar las exigencias hechas por el máximo tribunal.
Por ello, la respuesta al planteamiento oficial del Ejecutivo sobre autonomía funcional y económica sufrió un "desaliento" que junto con postergar la concreción de los objetivos para una mejor y más moderna gestión de la administración de Justicia, dejó a los jueces en una inmejorable posición para negociar. Finalmente, todo se redujo a una cuestión de estrategias.
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