Aunque no es una disposición vía decreto, la Conama RM apuesta a que las irregularidades sean comunicadas a la ciudadanía, pues los procesos de sanción no intimidan a algunas empresas para cumplir disposiciones ambientales a que se comprometen.
Que las empresas no sólo se remitan a pagar en caso que causen daños al medio ambiente, sino que también reciban una sanción comunicacional, que tiene directo impacto en su imagen, es la determinación que tomó la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana (Conama RM) tras los problemas presentó la planta de tratamiento La Farfana de Aguas Andinas.
La inusual medida, que será implementada por el organismo en futuros proyectos, se suma a las multas pecuniarias que puede cursar la Comisión Regional del Medioambiente de la Región Metropolitana (Corema) y a los sumarios sanitarios del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente (Sesma) en caso que un proyecto no cumpla con las medidas ambientales.
El hecho que, aunque sean sancionadas, algunas empresas continúen incumpliendo los compromisos establecidos en la Resolución de Calificación Ambiental -debido a que esos costos están incorporados al funcionamiento de los proyectos-, motivó a que el director de la Conama RM, Pablo Badenier, anunciara se intensificará la información sobre qué compañías están o no cumpliendo la normativa.
Badenier explicó que la acción apunta a que las firmas son particularmente sensibles a cómo son percibidas por la opinión pública. Por lo tanto, la permanente difusión de los incumplimientos puede redundar en una actitud más cuidadosa de las empresas respecto al cuidado del medio ambiente.
El tema fue puesto en la agenda de la entidad debido a las irregularidades en la planta de tratamiento La Farfana, cuando el 11 de diciembre pasado los vecinos de Pudahuel denunciaron al existencia malos olores provenientes de los lodos de las aguas servidas que fueron mal tratados debido a una falla en el sistema de biodigestores.
Lo que irritó al Gobierno fue que Aguas Andinas no informara a tiempo y que presentara el informe oficial sobre la falla sólo este lunes, cinco días después que lo solicitó la autoridad.
El retraso en la entrega de una versión oficial por parte de la firma alentó a que Pablo Badenier diera a conocer públicamente los hechos y las fallas que había detectado el personal técnico del organismo cuando realizó las inspecciones. El director de la Conama RM explicó ayer que sólo tras los llamados telefónicos que efectuó a ejecutivos de la firma se entregaron antecedentes sobre el incidente.
El factor político
La idea que los incumplimientos sean publicitados por la autoridad afecta un preciado patrimonio de las firmas: la imagen. Ésta puede llegar a afectar la relación con los usuarios. A nivel comercial, el cuidado de ambiente es considerado también al momento de elegir un socio para invertir en el proyecto.
Uno de los ejemplos que refleja el impacto de dar a conocer los problemas detectados en un proyecto, es el del relleno sanitario Santa Marta. Aunque aún no estaba implantada esta nueva política, los recurrentes incumplimientos del consorcio, publicitados por el comité de seguimiento, derivaron en que, hace algunos meses, ciertas empresas recolectoras de basura dejaran de operar en el vertedero por una "cuestión de imagen", relatan altas fuentes del rubro.
La medida impulsada por Badenier contrasta con la política comunicacional seguida en la administración del ex director Cristián Aqueveque. Si bien el cambio se produjo por el problema suscitado en la planta de aguas servidas, éste también se puede explicar en el distinto perfil comunicacional de ambos profesionales.
Mientras Aqueveque era un técnico de bajo perfil, el actual director tiene un amplio manejo en los medios de comunicación, dada su experiencia política como activo militante DC y ex presidente de la Juventud de su partido.
Aunque esta herramienta de denuncia podría generar suspicacias en el empresariado pues se podría pensar que el objetivo es instalar discusiones en los medios de comunicación, los profesionales de la Conama regional también están de acuerdo con la nueva medida de sanción.
La necesidad de castigar públicamente a quienes no cumplan, también guarda relación con que la Conama RM, a diferencia del Sesma, no tiene facultades propias para fiscalizar, sino que convoca, en su calidad de coordinador de servicios como agricultura, obras públicas y transportes, a un comité de fiscalización de los proyectos.
El organismo, junto a otros servicios, fijó como meta para el año 2003 realizar 72 fiscalizaciones a proyectos aprobados ambientalmente, plan que se cumplió incluso superando la cifra estipulada.
Entre los principales incumplimientos de las empresas detectados en las visitas de los comités están la implementación de accesos viales y señalética, implementación de áreas verdes, materialización de sistemas de aguas lluvias y el control de impactos en el aire.
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